El suspenso de Castells

Coincidiendo con el inicio del curso, el ministro de Universidades (al que estoy seguro que muchos universitarios no sabrán ni que existe, por su escasa presencia pública) ha presentado un anteproyecto de ley con el que pretende reformar el sistema universitario español. Pero, como viene siendo habitual en este Gobierno, el texto se ha elaborado de manera unilateral, ya que no cuenta con el respaldo de los rectores, los profesores o los propios alumnos.

De hecho, más allá de resolver los verdaderos asuntos clave, como, por ejemplo, la financiación o la precariedad laboral del personal docente e investigador, se ha centrado en despreciar el esfuerzo y la meritocracia de los estudiantes, retroceder en la democracia interna de la institución, devaluar el estatus de catedrático, ningunear la figura del Rey o atacar a las universidades privadas. Asimismo, ha preferido enfatizar el carácter feminista de la reforma, en vez del cumplimiento escrupuloso de los principios de igualdad, mérito y capacidad, que es lo único que garantiza el correcto funcionamiento del sector público.

Detrás de todo este planteamiento, lo que verdaderamente se esconde, es la imposición del ideario político de la izquierda más radical, que lo único que pretende es el empobrecimiento intelectual de la sociedad, así como el menoscabo de la universidad como institución de enseñanza superior.

De cualquier manera, muchos juristas ya anticipaban que este Real Decreto tiene aspectos inconstitucionales, tanto en la forma como en el fondo. Hasta tal punto, que hace unos días, el propio Consejo de Estado (ese órgano consultivo al que el Gobierno habitualmente ignora) emitió un dictamen que echaba por tierra buena parte del contenido de la reforma universitaria.

Las universidades deben ser lugares para el conocimiento, la investigación, la formación y, sobre todo para la libertad. Bajo ningún concepto, la universidad debería ser un altavoz ideológico.