Castilla y León insiste en trabajar en una EBAU única para asegurar la igualdad de oportunidades entre todos los jóvenes
Rocío Lucas, consejera de Educación. /Jta.
Rocío Lucas lamenta que no se tengan en cuenta las aportaciones de la región en los grupos de trabajo y ha anunciado que si el Ministerio persiste en avanzar en esta dirección, la Comunidad se desligará del diseño del nuevo sistema de acceso a la universidad que no se plantea la prueba única.
En la Conferencia Sectorial de Educación celebrada este miércoles telemáticamente, los consejeros de Educación de las distintas comunidades autónomas han debatido con la ministra de Educación y Formación Profesional el nuevo modelo de acceso a la universidad.
La consejera de Educación de Castilla y León, la soriana Rocío Lucas, ha vuelto a mostrar su disconformidad con el modelo. En primer lugar, porque no es una prueba única y no corregir este error provocará que el sistema siga siendo injusto: no puede haber 17 pruebas distintas para un distrito universitario único. Cada comunidad autónoma diseña su prueba con distinta estructura -o bloques de contenidos- y disparidad en los criterios de corrección.
Durante el encuentro, Lucas ha reprochado que no se estén escuchando las propuestas de Castilla y León encaminadas a trabajar en una prueba única y ha anunciado que, de seguir con esta actitud, Castilla y León se desvinculará del diseño de un sistema de acceso a la universidad injusto.
Respecto a la evaluación del alumnado propuesta por el Ministerio, Rocío Lucas ha insistido en la falta de objetividad de dicha prueba y las consecuencias que eso tendrá para la igualdad de oportunidades en el acceso a la universidad. Finalmente, la Junta de Castilla y León considera que el nuevo modelo limita las competencias de las universidades en la prueba de acceso a la universidad y así lo ha manifestado también la titular de Educación.
En el encuentro de esta tarde se ha debatido, además, sobre la implantación de la normativa que obliga a integrar a los profesores técnicos de Formación Profesional en el cuerpo de profesores de Enseñanza Secundaria.
Sobre este aspecto, Lucas insiste en la necesidad de que el Ministerio de Educación y Formación Profesional realice la aportación financiera necesaria para acometer dicho cambio, puesto que se trata de una normativa impuesta por ellos y que supone un alto coste para las comunidades autónomas. La ley establece, además, que los efectos de la medida -el incremento en las nóminas- deberá aplicarse desde enero de 2021. Por lo que la solución que ofrece el Ministerio, que es retrasar su implantación, no es viable: cuanto más tarde, más gasto habrá que asumir.