Los afectados por el 'embudo' del Alto del Espolón denuncian la "persecución" del Ayuntamiento de Soria

Los vecinos afectados por el estrechamiento en el Alto del Espolón vuelven a la carga. Denuncian públicamente una "persecución" por parte del Ayuntamiento de Soria y critican que el Consistorio "ignora el problema, no dialoga y expone a los ciudadanos al contagio del Covid".

Lo hacen a través de un comunicado en el que insisten en que desde 2017 el Ayuntamiento capitalino "no ha querido solucionarlo de forma fácil, rápida y económica, bien reponiendo el paso de peatones suprimido o ensanchando el callejón, como le han planteado tanto los vecinos de la parte alta de Soria como los innumerables ciudadanos de otros barrios que lo utilizan".

Ante esta falta de diálogo, los afectados se han visto en la necesidad de constituir la Asociación de Peatones Afectados por el Callejón del Espolón (APACE), para "defender sus legítimos derechos y establecer acciones judiciales", expresan en este mismo documento.

La cosa no queda ahí, pues según APACE, el Ayuntamiento les impide ejercer su derecho a queja "sirviéndose de sanciones administrativas". Lo referido por la asociación se incluye a continuación de forma íntegra.

Como las protestas de los ciudadanos no cesan y las quejas de los vecinos son clamorosas, el Ayuntamiento ha decidido “pasar al ataque” por medio de la Policía Local para sofocar las críticas mediante acciones represivas, como son las sanciones administrativas.

El 12 de enero a un ciudadano, afectado por esta situación, que pertenece a la asociación APACE, el Ayuntamiento de Soria le ha impuesto una multa de 100 euros por haber puesto en el muro del callejón un cartel de 20 x 30 cm que decía: “LOS PEATONES NECESITAMOS MÁS ESPACIO”.

Las circunstancias que rodearon la intervención policial fueron sencillamente escandalosas, porque la presencia policial se llevó a cabo con un llamativo, sorprendente y desproporcionado despliegue de medios, de vehículos, de fuerza y de intimidación. En el momento de colocar el cartel, le abordaron de improviso nada menos que cinco agentes de la policía local, que procedieron a identificarle, incautarle el material y denunciarlo, increpándole además por parte de alguno de ellos como si se tratara de un peligroso delincuente. El Ayuntamiento no muestra la misma diligencia en el caso de los grafiteros.

Ya es casualidad que en la rotonda adyacente se haya detectado la instalación de una cámara de televisión que debería tener el cometido de vigilar el tráfico rodado, aunque por la orientación del artefacto y la sorprendente rapidez con que hizo acto de presencia la policía en el lugar de los hechos, se tiene la sospecha de que fue precisamente la cámara de televisión de tráfico la que le permitió a la fuerza pública local, activar desde el correspondiente centro de control la desproporcionada intervención policial.

A la vista de este incidente APACE promoverá, ante la Agencia Estatal de Protección de Datos Personales, una investigación sobre el uso que el Ayuntamiento de Soria pudiera estar haciendo de las cámaras de televisión que tiene instaladas en las vías públicas de toda la ciudad, en teoría para controlar el tráfico rodado y velar por la seguridad vial, por si la Policía local o la Autoridad Municipal hubieran podido incurrir en desviación de poder, o haberse excedido en sus atribuciones con la utilización abusiva de esta clase de mecanismos.

Se han celebrado concentraciones de protesta junto al embudo, protestas en los medios de comunicación locales, se ha intentado dialogar para encontrar una solución sencilla y económica y se ha requerido el auxilio de otras instituciones como el Procurador del Común de Castilla y León, al cual el Ayuntamiento no ha facilitado toda la información que le solicitaron

Por último, durante la pandemia que nos aqueja y teniendo en cuenta la obligación jurídica de respetar las distancias interpersonales de seguridad, se ha estado insistiendo en los peligros de contagio que entraña para los peatones el tener que deambular en fila india durante los 27 metros que mide el trayecto, cruzándose a menos de 40 centímetros con los peatones que efectúan el mismo recorrido del embudo, pero en sentido opuesto. Todo en vano. La callada por única respuesta. Oídos sordos municipales al riesgo sanitario.

Al principio los peatones accedían al Espolón, desde Mosquera de Barnuevo o desde el Parque de la Dehesa y viceversa, a través de un paso de peatones debidamente señalizado, idéntico al que todavía persiste en la salida del parking del Olivo, junto a la calle Claustrilla. Pues bien, para el Ayuntamiento este paso de peatones no es peligroso y el del Espolón si lo era (dos varas distintas de medir para idéntico problema), tampoco quiso dialogar, sino que, de la noche a la mañana suprimió el mencionado paso de peatones y levantó el pavimento de entrada/salida del parking casi medio metro, desviando el agua de lluvia al embudo lo que impide el paso por el mismo cuando llueve y se convierte en un rio.

Por todo lo anterior APACE, ante la contumaz falta de respuesta a sus reiteradas peticiones de solución del problema y del escaso eco que están teniendo en el Ayuntamiento las quejas de la ciudadanía, ha resuelto iniciar acciones judiciales para que el Ayuntamiento corrija, u obligue a corregir a quien corresponda, las deficiencias de las obras ejecutadas, ilegales a nuestro parecer, o las palíe de manera que resulte eficaz y satisfactoria para la salud, la seguridad y la comodidad de los peatones que transitan por aquella zona.