Fernández Carriedo: "En Castilla y León el derecho a abortar no estará por encima del que reconoce la objeción de conciencia"

La reforma de la Ley del Abordo continúa generando debate en Castilla y León. El vicepresidente de la Junta utilizaba sus redes sociales para expresar que el Gobierno tendrá "a la Junta de Castilla y León enfrente" en esta tramitación y hoy le ha tocado al portavoz de la institución autonómica aclarar esta afirmación.

Carlos Fernández Carriedo ha lamentado que "no conocemos el contenido preciso del proyecto de ley, ni se nos ha comunicado ni se ha contado con nosotros a pesar de que tenemos la competencia en materia sanitaria". Ha insistido en el mensaje que dio la semana pasada: "El Gobierno está utilizando un tema tan sensible como el aborto para ocultar su incapacidad de gestionar y solucionar los problemas reales", y ha asegurado que la Junta "esperará a la sentencia del Tribunal Constitucional" para posicionarse de un lado o de otro.

Han tenido que insistir los periodistas para que Fernández Carriedo se manifestase sobre dos de las cuestiones más polémicas de la reforma, la posibilidad de abortar sin consentimiento paterno desde los 16 años y las bajas por problemas menstruales. Respecto a la primera el portavoz de la Junta ha declarado que "a título personal creo que no es bueno excluir a los padres de una situación así y considero que es bueno que tengan información de la decisión de su hija menor de edad para que puedan apoyarla".

Apunta Carriedo a que "habrá que analizar la nueva norma" para "saber qué incluye de nuevo" porque "es una cuestión ya resuelta porque hasta ahora cualquier mujer con problemas menstruales ya podía acogerse a una baja médica con la aplicación la normativa laboral".

La objeción de conciencia

El portavoz de la Junta de Castilla y León ha querido mandar un mensaje directo a los profesionales sanitarios: "Podéis estar muy tranquilos". Ha asegurado que "nosotros vamos a seguir garantizando la objeción de concencia tal y como está reconocida por ley actual porque nuestra misión es garantizar el cumplimiento de la ley y también el derecho de los profesionales sanitarios a objetar".

Por ello, ha afirmado que la Junta busca actualmente fórmulas de concierto en clínicas privadas para aquellas provincias en las que no es posible acceder a la interrupción de embarazo en un centro público. Aseguraremos que "las mujeres puedan ejercer el derecho que tienen reconocido, que es abortar con financiación pública", ha concluido.