Investigados como presuntos autores de caza furtiva en Cihuela

Agentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Soria han investigado a dos vecinos de la localidad zaragozana de Aniñón, de 25 y 28 años, como supuestos autores de un delito contra la protección de la flora y la fauna, ya que al parecer, cazaron un corzo macho sin ningún tipo de autorización.

Según ha sido reseñado oficalmente hoy, los hechos ocurrieron el pasado 22 de julio en el coto de Cihuela, en el sureste provincial, cuando estas dos personas fueron sorprendidas por un socio del referido coto circulando con un vehículo todoterreno desde el cual, con un potente foco, localizaban a los animales para, posteriormente, abatirlos con armas de fuego. De esta manera, y siempre bajo las pesquisas del benemérito Cuerpo, consiguieron dar muerte a un ejemplar de esta especie cinegética

Una vez sorprendidos, los presuntos autores emprendieron la huida campo a través abandonando en el lugar la pieza abatida. Pero el testigo de los hechos pudo observar claramente tanto la matrícula como el modelo de vehículo utilizado.

A la vista de esta información, la Guardia Civil inició las investigaciones al objeto de esclarecer los hechos e identificar a los supuestos autores de los mismos. Se instruyeron por todo ello las correspondientes diligencias penales que serán remitidas al Juzgado Decano de Soria y copia a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Soria.

A su vez, por estos hechos se van a formular denuncias ante la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, por infracciones administrativas a la normativa sobre caza, por cazar en un terreno cinegético sin autorización del titular del mismo.

Delito tipificado en el Código Penal

Es la segunda vez en este mes que por parte de la Guardia Civil de Soria se investiga por delito de caza a cazadores furtivos, ya que la semana pasada se investigó también a dos vecinos de la localidad de Ágreda por hechos relacionados con la caza furtiva, tal y como reseñan en la Subdelegación del Gobierno en Soria.

Este tipo de delito está castigado en nuestro Código Penal con la pena de multa de ocho a doce meses e inhabilitación especial para ejercicio del derecho a cazar por tiempo de dos a cinco años.

En cuanto a las infracciones administrativas, se enfrentan a infracciones graves a la Ley de caza de Castilla y León, cuyas multas van desde los 2.000 a los 10.000 euros, con la posibilidad incluso de la retirada de la licencia de caza e inhabilitación para obtenerla durante un plazo comprendido entre uno y tres años.