Tras medio año de inacción por parte del Gobierno de España, las provincias de Soria, Cuenca y Teruel aumentan su presión para la puesta en marcha inmediata de las ayudas al funcionamiento autorizadas por la Unión Europea para luchar contra la despoblación.
Existe una teoría en logística que señala que la última milla siempre es la más difícil de recorrer. Es más sencillo y más barato traer un producto desde Asia que recorrer los últimos pasos que separan la oficina de reparto del domicilio del cliente. Algo parecido está pasando con las ayudas al funcionamiento de las pymes y autónomos de las provincias despobladas de Soria, Cuenca y Teruel.
Habilitadas desde abril por la Comisión Europea, en lo que parecía el obstáculo más insalvable para lograr la fiscalidad diferenciada, las ayudas han dormido (y no está claro si aún lo hacen) el sueño de los justos en Madrid. Resulta curioso esa inacción en Madrid después de que todo el mundo haya reclamado para sí el mérito de haberlas logrado. Los socialistas sorianos, la Junta de Castilla y León (PP y Ciudadanos) o la Soria Ya (por intermediación de Teruel Existe) han levantado la mano para decir “esto es gracias a nosotros”.
Tengo para mí que nunca había llegado a esta situación sin el trabajo silencioso, planificado y muchas veces incomprendido de la Red SPPA. Un trabajo que demuestra, y ojalá aprendiéramos la lección, la importancia de tener personas que defiendan los intereses de un determinado colectivo en los centros de poder donde realmente se toman las decisiones. Es, amigos, el poder de los lobbies.
Sea como fuere, lo cierto es que las ayudas podrían estar en funcionamiento desde hace más de medio año. Durante todo este tiempo el Gobierno de España parece no haber hecho absolutamente nada para ponerlas en marcha. Puede ser porque no eran conscientes de la posibilidad, por no enfadar a sus socios nacionalistas o, directamente, porque el Partido Socialista no cree que sean una herramienta eficaz para luchar contra la despoblación. Si es por lo primero es una indecencia mayúscula, el segundo caso supondría el enésimo agravio territorial hacia la España del interior y si es por lo tercero el PSOE debería tener la valentía de dejar de jugar con Soria, Cuenca y Teruel para decirnos claramente que no se van a poner en marcha.
A base de presión, presión y más presión, se logró reflejar estas ayudas en la última línea de las disposiciones adicionales del proyecto de ley de los presupuestos. Un texto excesivamente genérico (no habla de Soria, Cuenca y Teruel, ni si quiera de provincias sino de ‘zonas despobladas’) que es a todas luces insuficiente porque, además, no dice ni cómo ni cuándo se pondrán en marcha. Una patada adelante que no puede contentar a nadie que de verdad quiera que estas ayudas se pongan en marcha.
Desde la Red SPPA se señala que técnicamente estas ayudas son muy fáciles de implementar pues ya existen similares para empresas que contratan a víctimas de violencia de género o a trabajadores de cierta edad. También señalan que no es necesario que aparezcan en los presupuestos pues no son una partida de gasto sino un decrecimiento de los ingresos (minúsculo para el Estado) de la Seguridad Social.
Tras un década de lucha y medio año de espera, Soria, Cuenca y Teruel continúan reclamando unas ayudas que beneficiarían al 99% de sus empresas y que vienen a compensar el sobrecoste que supone operar en un territorio despoblado; menor mercado de ventas, mas rigidez de proveedores, imposibilidad de aplicar la economía de escala… Ayudas para autónomos, profesionales, talleres, bares, tiendas… que podrían ver reducido en un 20% sus costes laborales pudiendo mejorar así tanto su viabilidad como los salarios de sus empleados.
La presión continúa, desde la calle, desde el parlamento, desde la patronal, desde los medios… porque cuando ya se pensaba conseguido, se ha descubierto con indignación y estupefacción que el último obstáculo parece ahora mismo el más difícil.