Soria, la provincia más beneficiada de Castilla y León en el reparto del Fondo de Compensación Interterritorial

El Consejo de Cuentas de Castilla y León ha entregado en el Parlamento autonómico el informe de 'Fiscalización de los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2020', tras ser aprobado por el pleno del órgano de control externo.

Se trata de una fiscalización a realizar por mandato legal, cuyo objetivo consiste en verificar el grado de ejecución de los proyectos de los FCI y su adecuada contabilización en 2020, así como la legalidad de las actuaciones realizadas por los gestores, en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados y a las modificaciones de los proyectos inicialmente aprobados.

El período objeto de análisis comprende el ejercicio 2020, incluyendo el grado de ejecución de los gastos a financiar con los FCI del ejercicio 2020 y, en su caso, el de los correspondientes a los remanentes de los créditos de ejercicios anteriores. También, los derechos reconocidos en 2020 y los ingresos realizados en el ejercicio, ya correspondan a tales derechos o a los reconocidos en años anteriores.

Los proyectos de inversión de este fondo de compensación se determinan de común acuerdo entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía en el seno del Comité de Inversiones Públicas. En el caso de Castilla y León los mismos no corresponden a proyectos concretos de gasto, sino a determinados subprogramas que incluyen como gasto elegible para los FCI todos sus gastos de inversión o, en su caso, de funcionamiento necesarios para la puesta en marcha de las inversiones durante un plazo máximo de dos años.

La dotación de estos fondos en 2020 en el conjunto del Estado se mantuvo en 432,4 millones, igual que en 2018 y 2019, al ser prorrogados los Presupuestos Generales en ambos ejercicios.

En términos absolutos, Andalucía es la comunidad que recibe mayor importe, 160,9 millones (37,2%), seguida de la Comunidad Valenciana, con 52,3 millones (12,1%), Canarias, 50,1 millones (11,6%), y Galicia; y 42,5 millones (9,8%).

A Castilla y León le corresponde el 4,34 % del importe total, con una dotación de 18.765.200 euros. La distribución y las variaciones interanuales 2019/2020 del FCI tanto entre comunidades autónomas, como el reparto de los superproyectos dentro de Castilla y León se han mantenido invariables. Estos créditos suponen el 3,7% de las previsiones definitivas por operaciones de capital de la liquidación de ingresos consolidados de la Comunidad.

Dentro de la cantidad asignada a la Comunidad, se destinan 7,6 millones de euros, el 40,3% del total, a la financiación de proyectos de infraestructuras sanitarias que son competencia de la Consejería de Sanidad; 5,2 millones (27,5%) a proyectos de infraestructuras para la educación a cargo de la Consejería de Educación; 3,6 millones (19,4%) a proyectos de infraestructuras agrarias cuya gestión corresponde a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y 2,4 millones (12,8%) a proyectos de infraestructuras viarias gestionados por la Consejería de Fomento y Medio Ambiente.

La dotación de los FCI 2020 ha sido certificada y solicitada íntegramente en el mismo ejercicio. Por tanto, el grado de ejecución de los superproyectos financiados alcanzó el 100 %. No obstante, una parte, el 25%, se ingresó en 2021.

En opinión del Consejo se ha constatado que, con carácter general, se cumple la legalidad respecto de la ejecución de los proyectos FCI en el ejercicio 2020 en lo que respecta a la naturaleza de los gastos realizados. En este sentido, se ha comprobado que los gastos certificados son elegibles para su financiación por los FCI al tratarse de inversiones.

En cuanto al control interno, se mantienen las debilidades detectadas en las fiscalizaciones de ejercicios anteriores. En concreto, la Comunidad continúa llevando una contabilidad separada de los proyectos individuales susceptibles de financiarse con los FCI, pero no a nivel de superproyectos.

Respecto de los derechos, su contabilización ha sido adecuada, con una salvedad referida a la existencia de distintos criterios de reconocimiento del derecho e ingreso presupuestario, y otra relativa a la dotación de infraestructuras agrarias, donde no se corresponden los derechos reconocidos con los gastos justificados.

Evolución de los FCI en Castilla y León (2003-2020)

Entre 2003 y 2020 las dotaciones de los FCI han experimentado una disminución del 72,5%, diferenciándose dos etapas. La primera, entre 2003 y 2008, donde el importe consignado fue incrementándose de 68,2 millones de euros en 2003 hasta 85,1 millones en 2008, es decir, un aumento global del 24,8%. En la siguiente etapa, de 2008 a 2020, los recursos descienden en 66,3 millones, hasta los 18,8 millones de 2020, lo que supone una disminución del 78%.

Los recursos financieros asignados a la financiación de superproyectos de infraestructuras viarias han pasado de 49,2 millones de euros en 2003 a 2,4 millones en 2020, lo que representa un descenso del 95,1% en dicho período. En infraestructuras agrarias la variación negativa ha sido del 75,6%, al comparar la dotación de 14,9 millones correspondiente a 2003 con la del ejercicio 2020, cifrada en 3,6 millones. En 2020, los superproyectos de infraestructuras sanitarias y de infraestructuras para la educación, con dotaciones desde 2009, reducen sus asignaciones en todo el periodo en el 47,5% y el 63,6 %, respectivamente.

Distribución provincial

La provincia de la Comunidad más beneficiada con la financiación de los FCI de 2020 es Soria, con 3.074.822 euros, el 16,4% del total, seguida de Salamanca (11,7%), Valladolid (11,1%) y Palencia (11,1%). La provincia con menor dotación es Zamora, con 1.398.494 euros, el 7,5% del total.

Teniendo en cuenta la evolución de la dotación de los FCI por provincias desde los ejercicios 2003 a 2020, Burgos con el 16,4%, seguida de León (14,4%), Salamanca (13%) y Valladolid 11,9%, son las que más inversiones han ejecutado con cargo a estos fondos. Les siguen las provincias de Segovia, Palencia, Ávila y Zamora, todas ellas con un porcentaje de participación en el FCI en torno al 9%. En último lugar aparece la provincia de Soria, con una participación del 4,5%.

Recomendaciones

El Consejo de Cuentas realiza dos recomendaciones a la Consejería de Economía y Hacienda. En primer lugar, adoptar las medidas necesarias para que la contabilidad que refleja la ejecución de los proyectos financiados con cargo a los FCI proporcione una información pormenorizada de cada proyecto incluido en el Anexo a la Sección 33 de los Presupuestos Generales del Estado a nivel de superproyectos FCI.

En segundo lugar, adoptar las medidas necesarias para que la gestión y contabilidad de los fondos correspondientes a infraestructuras agrarias se efectúe correctamente y se correspondan los derechos reconocidos con los gastos justificados, tanto en el ITA como en la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, así como el control de los gastos financiados por el FCI.