Si las contrataciones se realizan después del 31 de marzo los trabajadores se considerarán fijos discontinuos.
Todas las provincias de Castilla y León, y seguramente las del resto del territorio nacional, viven estos días pendientes de la reforma laboral aprobada recientemente por el gobierno de Sánchez. Y es que este nuevo marco legislativo afecta a buena parte de las políticas activas de empleo, especialmente a los planes de empleo que, desde primavera, amplían tradicionalmente las plantillas de los Ayuntamientos de todos los municipios de la región.
Benito Serrano, presidente de la Diputación de Soria, ha aclarado este lunes que "aunque la competencia corresponde a la Junta de Castilla y León, nosotros les pedimos autorización para sacar adelante nuestro propio plan de empleo". El motivo radica en que "si no se contrata antes del 31 de marzo, los trabajadores serán considerados fijos discontinuos", ha expresado Serrano.
Esto se traduce en que, si un pueblo contrata el 1 de mayo a un peón para que lleve a cabo distintas obras o servicios de interés general durante el verano de este 2022, él mismo deberá cubrir este puesto de trabajo en el verano de 2023.
El presidente de la Diputación de Soria ha puntualizado el problema es que la Junta no otorga ese permiso solicitado porque "entiende que hay duplicidad entre nuestro plan de empleo y el resto de sus políticas activas de empleo". En estos momentos, la entidad autonómica trabaja en encontrar una solución que, con toda probabilidad, se les trasladará mañana a las Diputaciones de Castilla y León.
Particularmente, en Soria estos planes de empleo gestionados por al Diputación, permiten la contratación de unas 250 personas al año y suponen la movilización de más de 1 millón de euros. Benito Serrano ha destacado, esta vez hablando como alcalde de Golmayo, la importancia de estas iniciativas: "Ojalá tuviera ya a trabajadores realizando labores de limpieza en nuestro municipio".