La Junta aprueba un gasto de 3,1 M€ para adquirir 123 vehículos eléctricos puros
El expediente de compra se realizará a través del consejero de Economía y Hacienda como órgano de contratación.
La Junta de Castilla y León ha aprobado el contrato para la adquisición de 123 vehículos eléctricos con destino a todas las consejerías, organismos autónomos y entidades públicas que forman parte de la organización administrativa de la Comunidad.
El presupuesto de licitación de este contrato asciende a la cantidad de 3.159.438,46 euros, I.V.A. incluido. Esta inversión cuenta con la ayuda correspondiente prevista en el plan MOVES III dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Europeo. Asimismo, la Junta ha designado al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo como órgano de contratación para la adquisición de estos vehículos.
La compra de estos vehículos eléctricos se debe a la necesidad de renovación por antigüedad y deterioro, y racionalización de la flota de los vehículos utilizados por el personal de la administración de la Comunidad que realizan diferentes funciones al servicio de los ciudadanos.
Asimismo, la necesidad de este tipo de vehículo 100% eléctrico, responde al compromiso de la Junta con las políticas de eficiencia energética y medioambiental, en consonancia con las estrategias de eficiencia nacional y europea que tiene como objetivo reducir y mejorar las emisiones del sector transporte en las ciudades, además de ser un ejemplo para la ciudadanía.
La Dirección General de Energía y Minas cuenta con las atribuciones, dentro de la Consejería de Economía y Hacienda, para el desarrollo y ejecución de programas relativos al fomento del ahorro y la eficiencia energéticos y de las energías renovables.
El sector de la movilidad es actualmente el mayor emisor de gases de efecto invernadero en España como consecuencia de que este sector es también el mayor consumidor de energía, que procede en su casi totalidad de combustibles fósiles, derivados del petróleo. Ello hace que la movilidad deba ser un ámbito prioritario en todas las estrategias de descarbonización de la economía y, en particular, del transporte terrestre.