La Junta solicita al Ministerio más autonomía en el destino de los fondos de las políticas activas de empleo
Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria.
La consejera del ramo valora positivamente una mayor coordinación entre los Servicios Públicos de Empleo autonómicos y el SEPE, pero defiende que esta coordinación puede realizarse sin necesidad de nuevas construcciones que pueden suponer un incremento del gasto corriente en detrimento de los recursos de las políticas activas.
La consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo, ha defendido hoy, durante la celebración de la LXXIX Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales, una mayor autonomía de los gobiernos autonómicos a la hora de decidir sobre aquellos aspectos que deben reforzarse dentro de las políticas activas de empleo, teniendo en cuenta que ni los recursos disponibles ni las necesidades son iguales en todos los territorios. Esta flexibilidad se ha reclamado también para los plazos de ejecución ante la demora que las comunidades están sufriendo en la recepción de los fondos, cuya distribución final ha sido aprobada hoy.
Amigo ha pedido sobre todo flexibilidad en las partidas previstas para construir en todo el territorio nacional una Red de Centros Públicos de Orientación, Emprendimiento, Acompañamiento e Innovación para el Empleo. Según el Ministerio, esta Red tiene como objetivo principal garantizar la colaboración y coordinación entre los servicios de empleo de las comunidades autónomas y el servicio estatal, una colaboración que, en opinión de la consejera, puede realizarse sin necesidad de construir nuevos espacios físicos que tendrán un coste de mantenimiento añadido para las comunidades autónomas en el futuro.
La propuesta planteada por el Ministerio supone la construcción de un total de 20 nuevos centros en toda España, con su correspondiente equipamiento y personal, una dotación que podría cubrirse con espacios ya existentes, destinando esos fondos a medidas de fomento del empleo, mejora de empleabilidad o mejora de los espacios y equipamientos ya disponibles. Por otra parte, los costes de mantenimiento, así como los costes de personal generados por estas nuevas infraestructuras, deberán correr, en futuro, a cargo de las comunidades autónomas, lo que supone también detraer fondos de las políticas activas de empleo a medio y largo plazo. De ahí que Castilla y León haya defendido flexibilidad para que los gobiernos autonómicos puedan decidir el destino de los fondos según sus necesidades.
Igualmente, la consejera ha solicitada que esa flexibilidad se aplique a otras medidas y líneas que se contemplan como fondos finalistas, así como al periodo de ejecución y justificación de los fondos, teniendo en cuenta tanto el retraso en su aprobación como los condicionantes que todavía se mantienen por la situación sanitaria para el desarrollo de algunos programas.
La Conferencia Sectorial ha servido precisamente para aprobar la distribución de los fondos de las políticas activas de empleo para el presente ejercicio 2021. Castilla y León cuenta con una asignación económica de 131 millones de euros, que se distribuyen en tres grandes ejes: fondos para incentivos al empleo, fondos destinados a la modernización de los servicios públicos de empleo y fondos destinados a formación.