El lunes arranca en Soria el juicio por delito ambiental contra Distiller SA

Después de 5 años, se va a celebrar el juicio en vía penal contra la empresa Distiller S.A. por unos vertidos procedentes del subsuelo de su factoría de tratamiento de residuos tóxicos al arroyo de Los Caños, tributario del río Val, en la localidad de Ólvega, provincia de Soria. En concreto se va a sentar en el banquillo el representante legal de la empresa, al que se le acusa de delito “contra los recursos naturales y el medio ambiente, previsto y penado en el artículo 325.1 y 2 del Código Penal” en relación con el Dominio Público Hidráulico y los suelos.

Según informa la asociación ecologista Asden, el acusado, previamente a este juicio, ha tenido que depositar una fianza de 405.000 euros, que es el valor de los daños al medioambiente que la fiscalía ha apreciado, y que da una idea de la gravedad de los hechos que se juzgan. Hechos que pueden llevar aparejada la pena de 3 años y 6 meses de prisión e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión durante 2 años.

La acusación de la fiscalía se fundamenta en que la empresa DISTILLER dispone de dos tuberías de vertido desde el subsuelo al arroyo Los Caños, que se deben considerar ilegales en tanto que contradicen la Autorización Ambiental Integrada y la normativa de aguas.

Además los análisis realizados por la Unidad Técnica de la Fiscalía de Sala Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado indican la presencia en el arroyo de los Caños de elevada concentración de metales pesados y compuestos orgánicos derivados del petróleo que tienen la consideración de sustancias tóxicas, persistentes y bioacumulables. Todo lo cual indica, según la misma fiscalía, que se ha realizado el vertido de residuos peligrosos que conllevan un riesgo significativo para la salud de las personas (volatilización de gases, afección a otros aprovechamientos) y para el medio ambiente.

A pesar de los intentos de la empresa por evadir su responsabilidad, hay documentos que demuestran que el suelo y agua subterránea de dentro de su recinto presenta alta concentración de las sustancias que la relacionan con la contaminación detectada en su entorno próximo y en el arroyo.

A estos hechos, que ahora se enjuician como penales, hay que sumar otra serie de incidencias ambientales como son vertidos en el año 2012 y 2014, y dos incendios de residuos acumulados en la plataforma exterior de la empresa en diciembre de 2016 y agosto de 2017. Además hay que incluir la emisión difusa de sustancias tóxicas a la atmósfera y la incorrecta gestión de los residuos según quedó demostrado en el expediente sancionador abierto por Junta de CyL en el año 2018. A pesar de los antecedentes y de la apertura del juicio oral dictada por el Juez en marzo de 2021, la Junta de CyL va autorizar una ampliación de la fábrica con objeto de implantar un proceso industrial de incineración que ha sido masivamente protestado por el vecindario de Ólvega.

El que se haya investigado y sancionado administrativamente en anteriores ocasiones a Distiller en Ólvega, y ahora se haya iniciado este juicio penal ha sido gracias a Ecologistas en Acción que ha informado del vertido y ha aportado a la Fiscalía análisis de laboratorios independientes que indicaban la presencia de altas concentraciones de sustancias tóxicas. Asden critica que "el Ayuntamiento de Ólvega, la Junta de CyL y la CH. del Ebro han demostrado su ineficacia para evitar y sancionar proporcionalmente los vertidos de Distiller, y los de otras empresas como son los que descubrió el SEPRONA en 2017 en la fábrica de pelotas de Golf de Replay, en la de Campofrío y en la de grasas Logar). Sin olvidar los más recientes vertidos de la fábrica de quesos de una empresa ligada a Valle de Odieta que promueve la macrovaquería de Noviercas".