Almazán actualiza los precios de la residencia para controlar el déficit y "ser justos con los usuarios"

El pleno del Ayuntamiento de Almazán aprobó ayer miércoles, con 7 votos a favor y 6 en contra, la derogación ordenanza fiscal nº 9 y la aprobación simultánea de la norma reguladora del precio público por alojamiento y atención integral en la Residencia de Mayores Nuestra Señora de Guadalupe. Una decisión que llevará apareja la subida de las tarifas para un incremento medio mensual por usuario de 46,3 euros.

Teresa Ágreda, primer teniente de alcalde del municipio, argumentó esta actualización de los precios afirmando que "es nuestra responsabilidad ajustar los precios para controlar el déficit, que se arrastra desde 2018, y debemos hacerlo para ser justos con los pagos y que en situaciones similares los residentes paguen el mismo importe".

Así pues, desde el año que viene las tarifas quedarán de la siguiente forma: un residente válido abonará 945 euros mes, los dependientes de grado 1 pagarán 1.100 euros, los de segundo grado 1.200, los de tercer grado 1.300, y habitación individual tendrá un plus de 250 euros al mes. "La residencia de Almazán va a seguir siendo de las más económicas de la provincia y el Ayuntamiento será el que asuma las bonificaciones de aquellos residentes que no puedan hacer frente a los precios", puntualizó Ágreda.

Los dos partidos de la oposición en el Consistorio adnamantino, PP y PPSO, votaron en contra de esta actualización de precios. Mónica Machín (PP) refirió que "las personas más vulnerables no tendrían que ser responsables del aumento de los costes", y Miguel Armillas (PPSO) añadió que "me parece curioso que prevean un déficit de 100.000 euros sin preveer ninguna inversión, es injusto que los adnamantinos tengan que soportar los costes de un servicio que antes daba superávit".

Jesús Cedazo, alcalde de Almazán, pidió a ambos "dejar la demagogia al lado con un tema tan sensible como la residencia". Explicó que, desde la irrupción de la pandemia y para cumplir con la normativa, el personal ha debido incrementarse en el centro para pasar de los 40 trabajadores a rondar los 48. Añadió que "es lamentable es que Junta, con 1 sola residencia en Soria, haya recibido 90 millones del Gobierno para la residencia y no haya puesto un duro en las que no son suyas", pero afirmó que "el Ayuntamiento cumplirá, como hasta ahora, con la responsabilidad de prestar un servicio en calidad y conforme a la ley".