Suárez-Quiñones cataloga al desarrollo del mundo rural como uno de los ejes de su departamento

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha destacado esta tarde en las Cortes de Castilla y León que el desarrollo del mundo rural y la lucha contra la despoblación serán los ejes principales de las políticas de su departamento para esta legislatura, que se gestionarán a través de las correspondientes direcciones generales de este departamento y su sector público.

Patrimonio natural y recursos forestales

En torno al área de Patrimonio Natural y Política Forestal, el consejero ha concretado el impulso en esta nueva legislatura con tres ejes de acción con el doble objetivo de seguir luchando contra la despoblación, proteger nuestro patrimonio y garantizar unos servicios de calidad.

Para ello ha desgranado como acciones fundamentales la movilización y el aprovechamiento de los recursos forestales y su capacidad de creación de empleo y fijación de población activa; el fomento de iniciativas empresariales ligadas al monte, y la conservación de nuestro ingente patrimonio natural y su biodiversidad, valorizando los usos ligados al ocio y al turismo, además de la caza y la pesca.

Suárez-Quiñones ha especificado los objetivos en un impulso del sector de la madera y su mercado, con un aumento de la producción hasta llegar a los 3,5 millones de m3 anuales de madera y biomasa; y, a través de la empresa pública Somacyl, el fomento del cultivo del chopo para abastecer a la industria y para seguir extendiendo las redes de calor y plantas de generación eléctrica, con un ritmo de plantaciones de 500 hectáreas al año y una subasta de 300.000 metros cúbicos de madera de chopo. Se pondrá en marcha en plan de choque para incrementar la puesta de madera en el mercado.

En este contexto, el consejero ha anunciado la elaboración de un Plan de la Industria Forestal, dando respuesta a las demandas del sector, la convocatoria de ayudas a esta industria, a la formación de conductores y trabajadores forestales especializados, y la puesta en marcha de un sistema de asesoramiento forestal que contribuya a la profesionalización del sector, a través de la digitalización, la optimización del I+D+I y del componente tecnológico.

En el ámbito normativo, ha avanzado la participación de la Consejería en elaboración de un Proyecto de Ley de Desarrollo y Competitividad del Medio Rural, colaborando con la Consejería de Agricultura y Ganadería; la modificación de la Ley de Montes de Castilla y León, para simplificar el régimen de los aprovechamientos, y regular los derechos ligados a los servicios ecosistémicos de los montes, en especial la absorción de CO2 así como la puesta en marcha de otros cambios normativos necesarios.

Para la protección de este patrimonio forestal y natural, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha definido como imprescindible reforzar el servicio público esencial del operativo de extinción de incendios forestales, con más estabilidad laboral a los medios del Operativo, con una renovación de la flota de vehículos, con la incorporación de nuevas tecnologías en la lucha contra los incendios, con la mejora de diversas bases de medios aéreos y con el refuerzo de la formación de todo el personal y el incremento de efectivos.

Y en materia de conservación de la biodiversidad, el consejero ha anunciado la elaboración de un plan estratégico y de acción para la conservación de las especies amenazadas en Castilla y León como marco integrador de los 21 planes de recuperación y conservación para un total de 50 especies incluidas en el Catálogo Español de Especies Amenazadas en los que trabaja la Consejería. Igualmente anunció la puesta en marcha de un plan de reintroducción del quebrantahuesos en la Sierra de Gredos, “emblemática especie desaparecida hace décadas y que volveremos a ver en nuestra sierra abulense”.

Además, ha comprometido la construcción de un nuevo CRAS (Centro de Recuperación de Animales Silvestres) en la provincia de León, cuyas obras comenzarán a principios de 2023 en el complejo de Valsemana, donde se encuentra el Centro de Cría en cautividad del Urogallo cantábrico, con una inversión de 1,75 millones de euros. También se crearán dos nuevos equipamientos que hagan más atractivos el medio natural, y un nuevo programa de mejora y acondicionamiento integral de senderos naturales emblemáticos de Castilla y León, así como la construcción de 5 nuevas casas del parte (en Burgos León, Palencia y Segovia), 4 circuitos de BTT de primer nivel, Alto Bernesga y Las Médulas en León, Soria Paraíso Natural, y Sierra de Ayllón y Guadarrama en Segovia.

En materia de caza, Suárez-Quiñones ha anunciado el impulso al sistema de seguimiento de las poblaciones cinegéticas. “Queremos anticiparnos a lo que la Unión Europea pueda imponer en materia de gestión de la caza de especies migratorias (codorniz, becada) o sedentarias, como la perdiz, y para evitar situaciones no deseadas como la sucedida el pasado año, que ha supuesto la moratoria de la caza de la tórtola europea; se implantarán medidas de lo que ahora los expertos denominan “caza adaptativa”. “Queremos defender que la gestión de la caza en nuestra tierra ofrece mecanismos fiables de trazabilidad de las capturas de piezas de caza que en cada momento se están produciendo”, e “impulsaremos la figura del cazador colaborador para un mejor conocimiento del sector y de las especies, así como la figura del coto colaborador, como terreno piloto o experimental para implantar sistemas de gestión avanzada en materia de especies cinegéticas y de mejora de la gobernanza de los cazadores que desarrollan la actividad”, explicó el consejero.

Sobre la pesca, el consejero ha detallado los planes de la Consejería para consolidar Castilla y León como referencia en cuanto a calidad y variedad; la recuperación para la trucha de amplias zonas de pesca utilizando el material genético autóctono de los centros de acuicultura de León y Ávila, y la mejora de la señalización y el acceso a los distintos tramos de pesca, serán otras de las preocupaciones de la legislatura.

Finalmente, el consejero ha anunciado la puesta en marcha de una reorganización de la estructura de gestión del medio natural de Castilla y León, “para hacer realidad estos compromisos y obligaciones y garantizar unos servicios públicos de calidad”, imprescindible para gestionar, con principios de eficacia, los más de 3.500 montes públicos, los 30 espacios naturales protegidos declarados, los más de 1.400 kilómetros de ríos pescables, las 10 Reservas Autonómicas de caza y las más de 40.000 hectáreas de vías pecuarias, así como gestionar, maximizando la eficiencia, uno de los mayores operativos de lucha contra incendios forestales de ámbito regional de la UE, que moviliza en cualquier momento más de 4.000 personas y docenas de medios aéreos, para hacer frente de manera permanente a un riesgo que atenaza a todos los territorios forestales. “En definitiva -ha resumido Suárez-Quiñones-, un nuevo modelo de gestión del patrimonio natural de la Comunidad para esta nueva etapa que sirva de tractor para la revitalización de nuestras áreas rurales forestales”.

Infraestructuras hidráulicas y de sostenibilidad medioambiental

En el ámbito de la sostenibilidad ambiental y las infraestructuras hidráulicas, el consejero ha detallado las líneas básicas de actuación de la Consejería, centradas en los retos climáticos y energéticos:

El punto de partida es la aprobación de la nueva ley de Cambio Climático y Transición energética de Castilla y León, “que nos permita contribuir a la consecución de los objetivos de la Unión Europea en este ámbito y aprovechar las oportunidades que para la economía y el empleo de la Comunidad supone este cambio de modelo”.

Desplegar las actuaciones previstas en la Estrategia de Economía Circular, con especial intensidad en el impulso de la utilización de la biomasa forestal, será uno de los objetivos fundamentales de la legislatura. La Consejería, a través de la sociedad pública Somacyl, invertirá 133 millones de euros en el desarrollo de la biomasa, con nuevas redes de calor para edificios públicos y privados, la construcción de seis centros logísticos de biomasa, así como la participación en proyectos que desarrollen nuevas tecnologías para su aprovechamiento forestal y agrícola, proyectos que pueden generar inversiones en este sector superiores a los 500 millones de euros.

En prevención ambiental se impulsará la aplicación de la Estrategia de mejora de la calidad del aire de Castilla y León, además de colaborar con los grandes municipios en la actualización de los mapas de ruido.

Sobre la calidad ambiental, el consejero ha afirmado que la actividad se centrará en el desarrollo del Plan Integral de Residuos de Castilla y León y en la recuperación de las áreas degradadas por distintas actividades humanas, con especial atención al programa de recuperación de escombreras y en el de áreas afectadas por actividades mineras, que suponen una inversión de 90 millones de euros.

Respecto a la gestión del agua, Suárez-Quiñones ha considerado la necesidad de aprobar una Ley autonómica sobre el agua, “una ley que garantice un aprovechamiento óptimo del recurso como factor de competitividad y que ordene la actividad en la materia, bajo una perspectiva de protección del recurso, en coordinación con las Administraciones locales y la Consejería de Agricultura y Ganadería”.

Además, el consejero ha expresado su deseo de abordar, a través de Somacyl, las nuevas infraestructuras necesarias para garantizar la disponibilidad de agua en todos los núcleos de población de Castilla y León, así como de lograr la depuración del 100% de los vertidos, con una inversión global de 247,3 millones de euros.

También, en coordinación con los Consorcios Provinciales de Gestión de Residuos, realizaremos inversiones de renovación y reposición de infraestructuras por importe de 57 M€.

Para todo ello, ha destacado la necesidad de lograr una sociedad más formada y más concienciada, “pilar básico para el éxito de cualquier política ambiental”, y se comprometió a aprobar en 2023 la III Estrategia de Educación Ambiental, con vigencia hasta 2030.

Carácter social del derecho a la vivienda para jóvenes y el medio rural

En materia de vivienda, el consejero ha concentrado las actuaciones de su departamento, sobre todo, en el refuerzo del carácter social, “con la vista puesta en los jóvenes y el medio rural” y, bajo el paraguas del Diálogo Social, ha enumerado las siguientes medidas: reducción del 20% del precio de compra de las viviendas de promoción pública para jóvenes de hasta 35 años, preferentemente en municipios del medio rural; una línea de avales de hasta el 20% de la hipoteca en función de los ingresos y el precio de la vivienda; mejora de las condiciones de las ayudas al alquiler para este colectivo; convocatoria de ayudas con cargo al Bono de Alquiler Joven y fomento de la promoción de vivienda protegida colaborativa, esto es, hogares independientes pero con zonas comunes, sufragando de manera compartida los servicios básicos.

Además de impulsar el programa Rehabitare (se prevé rehabilitar 300 inmuebles en la Comunidad), el consejero se ha comprometido también a mejorar las condiciones de las ayudas ‘ordinarias’ al alquiler, con un incremento del 10% para todos los beneficiarios que cubra hasta el 50% de la renta de alquiler, frente al 40% actual, y ha anunciado dos nuevos programas de ayuda para los más vulnerables: para las víctimas de violencia de género, de sinhogarismo o de desahucio, que se canalizarán a través de las entidades del tercer sector; y el segundo programa, para ayudar a arrendatarios en situación de vulnerabilidad sobrevenida que no pueden afrontar el pago de su renta de alquiler. El coste estimado de cada uno de estos dos programas es de 2,6 millones de euros.

Juan Carlos Suárez-Quiñones ha reiterado su compromiso de ampliar el parque público de viviendas de Castilla y León en casi 2.400 nuevas viviendas, con 212 millones de euros, procedentes de la rehabilitación, de la compra o de la promoción pública, y prestando especial interés en alquiler para jóvenes. En venta se promoverán al menos 475 viviendas en el medio rural, con 53,5 millones de euros; e incrementar el parque público en alquiler en 1.906 viviendas más, hasta llegar a las 4.627 viviendas, con una inversión de 158,4 millones de euros.

También ha señalado que el objetivo de esta legislatura “es mucho más ambicioso, hasta lograr incrementar exponencialmente la rehabilitación edificatoria”. Los retos concretos que ha enumerado se cifran en 17 millones de euros para ejecutar 11 áreas de regeneración urbana ya aprobadas, con 1.352 viviendas; asimismo, 48,4 millones en ayudas procedentes de los fondos europeos para la regeneración de barrios de Castilla y León seleccionados en función del grado de vulnerabilidad social y convertirlos en entornos residenciales más amables; y la convocatoria de subvenciones para incentivar la mejora de la eficiencia energética y la accesibilidad de las viviendas.

Ordenación del territorio y reto demográfico

El consejero se ha referido también a las nuevas competencias sobre ordenación del territorio y reto demográfico que asume el departamento. “Debemos, con los debidos consensos políticos y sociales, dar los pasos normativos y de desarrollo adecuados que sean sensatos y eficaces para sentar unas bases sólidas”, ha señalado Suárez-Quiñones, “apoyándonos en nuestra realidad territorial”, y “queremos hacerlo desde un enfoque integrador de ambos aspectos: el territorio y la población, maximizando la incorporación de la mejora de la dinamización demográfica y territorial en todas las políticas sectoriales”.

A este respecto, se han establecido los siguientes ejes de gobierno:

- Trabajar por el empleo y por el emprendimiento, apoyando a nuestras empresas y comercio rural.

- Consolidar la fiscalidad diferenciada.

- Mejorar, consolidar o implantar infraestructuras: banda ancha, transformación digital, transporte a la demanda, vivienda, medio ambiente, comunicaciones…

- Potenciación de nuestros recursos naturales y del patrimonio natural.

- Apuesta por la optimización de los servicios públicos básicos de calidad (sanidad, servicios sociales y educación), que atienden a las familias.

- Apoyo a las entidades locales.

Acciones más ambiciosas para proteger a las personas de Castilla y León

En el ámbito de Protección Civil y Emergencias, el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones ha reafirmado el valor que el sistema de protección civil de Castilla y León ha aportado a crisis tan relevantes con la derivada del Covid-19, los incendios forestales, los epidosios meteorológicos adversos…, “con la finalidad de que la ciudadanía obtenga una respuesta eficaz, cercana y profesional a cualquier situación que irrumpe de forma imprevista”. Reconocimiento expreso que el consejero señala al Servicio de Emergencia 1-1-2 de Castilla y León, en el 20 aniversario de su puesta en funcionamiento, además de a todos los profesionales y voluntarios de protección civil y emergencias.

Suárez-Quiñones señala “tres pilares que deben sustentar el sistema de protección civil y emergencias de Castilla y León: por un lado, el refuerzo de los recursos y las capacidades del sistema; por otro, el fortalecimiento de la colaboración éntrelas diferentes Administraciones territoriales, y conseguir la implicación de la ciudadanía en el sistema de protección civil”. Todo ello “aprovechando algunas oportunidades especialmente relevantes que definen nuestro futuro más inmediato”, en referencia a la incorporación del Centro de Emergencias 1-1-2 y del Centro Coordinador de Emergencias de Castilla y León al Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas dependiente del Ministerio del Interior; asimismo, la participación financiera en el Programa Operativo FEDER de Castilla y León 2021/2027, que ha incluido entre sus objetivos políticos la prevención y gestión de riesgos y, por último, la participación activa en los mecanismos de colaboración entre Administraciones territoriales previstos en el Sistema Nacional de Protección Civil.

Entre otras acciones concretas de estos tres pilares señalados antes, respecto al refuerzo de los recursos y capacidades del sistema de protección civil, se definirá una nueva estructura organizativa y de modernización del servicio operativo del 1-1-2, con un presupuesto de 21,4 millones de euros; actualizar la plataforma tecnológica del 1-1-2, con 13 millones de euros; mejorar la capacidad operacional y de seguridad del helicóptero de rescate y de salvamento, con 8,4 millones de euros; también se garantiza una amplia oferta formativa a los profesionales y voluntarios, con el inicio de una plataforma ‘online’; se actualizará el catálogo de medios y recursos de autoprotección; se elaborará un plan especial ante el riesgo radiológico y se actualizarán los planes ante riesgos de accidentes en transportes de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril y ante el riesgo de inundaciones.

Respecto fortalecer la colaboración entre las diferentes Administraciones territoriales, en el ámbito normativo se prevé aprobar dos leyes de especial transcendencia para las entidades locales, previo consenso entre los municipios y los profesionales del sector, como la Ley de coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios y la Ley de coordinación de policías locales. También se aprobará el Decreto por el que se regula el voluntariado de protección civil, el Decreto de espectáculos taurinos y de escuelas taurinas. Como actuaciones de apoyo técnico y económico, la Junta seguirá apoyando ´con 43,1 millones de euros a Ayuntamientos y Diputaciones para adaptarse al Plan Sectorial de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento; y se continúa impulsando la creación de agrupaciones y asociaciones de voluntarios de protección civil (actualmente 119, integrada por 2.600 voluntarios en Castilla y León), incrementando, asimismo, en 100 vehículos el parque móvil del voluntariado en los municipios.

Por último, se trabaja en la participación e implicación de la ciudadanía en el sistema de protección civil, en el desarrollo del aprobado Plan de promoción de la autoprotección, concretando actuaciones para llevar a los municipios más pequeños la cultura de la autoprotección.

En resumen, en materia de Protección Civil y Emergencias, una inversión aproximada de 101,5 millones de euros y una marcada orientación de servicio hacia el municipalismo, presente en todas las políticas del Gobierno de Castilla y León, la Junta contribuirá a tener una sociedad segura y resiliente del futuro.

Video con la comparecencia del consejero: