Amnistía Internacional Castilla y León se reúne con el Procurador del Común para entregarle el informe anual sobre Derechos Humanos

Este próximo jueves, 30 de septiembre, Cristina Egido, presidenta de Amnistía Internacional Castilla y León, y Maribel Vidal, tesorera de Amnistía Internacional León, se reunirán a iniciativa del grupo de activistas de Amnistía Internacional León.

Los principales motivos de este encuentro son presentar el 'Informe 2020/2021 Amnistía Internacional: La situación de los derechos humanos en el mundo', así como poner sobre la mesa las preocupaciones de la organización sobre la situación de los derechos humanos en Castilla y León.

En este sentido, se incidirá en dos de las áreas más afectadas en este momento en la Comunidad: las residencias de mayores y la atención primaria, cuya situación suponen una grave falta para los derechos humanos de la población de nuestra comunidad autónoma.

Durante el acto se hará entrega de un documento en el que se recogen las recomendaciones que desde Amnistía Internacional Castilla y León se hace al Gobierno de la Comunidad en relación a los derechos humanos sobre asuntos como el cambio climático, la necesidad de nuevas leyes de vivienda y transparencia o el enfoque de derechos humanos en la atención a las personas con discapacidad.

Además, se incidirá especialmente en la necesidad de garantizar los derechos de las personas en residencias de mayores y en el derecho a una atención primaria y a la salud, temas sobre los que ya se entregó con anterioridad documentos independientes con recomendaciones sobre cómo actuar.

Desde Amnistía Internacional Castilla y León también se ha pedido desde el inicio de la pandemia la puesta en marcha de una comisión de investigación, exhaustiva y veraz, sobre lo ocurrido en las residencias de mayores.

Hay que aclarar por qué “muchas de las personas residentes vieron denegada la solicitud de acceso a los servicios de urgencias e ingresos hospitalarios. La población más vulnerable, al no ser hospitalizada, fue relegada al cuidado del personal de las residencias, obligadas a mantener alojados a pacientes positivos con pronóstico muy grave, pese a no tener ni la responsabilidad ni los medios ni conocimientos para atender sus necesidades médicas”, denuncia Cristina Egido.

A lo que se suma la precariedad de los profesionales, puesto que en las residencias de Castilla y León “faltaron medios de protección individual: al inicio de la pandemia el 74% de las residencias no contaba con reservas suficientes. Hubo centros que no pudieron cumplir la obligación de disponer de medios de protección por las dificultades de adquisición en los primeros meses de la crisis”, continúa la presidenta de Amnistía Internacional Castilla y León.

Por otra parte, la situación de la atención primaria es crítica, lo que supone una merma del derecho a la salud de la población castellanoleonesa. Al inicio de la pandemia se cerraron centros de salud y consultorios locales. El modelo de asistencia sanitaria presencial se transformó en un modelo de atención telefónica con la finalidad de prevenir contagios en los centros de salud.

Sin embargo, esta transición se produjo de manera brusca y sin los necesarios adelantos tecnológicos, en un contexto de gran presión asistencial y sin medidas de refuerzo suficientes, tanto en términos de recursos materiales como humanos, que garantizaran el acceso a la atención primaria de las personas. Si bien ningún sistema sanitario podía estar preparado para una pandemia de tal magnitud, el país afrontó la crisis con un sistema de salud muy debilitado por las medidas de austeridad llevadas a cabo en los últimos años.

En concreto, en el caso de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, todos los indicadores muestran que entre 2009 y 2018 se produjo un significativo descenso en la inversión sanitaria pública (descendiendo un 5,72% entre estos años) y que esta reducción tuvo un impacto particularmente intenso en la atención primaria.

Esta situación ha evidenciado que, entre otras medidas, hay que incrementar de manera progresiva la inversión asignada a la atención primaria en los presupuestos anuales, siendo la inversión tanto en recursos humanos como en infraestructuras y equipamiento; y adoptar medidas legislativas que aseguren un cupo máximo de pacientes por profesional y que garanticen una atención sanitaria adecuada.

Desde Amnistía Internacional Castilla y León recuerdan que la pandemia no puede servir de excusa para empeorar situaciones que ya existían y que ahora se han agravado, es necesario poner soluciones y garantizar que en Castilla y León se respeten los derechos humanos de sus habitantes.