La empresa Distiller, en Ólvega, condenada por delito ambiental

El colectivo Ecologistas en Acción ha informado este martes que en el juicio por vía penal, celebrado ayer lunes, el responsable de la empresa Distiller SA, ha aceptado la condena por delito ambiental en el tipo básico establecido en el artículo 325 del Código Penal, ya que los vertidos hechos por la firma, con una planta en Ólvega, "han causado daños sustanciales a la calidad del del suelo y de las aguas y contravenían las leyes protectoras del medio ambiente".

Según la agrupación ecologista la condena recibida es de cinco meses de prisión, multa de quince euros al día durante ocho meses, inhabilitación por este tiempo para ejercer su cargo de administrador de empresas, restauración del medio deteriorado y una indemnización de 100.000 euros a la Junta de CyL. "En todo caso habrá que esperar a que se dicte la sentencia para conocer con precisión los términos de la misma", indican.

Para Ecologistas en Acción, la importancia de este juicio está en que demuestra que las asociaciones ambientales "son necesarias y prestan una excelente ayuda a las administraciones que quieren realmente proteger la salud ambiental y hacer cumplir la ley, y que con ella se ha impedido que la contaminación tóxica se pare y restaure el medioambiente afectado. También es un aviso para aquellos delincuentes ambientales que se sienten impunes, y en especial para aquellos que se enriquecen ante la falta de control administrativo, o cuentan con apoyo político".

En el otoño de 2016 asociados de Ecologistas en Acción de Soria, tras ser avisados por los vecinos de la existencia de olores irritantes que procedían del polígono industrial de Ólvega, detectaron que tales olores procedían de la empresa ahora condenada y que los mismos "estaban presentes también en las aguas y limos del arroyo de Los Caños".

Ante la sospecha de su toxicidad se envió una muestra de agua contaminada para ser analizada en un laboratorio acreditado, cuyos resultados indicaban que efectivamente había una concentración de varias sustancias tóxicas como hidrocarburos, algunos clorados, y de metales pesados.

Considerando este análisis y la información aportada por los ecologistas como un indicio de delito ambiental, la Fiscalía realizó una inspección a la zona con toma de muestras de agua y de tierras, que dio lugar a que se iniciara un proceso judicial, que finalmente y tras 5 años ha acabado en un juicio oral celebrado ahora en el que la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León ha ejercido de acusación popular.

La diligencias de la Fiscalía, la intervención del equipo del Seprona de la Guardia Civil y la presencia del colectivo denunciante en el proceso judicial han sido los "elementos disuasorios adecuados para que la empresa haya adoptado medidas previamente a la celebración del juicio, y así minimizar los graves problemas y daños ambientales que ha estado generando la planta de Distiller en Ólvega. Según la propia empresa, el coste de tales medidas le ha supuesto un desembolso de 650.000 euros, de momento", exponen los ecologistas.

También afirman que "estos olores y vertidos eran evidentes para las administraciones con competencias en Ólvega, las cuales podrían haber actuando para prevenir y luego reducir los daños ambientales". Así, han apuntado que el Ayuntamiento de Ólvega que tal y como consta en documentación del juicio "no sabía que varias empresas estaban vertiendo ilegalmente a su colector municipal de pluviales, que según los análisis periciales de la propia Distiller han seguido realizando otras empresas. Todo ello en consonancia con la forma de actuar del anterior alcalde de Ólvega se enteró por la prensa de los vertidos del año 2012 varios días después del suceso".

También exponen que la Confederación Hidrogáfica del Ebro, una vez puestos en conocimiento los hechos en 2012 "no ha hecho nada por atender a los escritos de Ecologistas en Acción que le pedían que estudiará la presencia de sustancias tóxicas en las aguas del río Val en Ólvega, ni por adoptar medidas para conocer si un vertido accidental de Distiller en el año 2014 había afectado tal arroyo".

Además, los denunciantes ponen de manifiesto que la normativa regional y sistemas de control en materia de tratamiento de residuos es "muy deficiente". En este sentido han asegurado que la compañía fue sancionada con una "mínima multa" por el vertido de 2012 "sin hacer un sólo análisis de su toxicidad; y en otro vertido accidental no impuso medidas de conocer y controlar la contaminación del subsuelo con la diligencia e interés que se supone para un tipo de actividad empresarial tan peligro". Al respecto señalan que a la vez que había vertidos al río, "se estaban emitiendo olores a la atmósfera que fueron denunciados por vecinos en el año 2016, y que no fueron sancionados hasta el año 2019. En tal expediente quedaba demostrado que había numerosas irregularidades en las de emisiones a la atmósfera, en la gestión de residuos y en la aparición de derrames con riesgo de contaminación del suelo y subsuelo. También ignoraron los dos incendios de 2016 y 2017".

"A la Junta también se le ha echado (y se le echa) en falta en relación a sus responsabilidades en materia de protección de la salud laboral de los trabajadores, que por su cercanía a los focos contaminantes del aire que respiraban, del agua y del suelo".

Muchas de estas informaciones han sido publicadas ASDEN y Ecologistas en Acción a lo largo de diez años, "haciendo ciertos algunos de los rumores que corren por el pueblo de Ólvega en relación a la impunidad con la que aparentemente ha actuado Distiller. Por ejemplo a los vecinos les parecía inaudito que varias sentencias judiciales en vía administrativos, iniciados por la Federación de Ecologistas en Acción, anulaban sus autorizaciones ambientales e inmediatamente se les otorgaban otras nuevas que las legalizaban".

Una vez que la empresa ha reconocido la comisión de delitos ambientales, para los ecologistas "sería inaudito que las autoridades locales permitiesen a Distiller el instalar una incineradora de residuos tóxicos que está tramitando la Junta, sin tener en cuenta las más de 700 alegaciones de los vecinos de Ólvega, de asociaciones y de entidades locales de Aragón", concluyen.