Piden utilizar las viviendas del SAREB para alquiler social

La formación Podemos ha en Soria y en Ólvega ha presentado hoy lunes 9 ante sus respectivos consistorios una propuesta, en coordinación con todos sus representantes municipales en Castilla y León, que solicita la cesión de las viviendas vacías en manos de la SAREB para que puedan ser destinadas a alquiler social.

La Sociedad de gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB), también conocida como el ''banco malo', fue creada en 2012 con el objetivo de hacerse con los activos inmobiliarios y financieros de bancos y cajas quebrados por la crisis económica de 2008. Pese a que el Estado posee el 50,14%, el Gobierno ha cedido la gestión de sus más de 25.000 millones de euros a los dos "fondos buitre" Blackstone (45%) e Hipoges (55%), según indican en la formación morada.

“Existe casuística de administraciones locales y autonómicas, como los ayuntamientos de Murcia o Lleida, que han realizado convenios con la SAREB para ceder sus inmuebles vacíos con el objetivo de crear alquiler social”, coinciden en señalar Marisa Muñoz, y Mario Calonge, concejales de Podemos en la capital y en la localidad del Moncayo, respectivamente. “Creemos que es una solución inmediata, dado que son viviendas ya construidas. Además, el alquiler social ayudaría a paliar los problemas de lo que la nueva Ley de Vivienda calificara como ‘zonas tensionadas’”. Dicha legislación, que se encuentra en trámite, prohibirá la venta de vivienda de titularidad pública y fomentará significativamente la vivienda pública en alquiler.

En Ólvega hay 38 viviendas propiedad de la SAREB; en Soria capital la cifra asciende a 83, siendo el conjunto de toda Castilla y León de 2.814. “Lo que estamos solicitando no es más que un alquiler asequible”, señalan desde Podemos, “que ayude a paliar la problemática falta de vivienda. Además, consideramos que esto es de justicia, pues se trata de inmuebles que se han adquirido con fondos públicos, y cuyo beneficio debería ser disfrutado por la ciudadanía, especialmente por aquellas personas que menos recursos tienen, y no por empresas privadas con un largo historial de acoso inmobiliario y especulación”.