Igea destaca el alto grado de implantación de la agenda de regeneración política fijada al inicio de la legislatura

El vicepresidente Igea ha afirmado esta tarde, en su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, que la agenda de regeneración política marcada al inicio de la legislatura se está implantando a buen ritmo y ha aseverado que en estos momentos la Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior continúa trabajando “para poder dar cumplimiento a todos los compromisos de regeneración reflejados en los acuerdos de gobernabilidad, con la mirada puesta en 2023".

Francisco Igea ha hecho énfasis en los logros alcanzados ya, una vez superada media legislatura: una Administración de Castilla y León más transparente y menos burocratizada; con nuevas herramientas para prevenir y luchar contra cualquier uso fraudulento de los recursos públicos; más eficaz y austera; que rinde cuentas a los ciudadanos a la vez que fomenta su participación; y más cercana y moderna, que ha reforzado sus vías de relación con las personas, especialmente en un periodo crítico como fue la declaración del estado de alarma.

En el balance realizado hoy, el vicepresidente del Gobierno autonómico también ha defendido que se han sentado las bases que permitirán afrontar durante los próximos años y desde un enfoque integral el reto demográfico, “el gran reto en el que esta Comunidad se encuentra embarcado”, en el que todas las administraciones y la sociedad civil deben ir de la mano en la lucha contra la despoblación. En relación con esta materia, y en consonancia con las competencias de esta consejería, Francisco Igea también ha subrayado como logro “que se oiga mejor la voz de Castilla y León en las instituciones europeas, y que de esta forma sean mejor atendidos nuestros intereses de Comunidad”. Asimismo, en el desglose de la acción de gobierno, ha habido una alusión al refuerzo de las políticas migratorias, favoreciendo la cohesión social de las personas inmigrantes que llegan a Castilla y León, una tierra de acogida, y fomentando el retorno de aquellas personas que dejaron un día la Comunidad para que puedan desarrollar nuevamente en ella su proyecto de vida.

Nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización

Tres acciones propias desarrolladas por la consejería, destacables en esta materia, son la elaboración de una nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización, la creación de una huella normativa y la aprobación de un catálogo de información pública. Se trata de tres proyectos de calado y trascendencia que la Junta de Castilla y León ha elevado como compromisos incorporados en el IV Plan de Gobierno Abierto de España.

El vicepresidente autonómico ha recordado que la nueva ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización incorpora como novedad sustancial la inclusión de las entidades locales en el ámbito de aplicación de dicha futura ley; cuestión que se efectúa teniendo en cuenta la realidad de los pequeños ayuntamientos y siendo la primera comunidad autónoma que va a prever un tratamiento especial de las entidades locales pequeñas y medianas de población inferior a 5.000 habitantes, para situarlas en condiciones óptimas para cumplir con las exigencias mínimas a las que toda Administración se encuentra obligada en este ámbito.

La próxima ley de transparencia, acceso a la información pública y su reutilización amplía, en materia de publicidad activa, las obligaciones de publicar contenidos, información y datos. Y para el control y seguimiento de esta publicidad la norma prevé la aprobación de un catálogo de información pública, ya habilitado en el mes de mayo de este año. Además, en cuanto al derecho de acceso a la información las novedades que se incluyen en esta futura ley se encaminan a difundir y facilitar el ejercicio de este derecho eliminando restricciones y obstáculos.

En el balance realizado, Francisco Igea ha mencionado que el catálogo del Portal de Datos Abiertos cuenta ya con más de 610 conjuntos de datos, algunos de ellos relevantes para la rendición de cuentas: gasto en publicidad institucional, relaciones de puestos de trabajo de funcionarios y laborales, contratos, subvenciones concedidas, información patrimonial, entre otras. Y también ha subrayado la apuesta de la consejería por el desarrollo de visualizaciones de algunos de estos conjuntos de datos como un ejercicio más de transparencia. De todas ellas, la de mayor trascendencia y que se ha convertido en un modelo de referencia a nivel nacional es la visualización de la situación epidemiológica de Castilla y León motivada por la COVID-19: desde su inicio, el 16 de marzo de 2020, esta visualización ha conseguido más de 4.050.000 usuarios nuevos, más de 23 millones de sesiones y cerca de 44 millones de páginas vistas (cuatro veces más que la sede electrónica, el segundo portal más visitado).

De los próximos proyectos normativos previstos por la consejería, Francisco Igea se ha referido a la tramitación de un anteproyecto de ley de participación ciudadana de Castilla y León que se prevé remitir a las Cortes antes de que concluya el actual periodo de sesiones. Con esta ley, la Junta impulsará la participación de la ciudadanía y de los grupos en que se organiza y abordará la regulación de los denominados “lobbys” o grupos de interés.

Regeneración democrática, rendición de cuentas y lucha contra la corrupción

En el primer año de legislatura, la consejería ya actualizó el Código Ético y de Austeridad de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y de sus entidades adscritas -Acuerdo de Consejo de Gobierno, aprobado en mayo de 2020- mediante el cual se ha profundizado en los criterios que deben guiar la actuación de los altos cargos -principios de actuación objetiva, transparente, ejemplar, austera, eficiente y eficaz-. Entre las novedades de ese nuevo código se encuentra su ámbito de aplicación, dado que se extiende a los presidentes, consejeros delegados, directores generales, gerentes o asimilados de las empresas públicas o fundaciones públicas.

Merece una mención especial el proyecto de ley ya remitido a las Cortes para la creación de la Oficina de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad de Castilla y León. Esta iniciativa nació con la finalidad de reforzar la prevención y lucha contra el fraude, la corrupción y cualquier conducta de la que pudiera derivarse ilícitos relacionados con la gestión de fondos públicos y al tiempo pretende implicar a la sociedad en su conjunto, hacerle partícipe en la lucha contra el fraude y la corrupción mediante el reconocimiento de la figura del informante por el papel fundamental que puede desempeñar en su prevención y detección. Esa es la razón por la que se incorporó en dicho proyecto de ley el refuerzo de la protección a los informantes de delitos contra la Administración, al regular el estatuto de protección de los denunciantes que incluye un marco de protección ante posibles represalias que pudieran derivarse de la denuncia presentada.

El vicepresidente de la Junta ha citado -como uno de los puntos de regeneración política e institucional que incorporaba el acuerdo de gobierno- la creación de una comisión paritaria entre los dos partidos firmantes para analizar la situación, utilidad y funcionamiento de las entidades del sector público autonómico de Castilla y León. Como consecuencia de los trabajos realizados, esta consejería ha promovido unas directrices para la mejora de la transparencia, eficiencia y austeridad de las entidades integrantes de la Administración Institucional de la Comunidad de Castilla y León, así como de las empresas y fundaciones públicas de la Comunidad de Castilla y León.

Evaluación de las políticas públicas

En la comparecencia, Francisco Igea ha informado de la tramitación de un nuevo decreto por el que se aprobarán medidas en materia de evaluación de políticas públicas y se creará el registro de evaluaciones de políticas públicas de la Administración de la Comunidad de Castilla y León. Igualmente ha aludido a la evaluación externa de las políticas públicas, en el seno del Consejo de Cuentas. Al referirse a este ámbito, el vicepresidente de la Junta ha recordado la colaboración establecida con la Agencia Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) y ha anunciado que próximamente se presentará su propuesta de sistema de evaluación de políticas públicas para Castilla y León. Para asentar esta cultura de la evaluación dentro de la Administración, Igea también ha citado la actividad de formación y sensibilización de los empleados públicos así como la creación de una Red de Evaluación de Políticas Públicas de Castilla y León.

Dinamización demográfica y ordenación territorial

Uno de los compromisos asumidos al inicio de legislatura fue dotar de mayores oportunidades al mundo rural y a la lucha contra la despoblación. Francisco Igea, que recientemente expuso en sede parlamentaria la evaluación final de la Agenda para la Población de Castilla y León 2010-2020, ha recordado que una de las conclusiones que arrojaba tal evaluación final era la necesidad de establecer un modelo de gobernanza que tenga en cuenta a todos los actores protagonistas en esta materia. En este punto, Igea se ha referido al reciente convenio suscrito con las cuatro universidades públicas de la Comunidad para trabajar conjuntamente y elaborar una nueva Estrategia de Dinamización Demográfica, así como fomentar la investigación, las iniciativas y los proyectos en materia de dinamización demográfica.

Igea ha indicado que esta consejería está avanzando en dos proyectos: la creación del Consejo de Dinamización Demográfica como órgano colegiado consultivo y deliberante, de propuesta y participación de la sociedad civil en materia demográfica, sustituyendo así al Consejo de Políticas Demográficas; y la elaboración de un anteproyecto de Ley de Dinamización Demográfica de la Comunidad de Castilla y León cuyo objetivo será fijar, retener y atraer población en nuestra Comunidad mediante el impulso de un conjunto de medidas transversales que aglutinen la ordenación territorial de los servicios públicos y la dinamización demográfica. Se trata, además, de incorporar la perspectiva demográfica en el diseño y el desarrollo de todas las políticas públicas.

Otra de las novedades, al respecto de la dinamización demográfica, es que los próximos Presupuestos Generales de la Comunidad para 2022 incluirán información detallada de las cuantías que van a contribuir de forma específica a mejorar la actual perspectiva demográfica alineando el presupuesto con el reto demográfico, al igual que se está haciendo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030.

En el balance de mitad de legislatura, esta consejería también presenta el proyecto de ley de modificación de la LORSERGO, entendiendo que se trata de una reforma basada en los principios de simplificación, flexibilización y participación activa. El borrador del decreto que deberá regular la futura cartera de competencias común y homogénea de las mancomunidades de interés general rurales ya está redactado tras un proceso participativo con las entidades locales mediante la realización de una encuesta previa sobre las competencias que se consideraran más relevantes para los municipios y que pudieran ser ejercidas a través de una mancomunidad de interés general rural. Y en materia de ordenación del territorio, es preciso recordar que desde la consejería se ha continuado impulsando la constitución de nuevas mancomunidades de interés general urbanas contribuyendo a constituir ámbitos territoriales supramunicipales más adecuados para la gestión de las competencias municipales y que supongan la base para una alternativa a la actual organización territorial.

Un nuevo modelo de atención multicanal para el ciudadano

El teléfono 012, la sede electrónica y la red de oficinas de asistencia al ciudadano en materia de registros constituyen los pilares esenciales sobre los que se basa el nuevo modelo que la consejería está llevando a cabo. Especialmente en estos dos últimos años, el Servicio 012 de Castilla y León se ha convertido en un instrumento esencial y de referencia para facilitar al ciudadano el acceso a la información administrativa autonómica. Como referencia del impacto de la actividad de este servicio, el vicepresidente Igea ha citado el dato de las más de 930.000 consultas atendidas en 2020. Este año, y con cifras cerradas a 31 de agosto, el Servicio 012 ha atendido ya 685.000 consultas superando así la cifra de todo el año 2019.

Francisco Igea se ha referido, seguidamente, al uso de la Sede Electrónica “tramitacastillayleon”, que reúne más de 1.400 procedimientos y servicios a disposición de los ciudadanos y empresas, de los cuales más de la mitad permiten una gestión electrónica completa. Este recurso se adaptó a las exigencias del contexto derivado de la crisis sanitaria de la COVID-19 y que ha servido para facilitar el acceso a la información y la tramitación telemática de una forma más ágil y sencilla de las ayudas COVID-19: Plan de choque para favorecer el empleo, medidas extraordinarias para ciudadanos y familias y medidas extraordinarias para las empresas y autónomos.

Acción Exterior

En acción exterior, ha apuntado Igea, la consejería trabajado por posicionar a Castilla y León como actor con voz propia en la Unión Europea para la defensa de sus intereses, de forma coordinada con el Estado o con otras comunidades autónomas. La Comunidad ha participado de forma especialmente activa en todos los foros posibles para defender los intereses de Castilla y León en la Unión Europea, particularmente en el Comité Europeo de las Regiones, donde de modo especial se ha alertado sobre los riesgos de una transición ecológica demasiado agresiva y la necesidad de proteger sectores clave para nuestra economía: la industria automovilística y la agroalimentaria.

Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior defiende que Castilla y León tiene que ser un territorio de acogida y por ello ha apoyado económicamente una serie de actuaciones destinadas a favorecer la acogida e integración de la población inmigrante en la sociedad castellana y leonesa. En esta línea de trabajo, Francisco Igea ha anunciado que la consejería emprenderá el próximo año un programa de patrocinio comunitario destinado a la acogida e integración de personas beneficiarias de protección internacional que hayan sido trasladadas a España en el marco de programas de reasentamiento de refugiados.

En el capítulo de emigración, el vicepresidente Igea ha citado la evaluación final del II Plan Estratégico de la Ciudadanía Castellana y Leonesa en el Exterior 2015-2018 y la aprobación del III Plan Estratégico 2021-2024 como instrumento de planificación autonómica de las políticas migratorias de la Comunidad de Castilla y León dirigidas a la atención y apoyo a su ciudadanía en el exterior y a la emigración de retorno: atención social a quienes pasan por graves dificultades; mejora de la información y la comunicación; una mayor participación de los residentes en el exterior en la vida de la Comunidad; refuerzo del asociacionismo castellano y leonés en el exterior y su necesaria renovación; y medidas destinadas a facilitar el retorno y la plena integración de quienes retornan a Castilla y León.

En cuanto al fomento del retorno y la ayuda a la integración de retornados en Castilla y León, el vicepresidente Igea ha destacado el programa “Pasaporte de Vuelta”, que tiene por objeto facilitar a los emigrantes castellanos y leoneses el proceso de retorno a Castilla y León desde el extranjero, y su efectiva integración en la Comunidad, y al que se han destinado 900.000 euros desde el inicio de la legislatura, el doble del presupuesto que se dedicó en toda la legislatura anterior. Además mediante la Oficina de Retorno de Castilla y León se facilita el retorno y la integración en la Comunidad a los castellanos y leoneses residentes en el exterior que regresan a Castilla y León.

Otro asunto recogido en la comparecencia ha sido el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo 2017-2020, prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2021 para así poder aprobar un IV Plan Director que recoja un conjunto de prioridades en esta materia más ajustado al contexto internacional en el que nos encontramos actualmente, a la vez que reafirmamos nuestro compromiso con los derechos humanos y con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Finalmente, Francisco Igea ha indicado que a través de la cooperación económica no reembolsable, la Junta ha perseguido garantizar unas condiciones de vida dignas para la población desde lo más básico, como es el acceso a la alimentación, al agua potable, a la educación y la salud.

En este periodo se han ejecutado 87 intervenciones de desarrollo en 14 países empobrecidos, de las que estimamos se han beneficiado más de 500.000 personas, y a las que se han destinado más de 7 millones de euros. Y a través de la otra línea de acción económica -la acción humanitaria- se han atendido necesidades básicas e inmediatas de la población, poniendo especialmente el foco a partir de 2020 en acciones específicas para prevenir la propagación del Covid-19 en los contextos humanitarios. En este periodo hemos financiado directamente 13 intervenciones por un importe total de 476.000 euros, a los cuales habría que añadir los 50.000 euros aportados anualmente por Castilla y León para reforzar la acción conjunta de la cooperación española en los contextos de crisis humanitarias.

Memoria histórica y democrática

La Consejería de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior ha adoptado desde el comienzo de la legislatura una línea de acción clara: sacar esta cuestión del ruido de la disputa política para evitar que se banalice con algo tan importante para las familias de las víctimas; prestar apoyo institucional y económico a los trabajos dirigidos a exhumación, identificación y recuperación de restos de víctimas de la guerra civil para que puedan recibir un digno descanso; y fomentar el conocimiento de nuestro pasado más reciente, desde la defensa de los principios y valores democráticos de convivencia que los españoles nos dimos con la Constitución del 78. En estos dos años, esta consejería ha destinado casi 260.000 euros destinados a subvencionar los trabajos de las entidades. Vinculada a estas acciones, Francisco Igea ha citado la colaboración establecida con la Universidad de Burgos para la realización del mapa de fosas en la Comunidad.