Castilla y León pide retirar el anteproyecto de ley de incentivos a la contratación laboral por invadir competencias autonómicas

Alberto Díaz Pico, secretario general de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo ha manifestado en la Conferencia Sectorial de Empleo y Asuntos Laborales que “no nos asusta abrir el debate de la recentralización de competencias, pero no aceptamos que el Gobierno de la nación invada deliberadamente las competencias de otras administraciones”. Además, ha mostrado su disconformidad con la eliminación de bonificaciones en la contratación temporal de personas con discapacidad.

El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha convocado la reunión de la LXXXII Conferencia Sectorial, con la finalidad de consultar a las comunidades autónomas sobre la nueva ley de incentivos a la contratación laboral y otras medidas de impulso y mantenimiento del empleo estable y de calidad.

Castilla y León, junto a otras autonomías como las de Galicia y Madrid, ha solicitado la retirada del texto, puesto que fue remitido sin plazo suficiente para un estudio profundo. Además, el anteproyecto de ley presentado conlleva una invasión de las competencias autonómicas al pretender hacer una regulación de los criterios que deben regir los incentivos que pongan en funcionamiento los distintos Servicios Públicos de Empleo autonómicos.

La nueva regulación de las bonificaciones a la contratación laboral se aleja del régimen establecido hasta ahora para incentivar la contratación de trabajadores con discapacidad eliminando las bonificaciones, cuando se trate de contrataciones temporales, tanto las relativas a contratos temporales de fomento del empleo en la empresa ordinaria, como los contratos temporales celebrados por Centros Especiales de Empleo.

Estas medidas han sido duramente criticadas, entre otras entidades del sector, por el Comité Español de representantes de personas con discapacidad (CERMI), que así lo expresó en una carta dirigida a la Consejería que dirige Mariano Veganzones.

En el escrito le solicitaba al consejero que defienda estas demandas, que entiende "justas y legítimas", en las reuniones colegiadas y bilaterales con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. La entidad considera que hay que trabajar, en un clima de consenso, por robustecer las políticas de inclusión laboral de las personas con discapacidad.