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La Diputación carece de planes específicos para la administración electrónica en los municipios, según el Tribunal de Cuentas

La Diputación carece de planes específicos para la administración electrónica en los municipios, según el Tribunal de Cuentas

PROVINCIA
Actualizado 12/01/2022 12:25

El servicio prestado por las diputaciones provinciales se utiliza por el 98% de los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes de Castilla y León.

La Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPAC) y la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), ambas de 2015, han convertido la tramitación electrónica en su actuación habitual, tanto para sus procesos de gestión interna, como para las relaciones con los ciudadanos y entre distintas administraciones. Por esta razón, la Comisión de Coordinación del Tribunal de Cuentas y de los Órganos de Control Externo Autonómicos acordó la realización de una fiscalización coordinada en materia de administración electrónica.

Según le Tribunal de Cuentas de Castilla y León, este trabajo combina la auditoría de cumplimiento de la legalidad y la auditoría de gestión. Por una parte, verifica el ejercicio por parte de las diputaciones de sus competencias en la prestación de servicios de administración electrónica a los municipios con menos de 20.000 habitantes y la aplicación por los ayuntamientos de la normativa relacionada. Por otro lado, examina los programas presupuestarios destinados a la administración electrónica y analiza la transformación digital de los siete ayuntamientos de la Comunidad con población entre 10.000 y 20.000 habitantes.

El ámbito temporal de la fiscalización abarca el ejercicio 2019 y se extiende hasta el 2 de abril de 2021, fecha en la que entraron en vigor las últimas previsiones relativas a la administración electrónica contenidas en la LPAC.

Así, en el organismo que encabeza Mario Amilibia, han expuesto que todas las diputaciones ofrecen el servicio de administración electrónica a los municipios con población inferior a 20.000 habitantes. Si bien, cinco de ellas, entre las que se encuentra Soria ( junto con Ávila, Burgos, Palencia y Salamanca), no disponen de planes específicos para implantar la administración electrónica en los ayuntamientos. Como norma general las diputaciones incluyen este servicio entre los que prestan los Servicios de Asistencia Técnica a municipios (SAT), sin crear una estructura diferenciada. La Diputación de Salamanca encarga esta prestación, como el resto de su actividad informática, a un organismo autónomo.

Más de la mitad de las diputaciones carece de disposiciones normativas que regulen de forma específica los servicios de administración electrónica a prestar a las entidades locales.

El servicio prestado por las diputaciones se utiliza por la práctica totalidad de los 2.232 ayuntamientos castellanoleoneses menores de 20.000 habitantes, el 98,3% (2.194). En todos los casos el servicio se presta íntegramente sin contraprestación económica, a excepción de la Diputación de Segovia.

Todas las diputaciones han externalizado el servicio integral, habiendo recaído todas las licitaciones en una misma empresa. Ninguna de las diputaciones, salvo Valladolid, aporta informes o estudios para fundamentar el modelo elegido.

Únicamente la Diputación de Salamanca utiliza la figura del convenio para formalizar con los ayuntamientos la prestación del servicio de administración electrónica. Otras, como las de Ávila, Segovia, Valladolid y Zamora requieren a los ayuntamientos la presentación de una solicitud de adhesión al servicio.

Al cierre de 2019, el conjunto de las nueve diputaciones ha implantado en los ayuntamientos un 82% de los ocho servicios de administración electrónica cuya entrada en vigor no fue objeto de prórroga. En cuanto a los cinco servicios objeto de prórroga (2 de abril de 2021) el nivel general de prestación se sitúa en el 71%. Las diputaciones también ofrecen otros servicios accesorios para la implantación de la administración electrónica.

La totalidad de estas entidades prestan asistencia a los ayuntamientos para la elaboración de normativa en materia de administración electrónica. Adicionalmente, las diputaciones de Ávila, Burgos, León y Zamora han elaborado modelos de normativa para su utilización por los ayuntamientos.

Todas instituciones de este tiopo, salvo la de Palencia, imparten formación al personal de los ayuntamientos a los que se presta el servicio. No obstante, la de Palencia, incluye en el pliego de contratación formación continua a cargo de la adjudicataria.

La mayoría de ellas aporta como indicadores de seguimiento de la prestación informes extraídos de la plataforma que no proporcionan una visión completa al no ofrecer datos sobre la actividad total del ayuntamiento.

'Carta de Servicios'

En su mayoría diputaciones carece de 'Carta de Servicios' para ofrecer a los ayuntamientos garantías de calidad. La de Palencia tiene aprobada una Carta de Servicios del SAT que incluye el servicio de la administración electrónica y varios indicadores. Únicamente la Diputación de Segovia solicita sistemáticamente a los ayuntamientos una evaluación del servicio prestado, mediante encuesta periódica.

En 2019 la prestación del servicio de administración electrónica representó en conjunto el 17% del gasto de los SAT. En términos absolutos, las Diputaciones de Burgos, Salamanca y Valladolid, fueron las que mayores recursos destinaron, superando en los tres casos los 300.000 euros.

Las diputaciones realizaron pagos a la adjudicataria del servicio de administración electrónica por un importe total de 1,3 millones de euros. El análisis comparativo del coste del servicio contratado muestra que, aunque se presta por la misma empresa en las distintas provincias, existen importantes diferencias.

Para el correcto funcionamiento del servicio es necesario disponer de elementos accesorios como certificados digitales o equipos de usuario que deben costearse los propios ayuntamientos, ofreciendo las diputaciones de Burgos, Palencia y Salamanca diferentes sistemas para sufragar estos costes.

Los siete ayuntamientos de la Comunidad con población entre 10.000 y 20.000 habitantes disponen, en mayor o menor medida, de un sistema de administración electrónica. Los sistemas implantados cumplen con buena parte de los requisitos que marcan la LPAC y la LRJSP. Únicamente Astorga presenta un nivel global negativo al no alcanzar un resultado satisfactorio en 10 de los 12 ítems revisados.

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