Barcones: “Estamos éticamente obligados a dignificar a las víctimas de la guerra civil y de la dictadura franquista”

La delegada del Gobierno en Castilla y León, la soriana Virginia Barcones, ha recordado esta tarde de jueves en Bayubas de Abajo que es “un deber moral en una sociedad democrática dignificar a las víctimas de la guerra civil y a las víctimas de la dictadura franquista. Estamos éticamente obligados”.

Así lo ha manifestado en el acto llevado a cabo por la asociación memorialista soriana Recuerdo y Dignidad en el que se ha creado un 'Lugar de memoria y homenaje' a diez civiles de El Burgo de Osma asesinados el 15 de septiembre de 1936 en un paraje del término municipal de Bayubas y exhumados el 10 de julio de 1971. Estos crímenes se llevaron a cabo en la carretera del Puente Ullán a Tajueco.

También ha estado presente el subdelegado del Gobierno en Soria, Miguel Latorre, así como familiares de las víctimas. El presidente de Recuerdo y Dignidad, Iván Aparicio, ha destacado que el acto es en recuerdo y homenaje de los desaparecidos y de solidaridad con las familias que sufrieron y sufren su ausencia.

Diez asesinados

Allí fueron ejecutados Agustín Alonso Luluaga, de 53 años, era natural de San Leonardo y vecino de El Burgo de Osma, de profesión industrial, era viudo y tenía cinco hijos.

Eugenio Aylagas Antón, de 39 años, era natural de Osma, de profesión Hortelano, estaba casado y tenía ocho hijos. Cayetano Zapatero Etxaguren, de 43 años, natural de Lahorra (Burgos) y vecino de El Burgo de Osma, de profesión jornalero, era soltero y no tenía hijos. Manuel Andrés de Jesús, de 30 años, natural y vecino de El Burgo de Osma, jornalero de profesión.

Manuel Acedera Acón, de 39 años, natural y vecino de El Burgo de Osma, estaba casado y tenía tres hijos, mecánico de profesión. Manuel Arribas Tejedor, de 44 años, era dependiente de comercio. Vecino de El Burgo de Osma, estaba casado y tenía tres hijos. José Orofino Huerta, de 35 años, de oficio jornalero, era vecino de El Burgo, estaba casado y tenía dos hijos.

Elías Alonso Téllez, de 31 años, natural y vecino de El Burgo de Osma, estaba casado y tenía cuatro hijos. Elías Alonso, así como Agustín Alonso, su padre también asesinado, fue destituido del Ayuntamiento de El Burgo de Osma como concejal el 22 de julio de 1936.

Julián Torre Carro, de 29 años, soltero, natural y vecino de El Burgo de Osma, jornalero de profesión. Y Sebastián Orofino Huerta, de 32 años, soltero, jornalero de profesión, natural y vecino de El Burgo de Osma.

Según refiere Recuerdo y Dignidad, en torno a las nueve de la mañana del 15 de septiembre de 1936, diez burgenses fueron asesinados en la carretera que une las localidades de Bayubas de Abajo y Tajueco. Estas diez personas no habían participado en ningún conflicto relacionado con la Guerra Civil, o con anterioridad a esta. Tampoco se les realizó consejo de guerra, no pasaron por la prisión de El Burgo de Osma ni fueron objeto de expediente por parte del Tribunal de Responsabilidades Políticas.

Homenaje

El homenaje ha sido un emotivo acto acompañado de manifestaciones artísticas, en el que se ha recordado a las víctimas y se ha conmemorado también la realización de la primera exhumación realizada en la provincia de Soria, en el año 1971.

Todas las exhumaciones que se habían llevado a cabo con anterioridad en la provincia habían tenido que realizarse de una manera clandestina. Sin embargo, la exhumación de Bayubas de Abajo de 1971, aunque se llevó a cabo durante el franquismo, fue la primera de la provincia de Soria que contó con autorización y, por lo tanto, la primera pública, aunque no se le dio ningún tipo de visualización.

Memoria democrática

Barcones ha recordado también que el Gobierno de España viene convocando ayudas a las entidades locales para la realización de actividades relacionadas con la recuperación de la memoria democrática. Estas subvenciones de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática son para realizar actuaciones en diferentes ámbitos de investigación, recogida de testimonios, prospección, exhumación y análisis de restos.

La delegada del Gobierno ha destacado el "claro compromiso político y moral del Gobierno de España con las víctimas y sus familiares". Este compromiso que mantiene el Ministerio de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática desde 2018 queda reflejado en todas las ayudas aprobadas por el Gobierno para la recuperación de la memoria democrática, y muy especialmente para exhumaciones.

En diciembre de 2021 se resolvieron las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para actividades relacionadas con la recuperación de la Memoria Democrática y las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura. Las ayudas se acercaron al millón de euros. La asociación soriana para el Recuerdo y la Dignidad obtuvo una subvención para la recuperación y conservación de testimonios audiovisuales sobre las víctimas del alzamiento militar y la guerra civil española.

La delegada ha destacado también que ha habido otras asociaciones o entidades de Castilla y León que han obtenido ayudas para diversos proyectos como el Círculo Republicano Zamorano, la Fundación Jesús Pereda de CC OO de Castilla y León o la Universidad de León, esta última para cuatro actuaciones diferentes.

A estas subvenciones habría que sumar las concedidas en la pasada convocatoria a ocho proyectos de localización, exhumación e identificación de personas enterradas en fosas comunes en Castilla y León y a otros tres proyectos de recuperación de la Memoria Democrática.

De estas once subvenciones, seis fueron distribuidas por la Federación Nacional de Municipios y Provincias y se llevan a cabo en otros tantos ayuntamientos de cuatro provincias: Burgos (2), Zamora, León y Soria (2). En la provincia soriana se está realizando el estudio documental y recogiendo testimonios en el barrio de Las Casas, adscrito al Ayuntamiento de Soria. Y en Renieblas se añade al estudio y testimonios, la prospección, exhumación y análisis de restos.

Estas líneas de ayudas conforman un plan de choque puesto en marcha por el Gobierno en el ámbito de la recuperación de la memoria democrática que revierte la situación que se había creado en 2013, cuando el ejecutivo que gobernaba entonces decidió dejar sin presupuesto las políticas de memoria histórica.

La representante del Gobierno de España en Castilla y León ha expresado su confianza en que la nueva ley de Memoria Democrática sea la mejor herramienta para la materialización real y efectiva de las reivindicaciones de familias, asociaciones, historiadores e investigadores de temas de memoria. "Esta ley no es el final del camino, sino la hoja de ruta que España necesita. Una ley para el reencuentro, con la que vamos a ser una España mejor, una España más digna, una España más humanitaria. Una España donde la verdad prevalezca y las mentiras se olviden pronto".