Artículo de opinión de Alejandro Ramos, profesor universitario y secretario de NNGG Soria.
“El Gobierno establecerá las vías para el MÁXIMO aprovechamiento de las posibilidades de ayuda existentes para las zonas con una densidad de población muy baja”. Esta es la famosa Disposición Adicional centésima vigésima tercera que se incluyó en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022.
Por lo que conocemos a día de hoy, esta oportunidad histórica de aumentar la competitividad del tejido empresarial y luchar contra la despoblación en zonas como Soria, Cuenta y Teruel, puede desaprovecharse por completo, y hacer de la España Vaciada, una “España Vacilada” por el propio interés partidista de este gobierno y del PSOE.
La Comisión Europea, dentro de las Directrices sobre ayudas estatales para el periodo 2022-2027, incluyó a estas tres provincias como beneficiarias de ayudas de estado equivalentes a un 20% de los costes laborales. Por su parte, el gobierno anunció, el pasado 13 de octubre, la aplicación de estas bonificaciones, materializándose en una reducción de un 5% en la cotización por contingencias comunes en todos los contratos indefinidos, un 15% en los nuevos contratos indefinidos y solo una reducción del 20% para los nuevos contratos indefinidos firmados por empresas, cuya sede se ubique en municipios de hasta 1.000 habitantes.
Por muchos paseos, fuertemente escoltado, que quiera darse Pedro Sánchez por las calles de Soria, lo cierto es que gran parte de la ciudadanía, de los empresarios y del resto de fuerzas políticas, consideran que estas medidas van a tener un escaso impacto. No se entiende que no se apliquen en su cuantía máxima sobre la totalidad de los costes laborales y de manera homogénea para todos los autónomos y empresarios con independencia de su localización. Cosa que, por cierto, sí que ha ocurrido recientemente con las ayudas directas implantadas en las Islas Baleares.