El Consejo de Cuentas incorpora en su web el mapeo online de 2.248 Ayuntamientos de Castilla y León

El presidente del Consejo de Cuentas de Castilla y León, Mario Amilivia, presentó hoy en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes dos informes correspondientes al ámbito del sector público local, cuyo contenido ofrece una información muy relevante y complementaria sobre la situación actual de las entidades locales de la Comunidad.

El primero, el “Informe Anual sobre las cuentas del Sector Público Local de Castilla y León, ejercicio 2019”, seguido de un trabajo novedoso referido a los Servicios de Asistencia Técnica de las 9 diputaciones provinciales y del Consejo Comarcal de El Bierzo, con especial incidencia en su actividad para evitar la falta de rendición de las entidades locales de su ámbito territorial. El presidente ha realizado ya 22 comparecencias en el mandato actual para la presentación de 57 informes, el 25% del total histórico. El Consejo prevé aprobar una decena de fiscalizaciones antes de que finalice el año.

En relación al primero de los informes, Amilivia destacó que desde este mes de septiembre la web del Consejo ha introducido importantes mejoras para facilitar a cualquier usuario la consulta a la carta de la información económica de las entidades locales, lo que supone un importante avance en materia de transparencia y divulgación. Así, desde la plataforma Canal Sector Público Local, se ha incorporado un mapeo online que permite una mejor visualización, municipio a municipio, por tramos de población, de los datos de rendición de cuentas de los ayuntamientos, así como de aquellos que incumplen con esta obligación, así como un fichero sobre las cuentas rendidas desde 2006 a 2020.

Este mapeo digital sobre el estado de rendición de cuentas se actualiza semanalmente y los todos datos de los ayuntamientos que van rindiendo cuentas ante el Consejo se incorporan a las principales magnitudes contables y distintos datos económicos a los que se puede acceder en el apartado “información económico-financiera” del Canal del Sector Público Local. La base de datos acumula información sobre las 50.000 cuentas rendidas por las entidades locales en los últimos 15 años.

El informe sobre las cuentas del sector público local en el 2019, que integran 4.747 entidades locales y 181 entes dependientes, fue aprobado el pasado 22 de julio en un pleno celebrado en la Diputación de Soria.

Comenzando con la verificación del cumplimiento de la rendición de cuentas, el presidente recordó que, en lugar de la fecha tope habitual del 31 de octubre, quedó establecida la del 21 de enero de 2021, debido a la situación provocada por la pandemia. 2.705 entidades locales rindieron la cuenta general de 2019, el 57% del total. En relación a 2018, se produce una disminución de la rendición en plazo de 1,5 puntos porcentuales, correspondiendo el mejor nivel a los ayuntamientos, con el 69%, que experimenta un incremento de casi 4 puntos.

En la comparativa por comunidades, Castilla y León, señaló Amilivia, continúa presentando valores por encima de la media nacional, situada en el 65%, pero aún alejados de los mejores resultados, teniendo en cuenta que tres comunidades superan el 80%. El origen de estas diferencias se encuentra en la adopción por estas últimas de medidas que vinculan la concesión o el pago de subvenciones al cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas.

El presidente del Consejo subrayó que Castilla y León ha comenzado a aplicarlas este año. “Consideramos de suma importancia la novedad introducida por la Consejería de la Presidencia de la Junta, en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar en este ejercicio por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas”, afirmó ante los miembros de la Comisión.

Respecto a los incumplimientos, en el periodo 2014-2019 figuran 301 ayuntamientos, el 13% del total, que tienen pendiente de rendición las cuentas de varios ejercicios y, entre ellos, 27 que no han rendido ninguno. De estos últimos, 5 tienen entre 500 y 1.000 habitantes y los 22 restantes son menores de 500.

En cuanto a la evolución de la rendición por las entidades locales menores, se produce un retroceso interanual de 7 puntos porcentuales, situándose en el 52%.

En relación al análisis de las cuentas, entre las 868 del ejercicio 2019 que fueron objeto de revisión, inicialmente solo 225 se presentaron completas y sin incidencias, y las 643 restantes contenían incidencias de diversa índole que fueron comunicadas a las entidades locales.

El tercer aspecto del informe se centra en el grado de cumplimiento del ciclo presupuestario y contable, revelándose un incumplimiento elevado de los plazos de aprobación del presupuesto del 2019, con 1.671 entidades, el 62% de las que rindieron cuentas, que lo hicieron con posterioridad al plazo legal, el 31 de diciembre de 2018. Incumplimiento que afecta también a la aprobación de la liquidación del presupuesto, aunque en mucha menor medida: 602 entidades rebasaron el plazo legal, el 22% de las que rindieron la cuenta general.

Además, en cuanto al ciclo contable, el 30% de las que presentaron sus cuentas formaron la cuenta general fuera de plazo y el 34% la aprobaron excediéndose del plazo legal.

Estas son las principales magnitudes presupuestarias y económico-financieras:

En cuanto a la liquidación presupuestaria, en conjunto, las 2.705 entidades locales que rindieron cuentas reconocieron obligaciones, es decir, efectuaron gastos, por importe total de 2.011 millones de euros, que en relación a los derechos reconocidos, con ingresos por importe de 2.080 millones, arroja un resultado agregado de 69 millones. Expresión, según dijo Amilivia, de que, globalmente, “las entidades locales de Castilla y León gozan de una situación económica saneada y deben formar parte de la solución a nuevos problemas como es el reto de la recuperación tras la crisis sanitaria de la COVID-19”.

El 72% de las entidades locales liquidó con resultado positivo, porcentaje que se eleva al 75% en el caso concreto de los ayuntamientos. En el 99% de las entidades el remanente de tesorería para gastos generales resultó positivo, alcanzando el importe agregado 900 millones, presentando una trayectoria ascendente en la etapa 2016-2019, con un crecimiento global del 27%. Asimismo los fondos líquidos de tesorería experimentan también una tendencia creciente en el periodo con un incremento del 29%, hasta alcanzar 980 millones de euros.

La evolución del endeudamiento financiero entre los ejercicios 2015 y 2018 muestra una tendencia decreciente en todos los ejercicios, con una disminución global del 31%.

Otro de los aspectos del informe es el referente a la contratación administrativa ya que las entidades tienen la obligación de remitir al Consejo la relación anual de los expedientes formalizados o, en su caso, una certificación negativa. A la fecha estipulada, hasta el 28 de febrero de 2020, solo habían remitido la información contractual de 2019 un total de 428 entidades, un 9% del total, cifra que se eleva a 1.228 entidades, el 26% si la fecha de referencia se extiende hasta el 31 de diciembre de 2020.

En cuanto a la obligación de remitir información sobre convenios, dentro del plazo estipulado, cumplieron con dicha información 170 entidades, el 3%, mientras que lo hicieron fuera de plazo 617.

A la vista de todo ello, el informe contiene las siguientes recomendaciones:

1. El Consejo mantiene la vigencia de las recomendaciones dirigidas a la mejora de la rendición de cuentas recogidas en las dos declaraciones suscritas por el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo autonómicos de fecha 21 de junio de 2017. En una de estas declaraciones, las instituciones de control externo consideran necesario llevar a cabo las reformas normativas oportunas para condicionar la percepción de subvenciones, ayudas o transferencias de otras Administraciones públicas en favor de las entidades locales, con independencia de su naturaleza, a la efectiva rendición de la cuenta general. Es relevante, por ello, subrayó Amilivia, la novedad introducida por la Consejería de la Presidencia en la orden de convocatoria del Fondo de Cooperación Económica Local General, al contemplar para el ejercicio 2021, por primera vez, como requisito a cumplir por las entidades beneficiarias, la rendición de cuentas ante el Consejo. “Saludamos la adopción de esta medida sin perjuicio de que a criterio del Consejo de Cuentas debiera hacerse extensiva a otras convocatorias de ayudas y elevarse su rango normativo, motivo por el cual en el informe se mantiene como recomendación en su sentido general”, significó

2. Las entidades locales deben incrementar sus esfuerzos para ajustar sus actuaciones a los plazos contemplados en la normativa respecto al ciclo presupuestario y contable; con especial atención a la aprobación de los presupuestos, que es la fase con mayor grado de incumplimiento.

3. La cuenta general debe ajustarse en los aspectos formales y estructurales a lo dispuesto en la normativa y debe contener la totalidad de los estados, cuentas y documentación complementaria establecidos en las instrucciones de Contabilidad para la Administración Local. A tal fin, resulta especialmente recomendable la utilización del validador externo de la Plataforma de rendición de cuentas con carácter previo a la tramitación de la cuenta.

4. Las entidades locales deben remitir anualmente al Consejo información sobre su actividad contractual y sobre los convenios celebrados.

El informe sobre la fiscalización de los SAT analiza la organización, medios personales y materiales, y las actuaciones realizadas por estos servicios de asistencia de las 9 diputaciones provinciales y de la Comarca de El Bierzo en 2019. Se destacan en primer lugar las conclusiones relativas a los incumplimientos reiterados a la obligación legal de rendir cuentas por los municipios de la Comunidad. Así, se pone de relieve, en relación a los municipios menores de 20.000 habitantes, que constituyen el ámbito de actuación de los SAT, que 384 ayuntamientos tienen pendientes de rendir las cuentas de varios ejercicios del periodo 2010-2019, sumando un total de 1.431 cuentas sin rendir.

13 ayuntamientos de 5 provincias, todos ellos con población inferior a 1.000 habitantes, no habían rendido ninguna cuenta en los últimos 10 años. Si se relaciona el número de consistorios de cada provincia respecto al total de los existentes en la Comunidad, las tasas de incumplimientos del deber de rendición de cuentas más elevadas corresponden a las provincias de Ávila, Segovia y Zamora.

Las siguientes conclusiones abordan el desempeño de la función de contabilidad en los ayuntamientos que incumplen reiteradamente la rendición de cuentas. Con respecto a los 384 históricamente incumplidores, la forma más habitual de provisión de puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional es el concurso, con 160 municipios; seguida por la provisión mediante nombramiento de personal interino en 157 ayuntamientos, siendo la acumulación la tercera fórmula más utilizada, 28 casos.

De los 384 ayuntamientos, más de las tres cuartas partes se encontraban agrupados con otros para el sostenimiento en común de un único puesto de Secretaría, valores que no difieren de los existentes a nivel autonómico. Los municipios que son cabeceras de agrupación presentan menor nivel de incumplimientos de esta obligación que el resto de los agrupados.

Las diputaciones ejercen en los expedientes de constitución de las agrupaciones competencias delegadas por la Junta de Castilla y León, correspondiendo a dichas instituciones velar por que las funciones públicas se ejerzan de forma adecuada. En los 47 ayuntamientos con mayor número de cuentas pendientes de rendir, que suman un total de 371, la contabilidad se encuentra a cargo de 34 secretarios-interventores.

El mayor número de cuentas pendientes de rendir (30) corresponde a un grupo de 3 entidades atendidas por el mismo secretario-interventor. En el caso de ayuntamientos agrupados, el mayor número acumulado de cuentas pendientes lo ocupan 4 municipios de una misma agrupación con el mismo secretario-interventor, sin que la cabecera de la agrupación figure en este listado.

El resto de conclusiones se detiene en el estudio de diferentes aspectos del funcionamiento de los SAT a los municipios. La Junta los viene financiando desde 1985 a través de la concesión de una línea de ayudas específicas, que en 2019 supusieron 2,9 millones de euros, sobre un presupuesto conjunto de 3,4 millones.

Sólo 4 diputaciones (Burgos, Segovia, Valladolid y Zamora) tienen establecido algún tipo de control sobre el desempeño de las funciones reservadas a funcionarios con habilitación nacional en sus municipios. Todas las diputaciones (salvo las de León, Salamanca y el Consejo Comarcal) desarrollan actuaciones de concienciación y formación dirigidas a cargos electos de los ayuntamientos para sensibilizar en el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas. Seis (Burgos, León, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora) manifiestan disponer de algún procedimiento de control ante situaciones de riesgo de incumplimiento de rendición de cuentas en sus municipios. Todas las diputaciones salvo dos (Salamanca y Valladolid) y el Consejo Comarcal han adoptado medidas concretas en el seguimiento de la rendición de cuentas.

En lo relativo a las dotaciones y estructura de los puestos de trabajo existentes en los SAT de las diputaciones y el Consejo, a 31 de diciembre de 2019 existían un total de 115 puestos, de los cuales se encontraban ocupados 108. La Diputación de Burgos es la más dotada, con 23 puestos, seguida de la de León con 22. Las de Salamanca y Zamora contaban con tan solo 4 cada una de ellas.

En relación a los efectivos existentes en 2011, las disponibilidades de los SAT han sufrido una disminución a nivel global de 25 empleados públicos, si bien los puestos de funcionarios con habilitación nacional se incrementan en 7.

En lo referente a la llevanza de la contabilidad por los SAT y otro tipo de asistencia contable, la Diputación burgalesa tiene establecido un servicio de contabilidad del que son beneficiarias 150 entidades (14 ayuntamientos eximidos del puesto de secretario-interventor y 136 entidades locales menores), percibiendo por dichos servicios una contraprestación anual en concepto de precio público.

La Diputación leonesa presta el servicio de contabilidad a 553 entidades locales y el Consejo comarcal lleva la de 281 pedanías, ambas sin contraprestación.

La de Palencia atiende a 32 entidades locales menores aplicando una tasa; la de Valladolid prestó servicios de contabilidad durante 2019 a 8 municipios sin contraprestación, y las de Ávila y Salamanca manifestaron no tener implantado dicho servicio.

Respecto a las prestaciones informáticas desarrolladas por las diputaciones y el Consejo Comarcal para las entidades locales, las entidades supramunicipales han instalado programas contables en un total de 2.321 entidades locales.

Las mejores ratios de cobertura informática contable en los municipios los presentan el Consejo Comarcal, con el 100%, y las diputaciones de Palencia, Valladolid y Burgos, con el 89%, 86% y 78%, respectivamente, mientras que los índices más bajos corresponden a Zamora, Salamanca, Segovia y Soria, que no llegan al 50% de municipios. En Ávila, la diputación no ha realizado ninguna iniciativa en este sentido.

En otro orden de cosas, las diputaciones de Ávila, Burgos, Valladolid y Zamora declararon la existencia de 29 puestos de trabajo de municipios eximidos de mantener el puesto de secretario-interventor. El desempeño de las funciones reservadas de Secretaría en 7 puestos se ejerce mediante acumulación; en los 22 puestos restantes dichas funciones corren a cargo del SAT, destacando los 14 puestos que asume la Diputación burgalesa.

El Consejo emite 8 recomendaciones, dirigidas tanto a las 10 entidades supramunicipales (diputaciones y Consejo comarcal), como a la Junta:

Entre ellas, las diputaciones de Ávila, Palencia, Salamanca y Soria, así como el consejo deberían establecer mecanismos de control para evitar que la falta prolongada de cobertura de los puestos reservados a funcionarios con habilitación nacional en algún ayuntamiento derive en disfunciones organizativas crónicas, dando lugar a incumplimientos en la actividad administrativa ordinaria, como la rendición de cuentas anual.

La Diputación de Ávila y el Consejo Comarcal deberían planificar adecuadamente tanto la dimensión de sus plantillas, como su organización para poder apoyar de forma rápida y eficaz a las entidades locales en la rendición de cuentas. Además, las diputaciones de León, Salamanca y Soria, así como el Consejo Comarcal deben desarrollar acciones de concienciación y formación entre todos los miembros de las corporaciones locales, orientadas a sensibilizar a dichos cargos electos en el cumplimiento de las obligaciones de rendición de cuentas.

Las diputaciones y el Consejo Comarcal deberían desplegar actuaciones en los municipios que incurren en incumplimientos reiterados. Las diputaciones de León, Palencia, Salamanca y Soria, además del Consejo, deberían llevar algún registro sobre la forma en que se ejercen las funciones públicas necesarias en las entidades locales. También, la Consejería de la Presidencia debería remitir a todas las diputaciones y al Consejo Comarcal los datos del Registro de los funcionarios con habilitación nacional que incidan en el desempeño de puestos reservados.

Por último, la Junta debería incorporar en las disposiciones normativas que regulan la concesión de ayudas para el sostenimiento de las oficinas de asistencia y asesoramiento a municipios de las instituciones supramunicipales unos estándares mínimos de prestación de servicios y eficacia. Y la autorización de acumulaciones de funcionarios con habilitación nacional por parte de la Administración autonómica debe restringirse al máximo, teniendo en cuenta el carácter subsidiario de este tipo de nombramientos, respecto a aquellas otras formas de provisión más acordes con la naturaleza de las ausencias o vacantes que se pretenden cubrir.