Esta medida, tan demandada por los empresarios de la Comunidad, favorecería según la patronal a toda la sociedad y, especialmente, contribuiría a reactivar la economía, potenciando la inversión empresarial.
La Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES) se suma al comunicado emitido por la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, de la cual forma parte, solicitando al Gobierno regional que continúe el positivo camino iniciado en su política de reducción impositiva y siga el ejemplo de Andalucía, cuyo presidente anunció ayer la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio.
"Su supresión, ya prometida por el PP nacional, y tan demandada por los empresarios de la Comunidad, más en un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, favorecería a toda la sociedad y, especialmente, contribuiría a reactivar la economía, potenciando la inversión empresarial", indican en la federación que preside Santiago Aparicio.
Para FOES y para CEOE Castilla y León, es una realidad que un sistema impositivo favorable ayuda a la creación de riqueza, de empleo y, en consecuencia, a la generación de mayores ingresos públicos. "Cualquier medida de estímulo a la inversión, como sería la eliminación del Impuesto de Patrimonio, que no existe en los países de nuestro entorno, es decisiva para lograr una mayor competitividad de nuestra Comunidad Autónoma, frente a otras, como es el caso de la limítrofe Madrid o ahora Andalucía", refieren.
Asimismo tal como recoge el comunicado de CEOE Castilla y León se quiere incidir que en el complejo contexto, marcado por la crisis de precios agravada con la guerra en Ucrania, "existen retos que no son ya optativos; lo que eran objetivos en el medio o largo plazo, son ahora una prioridad y una urgencia a corto plazo, de la que depende la supervivencia de muchas empresas".
Por todo ello, la patronal soriana se suma a la petición de la Confederación solicitando al Ejecutivo regional que se siga trabajando en el camino iniciado de la bajada y la eliminación de impuestos, dando seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores, para acelerar y no poner límites a la actividad económica del tejido productivo.