Las personas con discapacidad reclaman una reforma constitucional para hacer valer sus derechos

Este viernes 3, con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad, diferentes asociaciones de la capital han instalado una mesa informativa en la plaza Mariano Granados para dar visibilidad a esta poblemática y se ha dado lectura a un maninifiesto por parte de agrupados a dichos colectivos. El discurso tenía como lema 'Por la culminación de la primera reforma social de la Constitución Española'.

Esta jornada que se celebra en todo el mundo tal día como hoy viernes, por acuerdo de la ONU en 1992, con el objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para spectos claves relativos a la inclusión de personas con discapacidad en la sociedad.

En convocatoria de este año, en el centro de la capital soriana se han dado cita difersos colectivos, pertenecientes a asociaciones y federaciones como ASAMIS, ASOEM,

ASOVICA, ASPACE, AUTISMO, FADISO, FIBROAS Y PARKINSON Soria.

Manifiesto:

En las sociedades democráticas, la Constitución es la máxima y superior expresión del

ordenamiento jurídico; la que establece los derechos y deberes de la ciudadanía; la que

ordena la convivencia social conforme a los principios y valores de la libertad, la

igualdad y el pluralismo; la que define y asegura las formas de democráticas de gobierno

y la que regula el funcionamiento de los poderes públicos, que han de estar al servicio

de la comunidad, promoviendo el bien común.

Las personas con discapacidad, como parte valiosa de la familia humana y de las

comunidades sociales y políticas en que esta se organiza, han de tener reflejo en las

Constituciones desde un enfoque exigente de derechos humanos, que garantice su

inclusión, participación y bienestar, sin discriminaciones ni relegaciones de ningún tipo.

La Constitución Española de 1978, vigente en la actualidad, incorporó expresamente a

las personas con discapacidad a su texto, dedicándoles el artículo 49, lo que representó

un gran avance por cuanto este grupo social, tantas veces omitido y desconsiderado a

lo largo de la historia, gozaba de visibilidad, siendo relevante a los efectos de la

promoción y la protección constitucionales de sus derechos.

A pesar de ese logro -pocas Constituciones en el mundo en ese momento tenían

presente a las personas con discapacidad-, tras más de cuarenta años desde la

aprobación de la Constitución Española, su artículo 49 necesita una renovación, porque

ni la terminología empleada ni el contenido están alienados con la visión plena de

derechos humanos, que es el único abordaje admisible en relación con la discapacidad.

La Constitución de 1978 se mejora a sí misma, ahonda y extiende sus principios, valores

y mandatos si actualiza su mirada sobre las personas con discapacidad.

Consciente de esta necesidad de cambio, el movimiento social de la discapacidad lleva

años proponiendo la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, que sería la

primera de contenido nítidamente social del Texto Legal máximo en sus más de cuatro

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décadas de vigencia. Y esto, siempre con el mayor de los consensos políticos y sociales,

pues los derechos de las personas con discapacidad son un elemento del acervo

compartido de las sociedades democráticas avanzadas, que sirven para superar las

disputas y las fracturas tan extendidas hoy en la vida política.

Tras años de esfuerzo del sector social de la discapacidad, auténtico promotor de este

proceso de modificación constitucional, en la primavera de este año 2021 llegaba por

fin a las Cortes Generales, remitido por el Gobierno de España, un proyecto de reforma

del artículo 49 de la Constitución Española, que espera a ser debatido y tramitado, si

reúne las mayoráis reforzadas necesarias cuando se trata de cambios en el texto

constitucional, para resultar aprobado y entrar finalmente en vigor.

La reforma propuesta, producto de debates parlamentarios, sociales y académicos

previos, que alcanzaron un elevado grado de coincidencia, destierra expresiones

hirientes e insostenibles por más tiempo para referirse a las personas con discapacidad

(“disminuidos”) y dota de un nuevo contenido al artículo con arreglo a los conceptos,

valores y propósitos que hoy configuran un entendimiento y práctica apropiados de los

derechos y deberes de las personas con discapacidad, incluidas las mujeres y niñas, a

quien se menciona expresamente.

El clamor ciudadano que ha alentado esta reforma -que en sí y por sí misma es una

mejora del país, que eleva la calidad del texto constitucional y su nivel de exigencia

ética, política y jurídica, al comprometerse más intensamente con los derechos, la

inclusión y el bienestar con esa parte de la diversidad social que son las personas con

discapacidad- ha de verse necesariamente acompañado por todas las fuerzas políticas

con representación parlamentaria, mediante la expresión de un apoyo firme y claro.

Ante este hito social, que después de muchas vicisitudes y dilaciones hoy es más real y

cercano que nunca, desde el movimiento CERMI, en el Día Internacional y Europeo de

las Personas con Discapacidad, reclamamos a todos los partidos políticos, es especial a

aquellos que han mostrado reticencias, que se sumen, con su respaldo, interviniendo

parlamentariamente para perfeccionar el texto de partida, a la primera reforma social de

la Constitución Española, que viene de la mano de las personas con discapacidad y de

sus familias, y que no pretende sino hacer de nuestro país un proyecto más sugestivo y

decente de vida en común.