¿Qué restricciones se quedarán y cuáles no en Castilla y León tras el fin del Estado de Alarma?

Salvo sorpresa mayúscula el próximo 9 de mayo acabará el segundo Estado de Alarma de esta crisis sanitaria del Coronavirus. En vigor desde finales de octubre esta medida constitucional ha dado cobertura jurídica a más de medio año de duras restricciones en todos los rincones de España. Con su fin se abre un nuevo escenario jurídico aun con el virus presente lo que traerá más incertidumbre, por eso muchos se preguntan ¿Qué pasará en Castilla y León cuando acaba el Estado de Alarma?

Lo que es seguro es que el mismo día que acabe el Estado de Alarma tienen que desaparecer aquellas medidas limitantes de derechos fundamentales que se apliquen de forma general. Eso quiere decir que diremos adiós a los cierres perimetrales (el artículo 19 de la Constitución garantiza el derecho a circular por el territorio nacional) y al toque de queda, al límite de 6 o 4 personas en espacios públicos y privados (el artículo 21 reconoce el derecho a las reuniones sin autorización). El fin del estado de alarma también debería poner fin al límite de personas en los lugares de culto (artículo 16 libertad de culto).

Todo eso no significa que no vaya a haber restricciones a partir del 9 de mayo. De hecho, es bastante probable que este verano de 2021 sea más restrictivo que el de 2020. Para empezar por la mascarilla, que se quedará con nosotros en espacios públicos y privados cerrados y al aire libre durante meses. Al menos no llegará la situación estúpida de tener que llevarla cuando uno este solo en la playa o en el monte. Quedan meses para que España pueda hacerla como Israel y convertirla en opcional en la calle, algo que tal vez no veamos hasta 2022.

Con la caída del Estado de Alarma las nuevas medidas restrictivas quedarán en manos de las Comunidades Autónomas y deberán pasar antes por los Tribunales Superiores de Justicia de cada una de ellas para considerarse legales. El Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (donde se reúnen las comunidades con el Ministerio de Sanidad) podrá adoptar acuerdos que obliguen a todas las autonomías a tomar restricciones a partir de ciertos datos de incidencia u ocupación hospitalaria.

Estas medias vendrían sobre todo por el control de aforos, el cierre o prohibición de algunas actividades y el límite de horarios a actividades de comercio, ocio y restauración. La Ley de Salud Pública brinda la oportunidad a actuar de manera quirúrgica en algunos territorios si la incidencia se dispara. Esto supone que podríamos ver cierres perimetrales de algunas localidades en Castilla y León, tal y como paso en verano con Aranda de Duero. En cualquier caso, deberían ser reducidos, nunca de toda una provincia o de la región, por un tiempo limitado y siempre tras lograr el visto bueno de la Justicia. Hay que recordar que el TSJ de Castilla y León siempre dio la razón a la Junta en estas medidas en el pasado verano.

Desde la Junta de Castilla y León tanto Francisco Igea como Verónica Casado han solicitado en varias ocasiones que, si no se prologa el Estado de Alarma, se creen una nueva ley que de mayor cobertura jurídica a las restricciones para hacer frente al Covid. Sin una cosa ni otra nos espera un verano marcado por decisiones muy “heterogéneas”, señala Casado, donde la Justicia tenga siempre la palabra pudiendo dar lugar a medidas que son aprobadas en una región, pero renegadas en otra con peores datos.