Castilla y León recibirá 11,5 M€ para la creación de 1.255 nuevas plazas de Educación Infantil

El Boletín Oficial del Estado publica hoy el Acuerdo de 25 de noviembre de 2021, de la Conferencia Sectorial, por el que se aprueba la propuesta de distribución territorial y los criterios de reparto de los créditos gestionados por Comunidades Autónomas destinados al Programa de impulso de escolarización en el primer ciclo de Educación Infantil con nuevas plazas de titularidad pública, prioritariamente para edades de 1 y 2 años, en el ejercicio presupuestario 2021.

De estos fondos, corresponden a Castilla y León 11,5 millones de euros para las 1.255 plazas correspondientes a 2021, otros 19 para las de 2022 y 7,7 más para 2023, de modo que, a nivel nacional, estas partidas, incluidas en el Componente 21 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, se completarán en los años 2022 y 2023 con una inversión total de 670,1 millones para la creación de más de 65.000 plazas públicas y gratuitas.

Estas nuevas plazas gratuitas de titularidad pública, 3.765 en total en Castilla y León en los próximos tres años, se podrán crear hasta el 15 de septiembre de 2024.

El impulso a la escolarización de 0 a 3 años es una de las principales inversiones educativas del Plan de Recuperación, ya que la participación en esta etapa es uno de los predictores más importantes de la mejora de los resultados y del desempeño educativo futuro de los menores. Además, la disponibilidad y accesibilidad a estas plazas contribuye a la igualdad de oportunidades y la inclusión social.

Se trata de una medida de gran impacto social, porque facilitará a más de 65.000 familias el poder escolarizar a sus hijos desde la primera infancia, lo que aliviará la economía de muchas parejas y les permitirá también reincorporarse antes a la vida laboral activa, especialmente a las mujeres jóvenes, ya que suele ser sobre las que recae mayoritariamente el cuidado de los hijos.

Los fondos que hoy publica el BOE son una inversión en bienestar social, en calidad y equidad educativa y en equilibrio territorial, puesto que en su implantación se deberá priorizar el acceso del alumnado en zonas con mayor incidencia de riesgo de pobreza o exclusión social y la extensión a áreas rurales.