En el sindicato CSIF denuncian se producirá una progresiva privatización de este servicio.
En el sindicato CSIF han mostrado hoy su rechazo ante la posibilidad de que se externalice o privatice el servicio de radioterapia en El Bierzo (León), que según afirman "ya ha insinuado la Junta", a través de una clínica privada, a la vez que han lamentado que, en este momento, solo cinco de las once áreas de salud de la Comunidad cuenten con unidades de radioterapia para enfermos oncológicos, con un total de nueve aceleradores lineales. Hay dos en cada uno de los hospitales de Burgos (HUBU), León (Hospital Universitario), Salamanca (Hospital Universitario) y el Hospital Clínico Universitario de Valladolid; y otra más en el hospital Virgen de la Concha de Zamora, según han enumerado.
"Los numerosos pacientes oncológicos que pertenecen a las zonas de los centros hospitalarios de Ávila, Miranda de Ebro, Aranda de Duero, El Bierzo, Palencia, Segovia, Soria, Medina del Campo, y Río Hortega (Valladolid) carecen de una unidad de radioterapia", han destacado.
“Esto genera importantes gastos familiares, derivados de los traslados (a veces a provincias fuera de la Comunidad), la manutención o el alojamiento, que no son suficientemente compensados por las ayudas de la Junta; por no hablar de los problemas de conciliación laboral y familiar que provocan”, remarcan en la organización sindical.
Asimismo, hacen hincapié en las "malas condiciones" en las que el paciente regresa a casa, muchas veces, como consecuencia de la aplicación del tratamiento. "Una incomodidad y sufrimiento que se alarga durante el viaje", describen.
El sindicato independiente insiste igualmente en que la aplicación de la radioterapia es un tratamiento imprescindible, en muchos casos, para los enfermos oncológicos, “que se debe ofrecer lo más cerca posible de la residencia y de la familia”. Esta organización sindical asegura ser consciente del problema de la dispersión y de la escasa población de Castilla y León, “pero la Junta y la Consejería de Sanidad tienen capacidad para encontrar soluciones, si tiene voluntad política real, para implantar estas unidades en todas las áreas de salud, para garantizar una buena calidad, y para que sean atendidas con el personal facultativo y técnico especializado suficiente y adecuado”.
En este sentido, valoran positivamente el caso de Ávila, donde se está construyendo una unidad satélite para tratamientos menos complicados, ubicada en el hospital, que dependerá del hospital de Salamanca y, por tanto, de la sanidad pública. Una fórmula que sí apoya CSIF.
Esta organización sindical critica que el Gobierno regional niegue la inversión necesaria para que el sistema sanitario público de la Comunidad cree unidades de radioterapia, atendidos por empleados públicos, mientras avanza en la externalización del servicio con centros privados. Así va a pasar en Segovia, y la Junta ya insinúa que ocurrirá la mismo en El Bierzo, una posibilidad que rechaza el sindicato, “porque supone un paso más en el desmantelamiento de la sanidad pública”
“Si un centro privado invierte para ofrecer ese servicio de radioterapia, porque es rentable, ¿no va a poder dar ese servicio esencial y básico, como es su deber, la sanidad pública de Castilla y León? No se entiende”, se pregunta CSIF, al tiempo que alerta de que “la Junta está privatizando la oncología de SACYL. Asignan presupuestos ridículos, con el fin de ganar tiempo y ‘torear’ a la opinión pública, para supuestamente crear unidades de radiología oncológica que, después, no se llevan a cabo y acaban privatizando el tratamiento.”
Sacyl apenas cuenta con 73 oncólogos médicos, 28 radioncólogos, 29 radiofísicos y 74 técnicos superiores en radioterapia. “Un número de profesionales claramente insuficiente para cubrir las necesidades de la Comunidad”, advierten. En las cinco provincias donde hay unidad de radioterapia, los equipos los conforman 36 profesionales en Burgos, 30 en León, 46 en Salamanca, 41 en El Clínico de Valladolid y 17 en Zamora.
Así mismo, han enumerado que en el hospital de Medina del Campo "no hay ningún oncólogo médico, y ni siquiera servicio de oncología". Mientras, en los centros de Miranda de Ebro y Aranda de Duero están dos oncólogos médicos; en Segovia, Soria y El Bierzo hay cuatro, "aunque en este último caso están de baja y acuden los facultativos desde León". Así mismo en el Complejo Asistencial de Ávila permanecen cinco oncólogos; en Palencia, cuatro; y en el hospital Río Hortega de Valladolid, siete.
El presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, ha recordado en León que “seguimos a la espera de que la Junta desbloquee la negociación pendiente sobre varios asuntos, alguno acordado ya, y entre los que está la equiparación salarial, con respecto a otras autonomías de España, de todas las categorías de profesionales de Sacyl -no solo de una- y también del resto de empleados públicos de la Junta”.
Ha insistido igualmente en que “han pasado los días, desde la celebración de la última mesa sectorial de Sanidad, y la Junta sigue sin responder a nuestras peticiones, ni aclarar su posición”. Advierte que “si la Junta trata de ganar tiempo, o de esperar a que se nos olvide, está muy equivocada. Exigimos retomar la negociación, ya”.
El dirigente sindical ha alertado de la necesidad de acabar con la elevada tasa de temporalidad de las plantillas de la Junta. Así, en Sanidad los temporales suman aproximadamente el 18%, afectando principalmente al personal de TCAE y de Enfermería; o en Educación unos 6.750, la cuarta parte del número total de docentes de la Comunidad.
En la Administración General de la Junta, unos 5.000 empleados laborales son temporales (la tercera parte de los que hay), llegando ese porcentaje al 70% en ámbitos de servicios sociales asistencia. "Además, siguen sin cubrirse unas 2.800 plazas de funcionarios jubilados entre 2012 y 2016".
El responsable de CSIF Castilla y León recalca que la reducción de la temporalidad es uno de los asuntos “urgentes” que negociar con la Junta, ya que ronda el 30% de sus empleados, un porcentaje “que se ha disparado de los últimos años en la Comunidad. El sindicato independiente espera poder alcanzar un acuerdo con el Gobierno regional, de la misma manera que -a nivel nacional- se está tratando de buscar un acuerdo con el Ministerio de Administraciones Públicas para reducir la temporalidad. “Por desgracia, las negociaciones de los empleados públicos con el Gobierno nacional siempre van por delante, tiene más sensibilidad que el Gobierno autonómico”, ha lamentado finalmente.