El riesgo de pobreza en Castilla y León es del 19,8 % frente al 26,4% estatal

La titular de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, ha asegurado hoy en Valladolid que el Gobierno de Mañueco está adaptando con éxito los sistemas de protección a la realidad social emergente tras la pandemia, y ha defendido que la innovación aplicada a la gestión y prestación de los Servicios Sociales constituye una de las herramientas más efectivas para combatir las nuevas formas de pobreza.

La consejera ha lanzado este mensaje durante la inauguración del II Foro Social del Grupo de Enlace del CES de Castilla y León, celebrado bajo el título ‘Estrategias de recuperación pos-COVID para la cohesión social’, junto al presidente de la institución, Enrique Cabero.

En su intervención, Blanco ha partido del análisis de las tres consecuencias que, a su juicio, ha traído consigo la crisis socio-económica derivada de la COVID. Ha citado en primer término las nuevas formas de pobreza, ya apuntadas en 2008, que ahora se intensifican. En este apartado ha englobado los “nuevos pobres provenientes del paro, de trabajos inestables y eventuales, de zonas urbanas marginales, de áreas rurales deprimidas y de familias desestructuradas”, además de la pobreza infantil, entre las personas mayores, los inmigrantes y los transeúntes, sin techo o sin hogar.

En segundo término, la consejera se ha referido al significativo incremento de la privación material severa, que se traduce en las mayores dificultades que tienen las familias para acceder al consumo de bienes y servicios básicos, lo que conlleva un “aumento preocupante de la vulnerabilidad en los sectores más desfavorecidos de la población”.

La tercera consecuencia de la crisis derivada de la COVID-19 es el crecimiento de la desigualdad, especialmente entre los colectivos más afectados, que son los jóvenes y las mujeres. “Es evidente que el aumento de la desigualdad y la relación entre desempleo y pobreza, ha supuesto un gran aumento de la vulnerabilidad, ha reducido los derechos sociales y ha precarizado de manera significativa los empleos”, ha sostenido la consejera.

Red de Protección a las familias vulnerables

Tras realizar este diagnóstico, la titular de Familia e Igualdad de Oportunidades ha desgranado los principales mecanismos de intervención y políticas que está aplicando la Junta para responder de forma eficaz a las nuevas necesidades sociales.

Se ha referido en primer lugar a la Red de Protección a las familias, capaz de garantizar la provisión, urgente en su caso, de productos de primera necesidad y ayudas para paliar la pobreza energética, una herramienta que proporciona unos ingresos mínimos, además de contar con diversas acciones encaminadas a facilitar su acceso al empleo como vía de inclusión social. A través de este paraguas social, se prestó apoyo a 384.000 personas el pasado año.

No obstante, Isabel Blanco ha recordado que Castilla y León presenta unos índices de pobreza por debajo de la media nacional, una circunstancia a la que contribuye, en su opinión, la existencia de esta Red de Protección.

En concreto, el riesgo de pobreza en esta Comunidad es del 19,8 %, frente al 26,4% de media estatal. Castilla y León es la cuarta autonomía con menor tasa de hogares con material severa –el 3,6 %, frente al 7 % en España– y ocupa esa misma posición en cuanto a la tasa de hogares sin capacidad para afrontar gastos imprevistos –que es del 25 %, cuando en el conjunto nacional se eleva al 35,4 %–.

Además, este territorio es el tercero en el contexto autonómico con menor porcentaje de hogares –el 7,1 %– que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada, una tasa que está cuatro puntos por debajo de la media nacional.

Renta Garantizada con la meta de la inserción sociolaboral del perceptor

En el catálogo de servicios de la Red de Protección figura la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC), un derecho subjetivo reconocido en el Estatuto, que la Junta va a reformular con el fin de que, en su convivencia con el Ingreso Mínimo Vital (IMV) estatal, la prestación autonómica siga cumpliendo el objetivo de conducir a sus perceptores hacia una verdadera integración social y laboral.

La consejera ha explicado que los perceptores del IMV no están vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción socio-laboral, como sí está previsto para los beneficiarios de la RGC, lo que está dificultando la aplicación de algunos programas de la Junta, como los orientados a fomentar la escolarización, reducir el fracaso escolar o promover la búsqueda de empleo.

Esto hace necesario “replantear la naturaleza de la RGC”, una vez superado el primer año de implantación del IMV, para garantizar a los perceptores del IMV en Castilla y León el derecho a la integración social y laboral.

Precisamente, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está participando en un informe a iniciativa propia del Consejo Económico y Social de Castilla y León sobre la ‘Convivencia Renta Garantizada de la Ciudadanía – Ingreso Mínimo Vital.

Por otra parte, Isabel Blanco ha anunciado que su departamento está ultimando ya, en colaboración con las entidades de la Plataforma de Organizaciones de Infancia de Castilla y León (POICyL) la Estrategia autonómica para la lucha contra la pobreza infantil, que se presentará antes de finalizar el año, y que dotará a las familias afectadas de los recursos necesarios para que puedan garantizar su adecuada atención, educación, cuidado y bienestar.

Lucha contra las desigualdades y por el desarrollo rural

Otra de las preocupaciones de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades es dar una respuesta a las necesidades del mundo rural, trabajando por erradicar las desigualdades y en favor de la cohesión social, a través del acercamiento de los servicios a las personas que viven en pequeños núcleos de población.

Una de las medidas más relevantes en este ámbito es la extensión del sistema de atención a la Dependencia 5.0 y, dentro de él, proyectos como ‘Atención en Red’, cuyo objetivo es facilitar a las personas mayores la posibilidad de vivir en su casa con los servicios que se prestan en un centro residencial o, si lo prefieren, vivir en una residencia, pero como si estuvieran en su propio hogar.

Este programa ofrece cuidados individualizados a las personas mayores, con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en centros residenciales o en su propio domicilio y lo hace además, centrándose en el medio rural, como respuesta inteligente y sostenible para la demografía de Castilla y León.

‘Atención en red’ pivota sobre 3 pilares, complementarios entre sí y que responden a las diferentes necesidades de las personas mayores: la atención básica a través de la ayuda a domicilio y la Teleasistencia avanzada; los programas ‘A gusto en casa’ y ‘Viviendas en Red’, y el nuevo modelo de atención residencial, que se va a blindar en una ley autonómica innovadora.

El Plan Familias y el impulso a la conciliación y la corresponsabilidad

Junto a esto, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades está poniendo el acento en fomentar las políticas de conciliación y de corresponsabilidad a través del Plan Familias, que aglutina todos los recursos, programas, servicios y subvenciones que la Junta ofrece a las familias. Son un total de 57 medidas con un impacto económico de 76 millones anuales, dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años, con una atención preferente al medio rural.

El apartado más relevante de este plan es el del impulso constante de las medidas de conciliación, como las ayudas para excedencias y reducciones de jornada, los programas Conciliamos y Crecemos, o el Bono Concilia.

Isabel Blanco ha recordado las mejoras introducidas en Conciliamos –que atiende las necesidades de conciliación de las familias con menores entre 3 y 12 años durante los periodos no lectivos de Navidad, Carnaval, Semana Santa y verano– y en Crecemos –pensado para los pequeños municipios que necesitan un recurso de conciliación para menores entre 0 y 3 años y la demanda en la localidad es inferior a 15 plazas–.

Junto a esto, el recientemente activado Bono Concilia ofrece una ayuda de 750 euros por hijo a las familias con niños de hasta tres años cuando los dos progenitores trabajan y hayan precisado el curso anterior de un recurso de conciliación, bien a través de un centro o bien a través a través de personas que se hayan encargado del cuidado de los menores.

Una labor de toda la sociedad

Finalmente, la máxima responsable del Gobierno autonómico en materia de Servicios Sociales se ha referido a la labor desarrollada por la Red de Igualdad de Mujer Rural, creada con el fin de generar estrategias de trabajo en el ámbito rural, así como favorecer el trabajo protagonista y dinamizador que lideran las asociaciones y federaciones de mujeres en el medio rural.

Isabel Blanco ha cerrado su intervención reconociendo que el momento actual exige medidas “nuevas, creativas y participativas” y reclamando el esfuerzo y la generosidad de toda la sociedad para colaborar en la lucha contra “injusticia social” que representan la pobreza y la exclusión social.