CSIF urge una solución al ‘ineficiente’ modelo de atención sanitaria en las residencias de mayores
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) reclama una solución a la actual e ineficiente manera de prescribir medicamentos a los usuarios de las residencias de mayores, que debe hacerlas un médico de Atención Primaria, mientras que el facultativo que atiende habitualmente a los residentes no puede.
Una fórmula que desorganiza y satura a los centros de salud, aumenta de forma desproporcionada el denominado gasto farmacéutico y, además, genera algunos conflictos.
La legislación autonómica actual, respecto a centros residenciales de mayores, exige una hora diaria de médico y dos de enfermería en las residencias de hasta 25 usuarios, una atención que se va incrementando a medida que aumenta el número de residentes. Esa misma normativa también responsabiliza de la atención sanitaria a la Atención Primaria, porque la residencia se considera el domicilio del paciente.
La teoría parece buena desde ‘fuera’, valora CSIF. Pero en la realidad cotidiana, ¿qué ocurre cuando un residente requiere una atención, una cura, o la aplicación de un tratamiento fuera del limitado tiempo del facultativo o la enfermera del centro residencial? Es el equipo de Atención Primaria al que le corresponde la residencia quien atiende esas necesidades, bien en horario ordinario de consulta de lunes a viernes, o bien desde los servicios de urgencias, aclara el sindicato independiente
La normativa establece la dotación de profesionales en los centros de mayores de la Comunidad en función del número de residentes, pero no establece la dotación de plantilla a mayores que debe tener un equipo de Atención Primaria, cuando en la zona básica de salud hay algún centro de mayores.
“Nos encontramos en una situación en la que los profesionales de las dos partes, Atención Primaria y residencia, se ven en la necesidad de establecer un equilibrio del reparto de ‘papeles’ complejo, por falta de dotación de personal y medios (agravada por la pandemia), pero también porque la Junta no muestra interés por querer ver un problema que existe, y mucho menos solucionarlo”, considera CSIF. Hace falta una coordinación real entre los centros residenciales y el sistema sanitario público, una reorganización y delimitación de funciones, un incremento de efectivos”, recalca.
Existe un importante problema con las recetas, que genera inseguridad en los profesionales, además de poder ocasionar conflictos legales. En las residencias de mayores (públicas o privadas) los médicos no pueden hacer recetas de la sanidad pública, y entonces los médicos de familia de Sacyl tienen que firmar "a ciegas" los tratamientos pautados por los médicos de las residencias. Los facultativos de Primaria manifiestan que se sienten “indefensos” y obligados a prestar un servicio administrativo, asegurando que la decisión del tipo de tratamiento y la prescripción del mismo son dos actos indivisibles que deben realizar los médicos de los centros geriátricos, que son los que atienden al paciente. “Es imprescindible y urgente que la intervención sanitaria y la responsabilidad legal se unan en un mismo profesional. No tiene sentido dividir un trabajo que debe hacer un solo profesional”, relata CSIF.
CSIF insiste en la saturación y falta de recursos por la que ya está pasando la Atención Primaria: “Sería imposible hacerse cargo desde Primaria de toda la atención sanitaria que requiere este tipo de paciente mayor”. Además de más horas de consulta, hay que tener en cuenta que serían necesarios desplazamientos frecuentes (seguramente diarios) a la residencia. Para que el equipo de Atención Primaria atienda bien los centros de mayores, sería necesario aumentar considerablemente su personal.
CSIF pone el ejemplo de un caso concreto, una médica de familia que cada dos meses tiene que hacer entre 800 y 1.000 recetas, la medicación de la mitad de una residencia a su cargo (la otra mitad es para su compañero). En ocasiones, surgen desacuerdos con las prescripciones del médico de la residencia, la médica no sabe para qué se ha utilizado tal o cual antibiótico, o considera desacertada la dosis. Se harta de pedir explicaciones al médico de la residencia, que también está cansado de sentirse fiscalizado y examinado por la médica del centro de salud.
El problema no es estar de acuerdo o no con la prescripción, según CSIF, sino en la asunción por parte de un médico del tratamiento pautado por otro, y para pacientes que no ha reconocido. “Esto va contra el sentido común, además de no ser serio ni deontológico. Pero, además, convierte al médico del centro de salud en un mero transcriptor de lo dictado por otro, “en un mero intermediario burócrata. Es una función que ataca directamente a la dignidad del profesional. De hecho, en los equipos de Atención Primaria se habla de hacer ‘el pedido’ de la residencia”, al referirse al hecho de cumplimentar las recetas ‘encargadas’ por la residencia”, lamenta CSIF.
Castilla y León dispone de 48.089 plazas residenciales de mayores, repartidas en 586 residencias, que dependen sanitariamente de los 245 centros de salud de Sacyl.