Aprobado el decreto que amplía a las familias con ingresos medios las ayudas para el pago de la hipoteca
La Junta autoriza la ampliación del umbral de renta hasta cuatro veces el IPREM, más un porcentaje en función de los miembros de la familia, en la prestación para atender la cuota hipotecaria. El objetivo es ampliar la población susceptible de solicitar esta ayuda y llegar así, además de las rentas bajas, a las que tienen ingresos medios.
El Gobierno de Castilla y León ayuda a las familias con problemas para pagar su hipoteca con una prestación frente a situaciones de deuda hipotecaria, que fue creada por ley en 2018. Ahora, ante el contexto actual de subida de precios e incremento de los tipos de interés, la Junta ha decidido ampliar esta prestación para llegar de manera rápida a un número mayor de beneficiarios familias.
Lo ha hecho esta mañana, mediante la aprobación de un decreto ley, cuyo contenido anunció ayer el presidente del Ejecutivo autonómico, Alfonso Fernández Mañueco. El objetivo de esta medida es ampliar esa cobertura también a las rentas medias, que pueden verse en situación o riesgo de impago de sus cuotas hipotecarias por el actual contexto económico, marcado por el desmesurado incremento de los precios y de los tipos de interés en los préstamos hipotecarios, disminuyendo sensiblemente su capacidad económica para afrontar el total de gastos de la economía familiar.
Conforme al texto normativo, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ampliará el umbral de renta hasta cuatro veces el IPREM, más un porcentaje en función de los miembros de la familia. Por ejemplo, para una familia con cuatro miembros, el umbral de renta pasará de los 13.780 euros actuales a 35.262 euros anuales. Además, se incrementará el 16 % la cuantía máxima de esta prestación, hasta los 4.053 euros por año.
Estas mejoras supondrán más que duplicar la dotación, que pasará de 2,5 millones de euros a 6 millones de euros, con el reto de ayudar a más familias con problemas a pagar su hipoteca.
El acceso a la prestación será ágil y sencillo, a través del teléfono de la Junta para Atención al ciudadano, 012, que pondrá en contacto a cada persona con una de las 30 oficinas de apoyo a las familias en riesgo de desahucio que tiene desplegada el Gobierno autonómico por toda la Comunidad en colaboración con las entidades locales. En la tramitación de la ayuda participarán los CEAS y la resolución se dictará en el plazo máximo de un mes.
Requisitos de acceso y finalidades de la prestación
Entre los requisitos de acceso a esta prestación, se encuentran que la persona titular de la vivienda esté empadronada en algún municipio de Castilla y León con, al menos, seis meses de antigüedad al momento de la fecha del inicio del correspondiente procedimiento; y que, según informe técnico, se encuentre en situación de riesgo de impago o situación de impago de cuotas del préstamo hipotecario de su vivienda habitual, siempre que ello no sea imputable a la actuación voluntaria de la persona obligada a su pago.
Por otra parte, con la prestación se podrán atender los siguientes gastos específicos: pago de la cuota hipotecaria; gastos ordinarios de novación de préstamo hipotecario o de resolución de éste en los casos de dación en pago, tales como tasación, notaría, gestoría y registro; cuotas vencidas cuando dicha deuda imposibilite los acuerdos con la entidad financiera o suponga riesgo inminente de inicio de ejecución hipotecaria; levantamiento de embargos de pequeña cuantía, y finalmente gastos extraordinarios para mudanza y alquiler.