ASAJA también rechaza el Plan Hidrológico del Duero

ASAJA de Castilla y León, cuya directiva se ha reunido hoy en Valladolid con la presencia del presidente de ASAJA Soria, Carmelo Gómez, y la vicepresidenta de la organización profesional agaria en la provincia (OPA), Ana Pastor, ha rechazado de plano la propuesta del Plan Hidrológico del Duero y apoyado una batería de alegaciones al documento que la OPA ha presentado hoy ante el Organismo de cuenca. El documento recoge varias alegaciones generales y de especial relevancia en cuanto a las posiciones defendidas por la organización en defensa del regadío, del sector agrario y ganadero y del medio rural en su conjunto, así como alegaciones más concretas y particulares a medidas propuestas en el proyecto del Plan Hidrológico.

La agrupación dice “no” a este plan hidrológico -"diseñado desde los despachos", y para el cual "trabajaremos en un frente común con el resto de las organizaciones, regantes y, por supuesto con la Junta de Castilla y León, contra su imposición sin consenso en nuestro territorio". Un territorio en el que hay solo un 15 por ciento de superficie de regadío, cuando la media española está en un 23 por ciento, y en comunidades autónomas con mucha menos capacidad hídrica, como Andalucía, llega al 28 por ciento. "Si hoy Castilla y León cuenta con 550.000 hectáreas de riego, en buena lógica el objetivo debería ser alcanzar 850.000 hectáreas, para igualarnos a la media española. Pero la propuesta de Plan Hidrológico del Duero propone justo lo contrario".

"Ni un regadío más y eliminar parte de los que existen"

Para la organización, el principal objetivo del nuevo plan es reducir el consumo de agua. "La Confederación elige la vía más fácil: ni un regadío más, incluso eliminación de parte de los que hay, y menor dotación para los ya existentes, en lugar de tratar de ampliar recursos", proponen en ASAJ resumiendo su propusta en "una mayor regulación para disponer de más capacidad de almacenamiento".

Por otro lado, en ASAJA consideran que la intención del plan tiene carácter recaudatorio. "Habrá mayores tasas e impuestos sobre el uso, incluso se sopesa poner precio a la propia agua". Algo a lo que se oponen "de plano" en la OPA, donde recuerdan que los regantes ya financian las propias estructuras. A la vez, el plan no menciona inversiones en las 120.0000 hectáreas de regadío pendientes de modernizar en Castilla y León, "y por supuesto no propone ninguna nueva". También reclaman que sean garantizadas las concesiones y usos actuales en regadíos de aguas subterráneas, con las medidas necesarias, como nuevas regulaciones de ríos, inversiones para aumentar el almacenamiento e incluso la recarga de acuíferos.

"Pero no es solo el uso del agua, la propuesta del Plan Hidrológico marca severos límites a la actividad agrícola: establece mayores trabas burocráticas y medioambientales en abonados y tratamientos tanto en tierras de regadío como de secano", aducen. Para ASAJA, en el Plan la Administración se "extralimita" al imponer restricciones agronómicas a fincas particulares de forma general, "suplantando a la propia administración agraria". Además, en determinadas masas con problemas, "bloquea las concesiones, incluso cuando se trata de volúmenes menores, lo que significa impedir de plano la instalación de cualquier pequeña agroindustria o explotación, demostrando muy poca sensibilidad con el problema de la despoblación rural".

La protección de los cauces, "imprescindible"

Por último, el proyecto, según la organización profesional agraria, el plan propone la eliminación progresiva de medidas de contención de los ríos. "La Confederación opta por la mínima intervención, es decir, que los cauces se 'autorregulen' por sí mismos". Algo a lo que se opone frontalmente ASAJA, porque las estructuras de protección de los cauces "siguen siendo imprescindibles para reducir los efectos de las grandes avenidas por tierras de cultivo y poblaciones. Es más, pedimos justo lo contrario, una mayor limpieza de los cauces para evitar inundaciones".

"Todo esto lo quiere hacer el Ministerio de Transición Ecológica a cuenta de otros, porque de los 2.743 millones presupuestados para el plan, piensa asumir apenas la novena parte. El resto, que paguen a escote la UE, las comunidades autónomas, las entidades locales y, por supuesto, los propios regantes", calculan.

Sobre el plan que regulará los usos de la cuenca principal del territorio de Castilla y León, en ASAJA han recordado que ya expresaron sus críticas con su voto en contra, "casi siempre en soledad, porque ya se veía que la Confederación apuntaba al regadío como un enemigo a batir". Se trata de una observación hecha que ahora parece que quiere ser materializada. "Un temor que ahora se ha confirmado”, señala Donaciano Dujo, presidente de la organización profesional agraria.

"En otras circunstancias", continúa el dirigente agrario, "podríamos creer que la Confederación está marcando unos máximos sobre los que, tras escuchar a los afectados, y el sector agrario lo es en principal medida, negociaría unas medidas sensatas, que permitieran la sostenibilidad del recurso y la continuidad de su uso. Pero en este momento solo podemos temer lo peor, puesto que el ministerio del que depende el organismo de cuenca está liderado por el equipo más radical que hemos conocido, con Teresa Ribera al frente".

Para ASAJA, tratar de debilitar el regadío en Castilla y León revela el "profundo desconocimiento de la realidad de nuestras explotaciones", las cuales soportan un grave problema de rentabilidad, y para las que el regadío es "una promesa de sostenibilidad y futuro, como se prueba en que son precisamente los núcleos con regadío en los que se asienta más población joven: dos de cada tres de los jóvenes que se incorporan a la agricultura lo hacen en explotaciones de regadío. Eso sin olvidar los problemas de abastecimiento de alimentos que implicaría mermar la superficie de regadío, justo la más productiva".