Mañueco asegura que la Junta seguirá defendiendo la labor del Consejo de Cuentas y apoyándose en sus decisiones para mejorar la gestión

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha calificado de “esencial” la labor del Consejo de Cuentas, institución dependiente de las Cortes de Castilla y León que fiscaliza la gestión económica y financiera del sector público de Castilla y León y se pronuncia sobre la legalidad y la eficacia de la gestión con absoluta autonomía.

El dirigente regional, en presencia de la presidenta del Tribunal de Cuentas Enriqueta Chicano y de su homólogo del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha manifestado que la labor de este organismo en estos 20 años se ha orientado por los principios de garantía, trabajo, calidad y cercanía. Unas palabras que dirigía durante el acto conmemorativo que celebraba hoy los 20 años de andadura del Consejo y que ha tenido lugar en las Cortes regionales.

Mañueco ha apuntado que en 2021 el Consejo emitió más informes y recomendaciones que nunca. Un trabajo que se refleja en ese 81 % de aceptación de sus decisiones por los órganos fiscalizados, que es otro récord histórico. Esta alta aceptación contribuye a mejorar la gestión y además se traduce en menos litigios judiciales.

El presidente también se ha referido a la cercanía de esta institución que celebra su vigésimo aniversario. “Cercanía física”, ha señalado, por su sede en Palencia y también “cercanía funcional”, que aumenta su actividad en Castilla y León, como refleja que en sus 20 años se ha multiplicado por seis la fiscalización en la Comunidad.

Por todo ello, ha asegurado que el Gobierno autonómico seguirá defendiendo la labor del Consejo de Cuentas y apoyándose en sus decisiones para mejorar la gestión.

Finalmente, ha manifestado que toma nota de las posibles reformas normativas que plantean para reforzar la autonomía orgánica y funcional y estimulen la rendición de cuentas de los diferentes órganos públicos que deban hacerlo.

Reformas normativas

Por su parte, Amilivia, ha apelado en la presentación de la jornada a implementar una serie de reformas normativas que consideró inaplazables a fin de impulsar el funcionamiento de la institución que realiza la fiscalización externa de la gestión económica, financiera y contable del sector público de la Comunidad y demás entes públicos de Castilla y León. Y de esta forma -señaló- dar mejor respuesta a las necesidades e inquietudes de los castellanos y leoneses.

“Estamos reivindicando desde el inicio de este mandato la conveniencia de reforzar la independencia del Consejo, garantizando la autonomía funcional en términos equiparables al resto de los órganos de control externo autonómicos. Por ejemplo, aprobando de manera independiente nuestro propio Plan Anual de Fiscalizaciones”, ha destacado Amilivia.

Ha añadido que “pretendemos también favorecer un nuevo impulso a la rendición de cuentas de las entidades locales mediante el establecimiento de los llamados estímulos a la rendición y mejorar las condiciones laborales para garantizar el mantenimiento de la plantilla y la cobertura de plazas con la incorporación de profesionales cualificados”.

Además de ello, ha subrayado, “hemos mostrado nuestra disposición favorable a la ampliación de competencias, en este caso sobre la evaluación de políticas públicas, en consonancia con lo propuesto en el informe elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) por encargo de la Junta de Castilla y León. Asumiendo en su caso las competencias de Agencia de Evaluación de las Políticas Públicas en el supuesto de una eventual creación de esta”.

Ha apuntado en este sentido que la voluntad “inequívoca” de seguir prestando el mejor servicio a las demandas de la sociedad castellano y leonesa “requiere a nuestro juicio una reforma de la actual normativa”.

La jornada ha servido para hablar del pasado y el presente, y también sobre el futuro, poniéndose en valor el trabajo realizado en estas dos décadas por el órgano de control externo. Además del catedrático de Derecho Constitucional y exconsejero, Fernando Rey, y del profesor de Derecho Constitucional Juan Fernando Durán, han participado en la jornada los consejeros del Consejo de Cuentas Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez para la presentación de los compendios de las 300 auditorías que han sido aprobadas en estas dos décadas en los ámbitos autonómico y local de la institución.

El ámbito de actuación del Consejo alcanza aproximadamente un volumen económico de 15.000 millones de euros entre la Administración autonómica y las cerca de 5.000 entidades que conforman el sector público local.

Desde que en 2005 publicase su primera fiscalización, el Consejo de Cuentas alcanzará este año los 300 informes aprobados. La actividad se traduce hasta la fecha en cerca de 2.200 recomendaciones para la mejora de la gestión de los entes fiscalizados. El grado de aceptación de las recomendaciones, que supera el 80% en la actualidad, es un reflejo evidente de la auctoritas de esta institución.

La presentación en las Cortes del informe anual sobre el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones completa el ciclo parlamentario del control externo de las administraciones, “por lo que podemos afirmar que desarrollamos en la práctica un procedimiento de evaluación continua de las políticas públicas”.

Efecto palanca

También significaba Amilivia el efecto palanca que ha tenido el primer Plan Estratégico 2019-2022 con el que se dotó el Consejo de Cuentas al inicio de su mandato. “Esta planificación ha propiciado un nuevo impulso a la actividad de la institución con un mayor número de auditorías al año, una mayor actualidad en la presentación de informes y un esfuerzo creciente en la divulgación de su contenido con la mayor cercanía posible de la labor que realizamos”.

El Consejo ha impulsado también una nueva orientación hacia las auditorías operativas, analizando con un afán siempre constructivo los principios de economía, eficacia y eficiencia en la gestión, especialmente en aquellas materias que ocupan las mayores preocupaciones de los ciudadanos como son la garantía de los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación y los servicios sociales.

Tras repasar lo que supusieron para esta y las demás instituciones propias la disminución de consejeros, en el ámbito del principio de austeridad en 2011, y dos años después la reforma de las instituciones propias con modificaciones de gran calado, ha afirmado que las instituciones respondieron con total solvencia, cumpliendo con su compromiso de servicio público, impulsando la transparencia y la calidad democrática, y demostrando su utilidad para las personas de esta Comunidad, no pocas veces en condiciones nada fáciles. “Han significado un plus de garantía para los ciudadanos y los entes de Castilla y León. Un plus de garantía para los derechos de los ciudadanos, especialmente del derecho a una buena administración, contemplado en el Estatuto de Autonomía”.

Por todo ello, ha valorado, con la vista puesta en el futuro, en las inquietudes y demandas de las personas de Castilla y León, la implementación de reformas normativas es inaplazable.

La jornada ha servido además para poner de manifiesto la “ejemplar” coordinación y complementariedad entre el Tribunal de Cuentas y el Consejo de Cuentas, sin que exista ningún tipo de duplicidades.

Por su parte, Amilivia ha afirmado que el hecho de que Castilla y León asumiera la función fiscalizadora hace 20 años ha permitido multiplicar por seis la actividad de control externo y avanzar también en la realización de fiscalizaciones de carácter horizontal, que permiten una visión de país, en colaboración con el resto de los órganos de control externo del país.