Hacienda ofrece una subida global del 6 por ciento en 2022, 2023 y 2024, más un 1,5 adicional vinculado a la evolución del PIB y del IPC
El Ministerio de Hacienda y Función Pública ha mejorado su propuesta salarial en 1,5 puntos vinculados a objetivos variables. La última oferta plantea una subida global del 6 por ciento en 2022, 2023 y 2024, a la que se sumaría un 1,5 por ciento adicional vinculado a la evolución del PIB y del IPC.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado considera que esta oferta es insuficiente, teniendo en cuenta los datos de la inflación y la pérdida del poder adquisitivo del colectivo de empleadas/os públicos (sólo en los últimos dos años se ha reducido más de un 10 por ciento el poder de compra y más de un 20 desde 2010, cuando el Gobierno socialista recortó el sueldo de los empleados públicos).
En concreto, la última oferta es la siguiente: un 1,5 por ciento para 2022 con efectos retroactivos a 1 de enero; un 2,5 por ciento fijo para 2023 (al que se le sumaría un 0,5 por ciento adicional vinculado a la evolución del IPC más otro 0,5 vinculado al PIB); y un 2 por ciento fijo para 2024 con una variable adicional del 0,5 por ciento vinculada a la evolución de los precios.
La propuesta de acuerdo contempla una serie de medidas adicionales reivindicadas por CSIF en la negociación, pero el Gobierno no las ha concretado. Se trata de medias relativas a jornada laboral, clasificación profesional, igualdad de género, digitalización y diálogo social, atracción y retención del talento, extensión de dichas medidas a al sector público institucional en todo aquellos que les sea de aplicación y derogación de las medidas de ajuste vigentes del Real Decreto-ley 20/2012 y un compromiso para poner en marcha el teletrabajo, tramitar la Ley de Función Pública de la AGE, revisión de gastos de desplazamiento, personal laboral del exterior y la revisión del modelo organizativo de los centros penitenciarios.
CSIF además de lo anterior propuso en la negociación otra serie de medidas prioritarias que el Gobierno ha rechazado, tales como:
· Derogación del Real Decreto-ley 8/2010 para recuperar la estructura salarial de las pagas extras.
· Supresión de las reglas de contención de gasto a los efectos de que las CCAA puedan proceder a la devolución a sus empleados públicos de las pagas extras de ejercicios anteriores pendientes de su reintegro.
· Habilitación de fondos para corregir las desigualdades retributivas entre los EEPP, actualización de dietas, incremento de la indemnización por residencia,
· Incremento de los haberes reguladores de las pensiones de clases pasivas, así como el inicio de tramitación de la jubilación anticipada para grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa.
· Supresión de la tasa de reposición.
· Modificación de la promoción interna flexibilizando la misma y la regulación con carácter excepcional del concurso de méritos.
· La movilidad voluntaria como mecanismo prioritario de provisión de puestos de trabajo.
· El incremento de financiación a las Mutualidades para la prestación de una asistencia sanitaria adecuada.
CSIF en su firme voluntad de mejorar las condiciones, tanto económicas como laborales para el conjunto de empleadas y empleados públicos, ha pedido un esfuerzo al Gobierno y desde la organización están dispuestos a seguir negociando. Es momento de reconocer el trabajo realizado por nuestros empleados públicos durante la crisis y la pandemia. El próximo lunes están convocados a una nueva reunión con el Ministerio.