Se esperaba que hoy la Junta tomase nuevas restricciones, pero tras las últimas sentencias y los informes de los servicios jurídicos, Castilla y León considera que no tiene competencias y respaldo legal para tomar medidas que sean útiles para frenar los contagios.
La quinta ola del coronavirus azota con fuerza a Castilla y León. Los nuevos contagios se incrementan día tras día y, con ellos, la incidencia acumulada y ya hay “un repunte” en los hospitales. Por ello, y tras haber restringido la pasada semana el ocio nocturno, se esperaba que hoy la Junta tomase nuevas decisiones.
Pero tras un “largo e intenso debate” en el Consejo de Gobierno y conocer los informes jurídicos la Junta ha decidido hoy no tomar ninguna medida. “Es difícil proponer medidas que nosotros consideramos eficaces”, reconocía el portavoz de la Junta, Francisco Igea.
Entre ellas, la primera de las descartadas ha sido el toque de queda, aunque fuera por municipios. Se trata de la medida que la Junta quería tomar y que no ha tomado en bases a la seguridad jurídica. El Tribunal Superior de Justicia ya echo abajo el toque de queda 2 veces en Castilla y León y el Constitucional acaba de decir que es necesario un Estado de Excepción para tomar este tipo de medidas.
El informe de los servicios jurídicos de la Junta “desaconseja vivamente” tomar este tipo de decisiones para no caer en un delito de prevaricación. Igea ha vuelto a criticar la inseguridad jurídica a la que ha conducido el Gobierno de Pedro Sánchez al no querer declarar el Estado de Alarma ni impulsar una nueva ley sanitaria.
Con el objetivo de frenar los contagios entre los jóvenes, la Junta ha creado un nuevo grupo de trabajo para analizar qué medidas se pueden tomar en ese grupo que sean eficaces. La Junta considera que la situación es “preocupante” y por ello pide a la población “el mayor nivel posible de responsabilidad”.