Advierten que abrir la nueva prisión llevará incrementar en un centenar los 110 funcionarios que hay ahora

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, ha advertido en Soria que, para abrir la nueva prisión de Soria, aunque sea con dos módulos, se requerirá -como mínimo- entre 80 y 100 nuevos funcionarios para cubrir sus necesidades, al tiempo que recuerda que Instituciones Penitenciarias todavía no ha dicho nada sobre la esa imprescindible ampliación de plantilla.

CSIF insta a Instituciones Penitenciarias a que diga “cómo piensa incrementar el personal, que ahora es de unos 110 funcionarios, incluyendo 18 de segunda actividad, y a lo que hay que sumar 10 de prácticas, para atender la apertura de dos módulos, es decir, 144 celdas, de los ocho residenciales que tiene. De entrada, habría que duplicar el número de funcionarios de interior, que ahora es de unos 70”. La Relación de Puestos de Trabajo (RPT) de la plantilla son 140. Incluso si se cubrieran todas las vacantes haría falta más personal, insiste el delegado responsable de CSIF en la prisión de Soria, Javier de Diego.

CSIF insta al Gobierno central a que impulse la puesta en marcha de todo el centro penitenciario, lo que implicaría empleo para unos 400 ó 500 funcionarios, y un revulsivo importante para el desarrollo económico y poblacional de la capital soriana. Este sindicato apunta a que la urgencia de abrir, quedando sobre la mesa muchas dudas y aclaraciones sobre la apertura, puede tener que ver con la denuncia presentada por los sindicatos en Inspección de Trabajo, sobre las deficientes condiciones del actual centro.

Precisamente, la necesidad de reforzar las plantillas de empleados públicos en los diferentes servicios de las administraciones, como es el caso de la prisión de Soria, es una de las prioridades para CSIF, insiste Miguel Borra, que ha mantenido hoy una reunión de trabajo con los delegados de CSIF sorianos, en compañía del presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro.

Invertir en los servicios públicos

El dirigente sindical ha señalado que la pandemia “ha puesto las costuras de los servicios públicos en una situación difícilmente sostenible”; y que los políticos tienen que comprender lo necesario de invertir en los servicios públicos, porque cuando vienen mal dadas, como ha ocurrido con la pandemia, han sido los servidores públicos los que hemos estado en la primera línea de la lucha, y seguimos estando”.

Borra exige al Gobierno terminar con la temporalidad en el empleo público, que está en el 30% de media, y responsabiliza a las propias administraciones y sus responsables de la situación. Para acabar con la precariedad en el empleo, CSIF ha propuesto al Gobierno, más concretamente al ministro de Política Territorial y Función Pública, un Plan de Necesidades de Recursos Humanos de las Administraciones Publicas. Se pide que las administraciones dejen de abusar de la contratación temporal y en fraude de ley, por lo que CSIF reclama sanciones a las administraciones que propicien esa precariedad laboral.

Por su parte, el presidente autonómico de CSIF Castilla y León, Benjamín Castro, ha manifestado su confianza en que la Junta de Castilla y León, como parece que va a ocurrir, recupere por fin la negociación sobre la equiparación de sus empleados públicos y otros asuntos pendientes de desbloqueo, como la Carrera Profesional, la finalización de procesos de oferta de empleo que no han dado a conocer las plazas aún. “Las últimas señales que nos ha dado la Junta va en este camino de retomar la negociación. Es un ejercicio de responsabilidad, de sensatez, ante una oportunidad que el Gobierno autonómico no debe desaprovechar. En CSIF así lo esperamos”, señala.

La temporalidad también preocupa a Castro, y que urge negociar con la Junta. Alerta de la necesidad de acabar con la elevada tasa de temporalidad de las plantillas de la Junta, que está en torno al 30%. Un porcentaje “que se ha disparado de los últimos años en la Comunidad”, que es similar a la media nacional. De manera más detallada, en Sanidad los temporales suman aproximadamente el 18%, afectando principalmente al personal de TCAE y de Enfermería; o en Educación unos 6.750, la cuarta parte del número total de docentes de la Comunidad.

En la Administración General de la Junta, unos 5.000 empleados laborales son temporales (la tercera parte de los que hay), llegando ese porcentaje al 70% en ámbitos de servicios sociales asistencia. Además, siguen sin cubrirse unas 2.800 plazas de funcionarios jubilados entre 2012 y 2016.

En la provincia de Soria, la temporalidad ronda y supera el 65% en el ámbito de los servicios socio-sanitarios, y más del 25% en el resto de los empleados dependientes de la Administración General de la Junta. En Sanidad la temporalidad está ahora en el 18%, y más del 35% entre los docentes.

Diálogo Social

CSIF resalta que se vive un momento crucial, en el que se debe, en primer lugar, garantizar el proceso de vacunación y, de manera simultánea, reforzar los servicios públicos vitales para la ciudadanía (sanidad, educación, justicia, prestaciones sociales…), así como abordar las medidas estructurales que necesita España, a corto y medio plazo, en el marco del Plan de Reconstrucción.

La pluralidad de opciones políticas que tiene la ciudadanía debe trasladarse de inmediato a los sindicatos, y la presencia de CSIF en el diálogo social está justificada por la demanda social, la coyuntura actual y la emergencia laboral. “Debemos construir una mayoría sindical más amplia, en la que la independencia política también esté representada, y que cuente con presencia en todos los ámbitos afectados por la crisis”, indica.

Por eso, CSIF reitera la necesidad de modificar la Ley Orgánica de Libertad Sindical, para abrir la representación sindical al conjunto de la sociedad española. “En ningún caso existirá dicha pluralidad, si se excluye a CSIF del diálogo social, siendo el sindicato más representativo de las personas trabajadoras que sostienen nuestros servicios públicos”, justifica.

Apoyo a la España Vaciada

El presidente nacional de CSIF, Miguel Borra, también ha tenido palabras de apoyo para la España Vaciada. Ha pedido un mayor esfuerzo en el refuerzo de empleados en los servicios públicos, y ha señalado que habrá que hay que analizar el plan enviado a Bruselas. Ha criticado la posibilidad de tener que pagar por usar las autovías, cuando precisamente, en Soria, se viene denunciando la falta de estas infraestructuras. Sería paradójico que si se consigue tenerlas haya que pagar por circular, cuando lo que hay que hacer invertir en infraestructuras en las provincias de interior de la España Vaciada, para que sus ciudadanos tengan las mismas oportunidades, con unos servicios públicos dignos.