Ocho comunidades autónomas exigen al Gobierno que reivindique ante Europa la situación de Soria, Cuenca y Teruel

En el día de hoy, la ciudad gallega de Santiago de Compostela ha acogido la rúbrica del denominado 'Acuerdo de Santiago' por el que ocho comunidades autónomas, Castilla y León, Galicia, Asturias, Cantabria, La Rioja, Aragón, Castilla-La Mancha y Extremadura instan al Gobierno a que aplique un sistema de financiación adaptado a los criterios demográficos de los territorios.

Un acuerdo en el que se exige que el Ejecutivo contemple una reforma en la distribución de fondos ya que en las zonas poco pobladas el coste de los servicios es mayor que en los grandes núcleos de población.

En la declaración se pone de manifiesto que las ocho regiones adheridas al acuerdo suman casi el 62% del territorio nacional y el 24,1 de la población del país. Cifras que dan testimonio de la "dispersión y despoblación" de estas zonas, lo cual imponen "retos específicos" a sus respectivas administraciones, esto es, la prestación de servicios públicos que para los moradores de dichos territorios, que deben ser materializados "con máximas condiciones de calidad en igualdad" que para el resto de los españoles.

Entre los 35 puntos que recoge la declaración figuran las tres provincias más despobladas de España, como son Soria, Cuenca y Teruel. Sobre ellas, el 'Acuerdo de Santiago' apoya las intenciones de sus respectivas comunidades autónomas, y reconoce que son las únicas con densidades de población inferiores a los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, por lo que "deben de contar a nivel europeo con el mismo trato que las zonas consideradas 'escasamente pobladas' que en la actualidad son aquellas con menos de ocho habitantes por kilómetro cuadrado".

Del mismo modo, los presidentes de las ocho regiones solicitan al Gobierno "que demande de la Unión Europea que, en la necesaria ampliación del concepto de 'zona escasamente poblada' se tengan en cuenta también otros aspectos fundamentales en la estructura demográfica, como son el envejecimiento y el sobreenvejcimiento, la dispersión poblacional, o la baja natalidad". En este punto se concreta que de esta manera "más zonas del territorio nacional podrían tener acceso a las medidas de apoyo específico diseñadas por las instituciones europeas".

La declaración también añade una adenda en la que se aboga por la ganadería extensiva, siendo las ocho comunidades las que albergan la práctica totalidad de ejemplares de lobo ibérico. Por ello, apoyan un modelo de coexistencia basada en las medidas ya contempladas en los planes de gestión de esas comunidades. "Pedimos al Gobierno central que recupere el espacio de consenso y diálogo sobre la gestión del lobo en nuestro país", concluye el documento.

El acuerdo puede ser consultado literalemente en este enlace o en el documento adjunto.