Hacedera, rehacer las normas urbanísticas para evitar "una mayor despoblación"

Con fecha 1 de julio de 2022 se ha publicado (BOCYL núm. 126, 01/07/2022, pág.33252-33254) ANUNCIO de la Resolución de 21 de junio de 2022 de la Dirección General de Vivienda, Arquitectura, Ordenación del Territorio y Urbanismo de la Junta de Castilla y León por la que se aprueban inicialmente las normas urbanísticas territoriales de ámbito provincial de Soria, abriéndose un período de 3 meses de Información pública y audiencia a las administraciones.

Desde la Asociación Hacendera, han presentado 24 alegaciones, solicitando que se rectifique sustancialmente el documento aprobado inicialmente y se someta a un nuevo proceso de evaluación ambiental y de información pública, con cambios sustanciales en los siguientes aspectos:

-La normativa afecta a 128 municipios que no tienen sus propias normas subsidiarias, lo que representa el 60% de la provincia de Soria y contradice numerosas directrices de la ordenación del territorio de la propia Junta de Castilla y León. Además, son incoherentes con decenas de recomendaciones publicadas en los últimos años por organismos nacionales e internacionales como las recogidas en la estrategia nacional frente al reto demográfico acordada por la conferencia de presidentes y las recomendaciones de la Asamblea Ciudadana por el Clima.

-Las nuevas normas permiten la instalación de macroconstrucciones agropecuarias de forma aleatoria en el territorio, muy cerca de los núcleos de población y de los cauces de agua.

-Por los usos y tamaños que posibilitarían, las explotaciones permitidas pondrían en riesgo las aguas subterráneas y los acuíferos sin tener en cuenta las zonas ya consideradas vulnerables a la contaminación de aguas por nitratos que recoge la propia Junta de CyL en el DECRETO 5/2020. Tampoco consideran las graves consecuencias del cambio climático: sequías severas y riesgo de incendios forestales. En 2018 ya había un 33% de los municipios afectados con sus aguas contaminadas.

-No tienen en cuenta las necesidades de la gente joven que desea instalarse en zonas rurales y ámbitos afectados por la despoblación ya que, al contrario que en el terreno rústico, apenas permiten nuevos desarrollos en el casco urbano.

-Ponen en riesgo los valores paisajísticos y patrimoniales, pilares fundamentales de la economía turística de la provincia.

-Desvirtúan el carácter rústico del suelo convirtiéndolo, de hecho, en suelo de carácter industrial.

ASOCIACIÓN HACENDERA (SORIA)En las alegaciones se recogen ejemplos de lo que podría suponer la aplicación de esta normativa: en una parcela de 20 ha podrían construirse más de 30.000 m² de edificios agroindustriales —6 campos de fútbol edificados— o en el municipio de Gormaz, junto a lugares de máximo interés como el castillo, la ermita, las bodegas o el puente medieval, podrían adosarse, a menos de 15 metros, una macrogranja, un aerogenerador de 200 m de altura o una instalación de placas fotovoltaicas. Y en municipios que ya tienen los acuíferos contaminados no se limitan los usos o tamaños de explotaciones agropecuarias y no se prevé ninguna medida para mejorar la calidad del agua, por lo que el problema podría agravarse notablemente.

Para la Asociación Hacendera estas normas son una amenaza importante para el futuro de la provincia, que se plasmaría en una peor calidad de vida para los pueblos y en la pérdida de los valores paisajísticos y de patrimonio, lo que redundarían en menos turismo y en una mayor despoblación. No se trata de “no dejar hacer nada” sino de que no se pueda hacer de todo y en todas partes. Las normas deberían ordenar el territorio para facilitar la vida en los pueblos, proteger nuestra riqueza natural, cuidar el agua como elemento fundamental para el presente y el futuro, pensar en la calidad de vida de la población y ofrecer oportunidades de trabajo racionales y respetuosas con el medio ambiente.

Por todo ello Hacendera considera necesario que se rehagan las normas urbanísticas territoriales y que se modifiquen sustancialmente, sometiéndolas a un nuevo proceso de evaluación ambiental y de información pública.