Malestar en ASAJA Soria por las sanciones en las zonas vulnerables

ASAJA Soria considera que se está acosando a los agricultores y ganaderos, ya que las normativas que se pretender cumplir “ni están desarrolladas, ni las vigentes que aplican bien explicadas”, señalan en la organización profesional agraria (OPA).

En la agrupación que lidera en la provincia Carmelo Gómez sienten una “indefensión total” porque la administración, que debía estar a su servicio y para resolver los problemas de los ganaderos y de los agricultores, “se está demostrando un ansia recaudatoria y una actitud en contra” de estas actividades.

El sector en Castilla y León está a la espera de que sea publida la Orden que establece el programa de actuación para las zonas vulnerables, a raíz de la publicación del Real Decreto 5/2020, de 25 de junio por el que se designan las zonas vulnerables a la contaminación de las aguas por nitratos, procedentes de fuentes de origen agrícola y ganadero, y por el que se aprueba el código de buenas prácticas agrarias.

“Existe una situación ahora mismo de transitoriedad, puesto que la Orden que debe desarrollar el Real Decreto sigue pendiente de publicación y la que se aplica actualmente es la antigua Orden de 2009 del anterior Real Decreto. Estamos en un período transitorio y aun así el Servicio Territorial de Soria utiliza a los profesionales del campo como conejillos de Indias y se pone a la cabeza para aplicar la normativa en toda su intensidad”, explican en la OPA.

Para ASAJA Soria “el campo parece que funciona al revés que la sociedad. Cuando alguien roba, corresponde a la Policía o la administración demostrarlo. Pero si en la agricultura un funcionario dice que un agricultor ha hecho una cosa mal, automáticamente a éste se le sanciona sin mayor miramiento”.

La primera sanción recibida en ASAJA acerca de zonas vulnerables “no es por un incumplimiento sino porque no se puede comprobar”, aseguran, a la vez que insisten en que “en cualquier sistema coercitivo en Derecho se prevé la presunción de inocencia y compete a las administraciones o a la acusación demostrar que ha existido la falta o el delito”.

Se trata, en definitiva, para la agrupación, de "prisas" de la administración para penalizar hechos que sin poder ser clarificados, generan una situación "imcomprensible".