Artículo de opinión de Alejandro Ramos, profesor universitario y secretario de Nuevas Generaciones.
Hace unos días, el presidente Alfonso Fernández Mañueco, anunció la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Castilla y León. Se trata de un impuesto sencillamente injusto, porque se obliga a pagar por algo que ya fue fiscalizado en su día y porque además, castiga especialmente a aquellos contribuyentes que menos recursos tienen y, que en muchas ocasiones, se ven obligados a tener que renunciar a los bienes recibidos por los costes que estos representan. Además en estos momentos tan sensibles, en los que, como consecuencia del COVID19, han sido cientos de miles las personas que han fallecido, sería inmoral que las arcas públicas hiciesen caja con esta desgracia.
Pero frente a esta postura de liberalismo económico, se encuentra la propuesta de “armonización fiscal” que defiende la izquierda, y que no es otra cosa, que la consigna que siempre les ha acompañado: el afán recaudatorio. Siguen sin entender que es posible otro modelo, en el que con unos impuestos más bajos, se genere un ahorro fiscal en las familias y empresas, que redunde en un mayor crecimiento de la actividad económica, y a su vez, se traduzca en la creación de más puestos de trabajo, en la prestación de mejores servicios, en el incremento de la riqueza y en el asentamiento de población.
Y precisamente, en relación con esta última idea, días atrás hemos recibido con bastante simpatía, las buenas noticias que por fin han llegado de la UE, por las que se considera a Soria territorio susceptible de ayudas fiscales por motivos de despoblación. Los empresarios y gobiernos autonómicos de Soria, Cuenca y Teruel, han trabajado de la mano para poner el tema de la despoblación encima de la mesa de la UE. Su reconocimiento, al igual que ya existe en los territorios insulares, puede ser un impulso a la actividad y al empleo de nuestra provincia.