Los gastos y los ingresos presupuestarios en Castilla y León se dispararon con la aparición del Covid

El Consejo de Cuentas ha entregado en las Cortes de Castilla y León el informe sobre análisis económico y financiero del impacto de la COVID-19 en el sector público administrativo de la Comunidad. Además del formato habitual, se incorpora en la web una nueva versión interactiva del informe para hacer más accesible su contenido, una iniciativa pionera en las instituciones de control externo. Entre sus funcionalidades, mejora la navegabilidad del documento, facilita la consulta de indicadores y magnitudes y permite la descarga de datos y exportación de gráficos.

Es una auditoría operativa de gestión, que analiza determinados aspectos de la actividad y la situación económico-financiera, especialmente el impacto que la COVID-19 ha tenido en el sector público administrativo de la Comunidad, tanto en el gasto como en los ingresos. El ámbito de la fiscalización toma como base la Cuenta General de los ejercicios 2017 a 2020, pero se detiene en la gestión del último ejercicio para examinar de qué manera se han visto afectadas las políticas de gasto por la aparición de la pandemia, así como los recursos destinados a combatirla.

Liquidación presupuestaria: Los gastos presupuestarios ejecutados en 2020, año de aparición de la pandemia provocada por la COVID-19, ascienden a 12.222 millones de euros, con un aumento interanual del 14%, es decir 1.468 M€. Los gastos presupuestarios solo se habían incrementado un 1% hasta 2019 con respecto a 2017.

Los gastos por operaciones corrientes aumentan un 16%, al pasar de 8.460 M€ en 2019 a 9.846 M€ en 2020. En función de su naturaleza, los gastos de personal se incrementan un 19%, alcanzando los 4.532 M€. El mayor incremento relativo se produce en el capítulo de gastos corrientes en bienes y servicios, un 38% interanual en 2020, por importe de 552 M€. Los gastos financieros mantienen una tendencia descendente mientras que los de trasferencias corrientes aumentan un 5%. La ejecución del gasto derivada de operaciones de capital tiene una tendencia creciente situándose en 2020 en 1.181 M€, con un aumento interanual del 6%. El volumen de obligaciones por operaciones financieras, que ascendió en 2020 a 1.193 M€, es similar al de 2019. En el periodo 2017-2019 tuvo un incremento de un 11%.

Las modificaciones presupuestarias aumentan un 18% en 2020, 14 puntos superior al valor del año 2019. En cuanto al grado de ejecución de la totalidad de gastos en 2020 se sitúa en el 97%, similar al de ejercicios anteriores.

En cuanto a ingresos presupuestarios, en 2020 ascienden a 12.039 M€, mayores en un 15%, es decir 1.527 M€, con respecto al ejercicio anterior, como consecuencia del aumento de las trasferencias corrientes, que hasta 2019 tenían una tendencia ligeramente descendente. Los ingresos tributarios se estancan, los ingresos por operaciones de capital aumentan un 3% y por operaciones financieras crecen un 31%. El grado de ejecución de la totalidad de ingresos se sitúa en el 95% en 2020.

El margen derivado de la actividad corriente es estructuralmente insuficiente para atender las obligaciones exigibles derivadas de la carga de la deuda, así como para destinar recursos a financiar gastos de operaciones de inversión. Existen necesidades estructurales de financiación en el periodo analizado, y ascienden en 2020 a 650 M€. Si bien han disminuido un 18% con respecto a las existentes en 2017, han aumentado un 95% con respecto a las de 2019. El resultado presupuestario presenta en los dos últimos ejercicios valores negativos. En 2020 el déficit fue de 182 M€.

Balance de situación consolidado. El sector público administrativo de la Comunidad presenta un patrimonio neto negativo por primera vez en 2019 de -6.156 M€. En 2020 se sitúa en -5.860 M€. Dentro de los elementos para su cálculo, aumenta el pasivo exigible, alcanzando en 2020 los 14.927 M€. Es relevante el crecimiento del pasivo exigible a largo plazo, que se sitúa en 12.208 M€ con un aumento del 4%.

El balance refleja una situación de desequilibrio, con necesidades estructurales de financiación para atender las obligaciones a corto plazo. En 2020 fue de -358 M€, inferior a los -715 M€ en 2019, por tanto, con tendencia favorable. En coherencia, la ratio de liquidez general pasa de un 74% en 2019 a un 87% en 2020. Sin perjuicio de la mejora, señala una situación que estructuralmente genera tensiones de liquidez.

Los indicadores de endeudamiento reflejan una dependencia total de las entidades de crédito y/o de la emisión de deuda para obtener financiación, constituyendo el pasivo exigible más del 100% de los recursos financieros. Así, la deuda soportada por cada castellano y leonés pasa de 6.051 euros por habitante en 2019 a 6.233 euros en 2020.

Cuenta del resultado económico-patrimonial consolidada. Los resultados son positivos en el periodo analizado, con un ahorro de 1.669 millones en 2019, que desciende en 2020 hasta los 168 M€. Por otra parte, los ingresos ordinarios han tenido una tendencia positiva alcanzando los 10.556 M€ en 2020 con un incremento interanual del 14%, mientras que los gastos ordinarios crecen solo un 8%, situándose en 10.223 M€. De esta manera en 2020 los ingresos ordinarios son superiores a los gastos ordinarios, experimentando una tendencia favorable al pasar el índice de cobertura del 103% en el año 2019, al 97% en 2020.

Análisis del impacto COVID-19. Evolución de las políticas presupuestarias y programas de gasto. En el año en que surge la pandemia, la política de Sanidad, con 4.751 M€, supone el mayor peso relativo (39%) del gasto y es la que mayor incremento experimenta, 1.046 M€ con respecto a 2019. A continuación, Educación (18%) con 2.256 M€ y un incremento de 225 M€. Agricultura, ganadería y pesca (11%), con 1.313 M€, desciende 3,5 M€. La Deuda Pública también disminuye en 7,8 M€ hasta los 1.268 M€. Servicios sociales y promoción social (7%), con 871 M€, crece en 79 M€.

En 2020 las obligaciones pendientes de pago ascienden en 2020 a 847 M€, habiéndose incrementado un 191% con relación a 2019, siendo las políticas de Sanidad y Educación las de mayor cuantía, con 426 y 89 M€, respectivamente.

Impacto en los ingresos. El importe total de los derechos liquidados correspondientes a la pandemia en 2020 asciende a 911 M€. Supone el 8% de los ingresos reconocidos por la Comunidad, así como el 60% de su incremento con respecto a 2019, que asciende a 1.527 M€. El 99% de los ingresos recibidos son transferencias corrientes procedentes de la Administración del Estado.

Los ingresos del Fondo COVID ascienden a 843 M€ y suponen más del 90% de los fondos recibidos para combatir la pandemia. Los ingresos relativos a los tramos 1 y 2 del citado Fondo, destinados al gasto sanitario, ascienden a 544 M€ (65%). El tramo 3, para gastos de educación, ha supuesto 84 M€ (10%). Por último, los derechos del tramo 4, asociado fundamentalmente a la disminución de los ingresos por la caída de la actividad económica, han supuesto ingresos por 214 M€ (25%).

Análisis en los gastos. Ante la ausencia de identificación de las fuentes de financiación y su afección al gasto ocasionado por la pandemia, se constata que el sistema establecido por la administración autonómica ha tenido una capacidad limitada para identificar los gastos COVID. Así, en 2020 el importe total de las obligaciones reconocidas certificadas por la Consejería de Economía y Hacienda correspondientes a la pandemia, asciende a 453 M€. No obstante, el importe de los documentos contables referidos al COVID, según los datos de la Cuenta General, son superiores por un importe estimado de 136 M€, hasta los 589 millones, atendiendo al criterio de la información que consta en el texto del documento contable.

El mayor gasto computado como COVID es de la Gerencia Regional de Salud, por importe de 239 M€, mientras que 156 M€ se han gestionado por la Administración General de la Comunidad. De menor cuantía son los que corresponden a otras entidades como el SEPE, ICE y GSS, con 24, 17, y 14 M€, respectivamente.

El 50% de los gastos COVID-19 certificados, 226 M€, se destina a bienes y servicios, que representa el 41% del aumento en 2020. En su mayoría son suministros de material sanitario, de laboratorio, y productos de consumo especifico (mascarillas, guantes, EPIS, etc.), aunque también figuran trabajos realizados por empresas y profesionales o de transporte. Los gastos de personal ascienden a 75 M€, que suponen el 10% del aumento. En su práctica totalidad se imputan a la GRS, y más del 80% a atención especializada. Con respecto a gastos contabilizados por trasferencias, el importe a empresas privadas asciende a 62 M€ (transporte deficitario y apoyo a la liquidez de pymes y autónomos), mientras que a corporaciones locales son 18 M€ (contrataciones COVEL). A familias e instituciones sin ánimo de lucro se destinan 18 M€ (ayudas a los alquileres de vivienda habitual y a trabajadores afectados por ERTES). También son relevantes 12 M€ a universidades.

Más del 50% de gasto imputable al COVID en 2020 recae en la política de Sanidad, con 237 M€. La política de Seguridad Ciudadana, computa 62 M€ gestionado por la Agencia de Protección Civil. La tercera corresponde a Fomento del empleo, con 33 M€. El gasto COVID en Educación asciende a 30 M€. En Infraestructuras asciende a 26 M€, de los que más del 90% pertenecen al subprograma de Promoción y ordenación del transporte. El gasto de Industria y energía, 17 M€, recae en el subprograma de Competitividad gestionado por el ICE. La política de Servicios y promoción sociales gestionada por la GSS ha incurrido en unos gastos COVID de 14 M€.

Las principales políticas, programas y subprogramas han registrado en general modificaciones presupuestarias superiores al 10%, y su ejecución es superior al 80%, con algunas excepciones. Los subprogramas con mayores remanentes de crédito son Atención especializada, 133 M€; Atención a personas mayores, 33 M€; Servicios complementarios a la enseñanza, 19 M€; y Competitividad, 15 M€.

Recomendaciones. El Consejo de Cuentas realiza 5 recomendaciones. Desde el punto de vista de liquidación del presupuesto, la Comunidad debería llevar a cabo actuaciones para que el margen de funcionamiento alcance niveles positivos de manera sostenible, constituyendo una base sólida para el ahorro bruto. En relación con la solvencia, sería aconsejable vigilar el indicador de endeudamiento general y los índices de inmovilización y firmeza, con el fin de garantizar mayor independencia frente a terceros, así como una mayor estabilidad patrimonial. La Comunidad debería realizar actuaciones para corregir el desequilibrio financiero a corto plazo existente, que genera una necesidad estructural de financiación para atender las obligaciones, con tensiones de liquidez. Además, debería corregir la tendencia inadecuada del indicador de liquidez inmediata.

Teniendo en cuenta que los gastos ocasionados por la pandemia son coyunturales y en buena medida no han de convertirse en gasto estructural, la Comunidad debe establecer un sistema específico en las partidas presupuestarias o fuentes de financiación para identificar los gastos e ingresos derivados de las medidas aplicadas como consecuencia de la COVID-19 en el ejercicio 2020, más allá de los textos de los documentos contables. En relación con el análisis funcional de los programas y subprogramas de gasto y su impacto derivado de la COVID-19, la Comunidad debería ejecutarlos siendo coherente con las modificaciones presupuestarias que aprueba, evitando la existencia de remanentes de crédito a final del ejercicio, especialmente en aquellos en los que su peso relativo es mayor y se encuentran afectados por la pandemia.