Las enmiendas del PP a los Presupuestos de Sánchez incluyen un plan global de lucha contra la despoblación

El Grupo Parlamentario Popular ha introducido en sus enmiendas parciales a los Presupuestos Generales para 2022 un plan de lucha contra el reto demográfico, al considerar que el Gobierno no tiene una estrategia nacional para combatir adecuadamente el problema de la despoblación en España, asunto que considera de vital importancia para la cohesión social y territorial de nuestro país.

El GPP constata el fracaso del Ejecutivo en la lucha contra la despoblación, y por ello propone un plan que contiene medidas en distintos ámbitos como el medioambiental, fiscal, cultural, educativo, infraestructuras, vivienda o de seguridad.

Iniciativas fiscales

En materia fiscal, el GPP pide bonificar el Impuesto de Sociedades un 50% para aquellas empresas cuya producción o facturación se genere principalmente, al menos en un 70%, en establecimientos localizados en municipios de menos de 5.000 habitantes.

Además, solicita ayudas estatales de finalidad regional, en el marco establecido a nivel europeo, para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, con el objetivo de corregir los desequilibrios que sufren estas provincias, a través de una reducción de los costes de gastos corrientes de las empresas. En especial, las destinadas a bonificar los costes de las cotizaciones a la Seguridad Social. Igualmente, velará por el desarrollo de planes de acción concretos que permitan contrarrestar en dichas provincias, y en otras afectadas, las dificultades demográficas. Se reclama que estas ayudas entren en funcionamiento en enero del año que viene.

Medidas medioambientales y empleo

Respecto a las medidas medioambientales, el GPP plantea crear el Fondo de Resiliencia y Restauración Ecológica al Reto Demográfico para incluir todas las actuaciones del Ministerio con impacto en la España rural, un plan de investigación científica y de innovación aplicado a la actividad cinegética.

También propone nuevas inversiones en materia de agua en el marco del Pacto Nacional por el Agua y actualizar el Plan Hidrológico Nacional, para atender las necesidades de todos los territorios y contribuir a la vertebración social y territorial del país.

Además, defiende suprimir la inclusión del lobo en el listado LESPRES, que supone la prohibición del control cinegético de la especie al norte del Duero, con la consiguiente amenaza para la convivencia entre el lobo y la ganadería extensiva. En todo caso, pide elevar a 100 millones de euros (frente a los 20 presupuestados) las ayudas a la ganadería extensiva para la cohabitación con el lobo.

Asimismo, el GPP reclama una transferencia a las Comunidades Autónomas para desarrollar acciones de empleabilidad para facilitar la incorporación de la mujer residente en estos municipios al mercado de trabajo y la creación de empleo mediante programas para facilitar el acceso a la actividad agraria.

También se plantean medidas de creación de empleo para jóvenes y mujeres facilitando los recursos para hacer viables las explotaciones (disponibilidad de agua para riego, costes energéticos, mejor maquinaria...), el desarrollo sostenible de la ganadería, el apoyo a la industria agroalimentaria y asegurar las rentas.

Fondos para conectividad, vivienda, cultura y seguridad

Por otro lado, el GPP reclama aumentar en 30 millones de euros la partida en infraestructuras de fibra óptica para municipios ubicados en zonas blancas necesitadas de conectividad; desarrollar un plan de acceso a la vivienda en el medio rural afectado por problemas de despoblación; 2.000 millones en ayudas para la estrategia de universidades activas contra la despoblación y 10 millones para un nuevo plan nacional de protección del arte sacro en el medio rural.

Además, se propone la creación de un complemento a los miembros de la Guardia Civil destinados en los municipios de los territorios afectados por la despoblación, para fomentar dichos destinos.

En el área de vivienda, se plantean enmiendas para que las Comunidades Autónomas desarrollen un plan de acceso a la vivienda en el medio rural, afectado por problemas de despoblación, por un importe de 200 millones. Se explica que la pandemia del Covid-19 ha puesto aún más en evidencia que la falta de vivienda genera serios problemas para aquellas personas que desean ir a vivir al medio rural.