La Junta "batallará" para que Zamora tenga Ayudas al Funcionamiento, pero descarta dar más beneficios a Soria

La Junta de Castilla y León peleará y buscará todas las "ventanas de oportunidad" para que la provincia de Zamora pueda optar a Ayudas al Funcionamiento amparadas por la Unión Europea. Así lo ha confirmado Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta, tras el Consejo de Gobierno de esta mañana. El portavoz ha asegurado que la institución regional cree que "hay cauces y posibilidades dentro de la UE para abrir esta puerta". Y es que ha afirmado que estudiarán cómo extenderlas a otras provincias, aunque "no sea ya por la baja densidad de población, sino por otras cuestiones demográficas".

Sin embargo, a una pregunta de Soria Noticias en la que se le planteaba dónde quedaría la singularidad de la provincia de Soria con respecto al resto de la Comunidad por contar con unos datos de despoblación únicos en toda España, Carriedo ha defendido que esa singularidad reside en que, por el momento, es la única provincia de la región que dispone de estos beneficios. "Hoy por hoy, en cuanto no se haya conseguido para otras, esa singularidad y diferencia específica es aplicable solo para Soria", ha declarado. Esa "singularidad" que se reclamó en su día en Europa, en palabras del representante del ejecutivo regional, ahora se limitaría a una cuestión de tiempo.

Porque dando también respuesta a este medio, el portavoz ha defendido que la Junta no va a implantar ninguna otra medida fiscal que pueda diferenciar las condiciones de la provincia de Soria con respecto al resto de áreas de la región. El portavoz ha recordado que esta se puede beneficiar de todas las nuevas medidas fiscales para el mundo rural, de las que también se beneficiarán el resto de provincias castellanoleonesas, ya que los cambios se han impulsado a nivel regional.

Más cerca del 8 que del 12'5

Carriedo ha asegurado que la Junta ha luchado incansablemente a nivel nacional y europeo para conseguir que se implantaran las Ayudas al Funcionamiento en Soria, junto a Cuenca y Teruel, una medida que pretendía compensar las desventajas que podían tener las empresas al operar en territorios despoblados. Todo, gracias a alegaciones que hicieron pasar el mínimo inicial planteado por la UE de los 8 habitantes por kilómetro cuadrado a los 12'5.

Y aunque es cierto que el tramo que acoge a las 3 provincias que ahora se han beneficiado de las Ayudas es el de menos de 12'5 habiantes por kilómetro cuadrado, la provincia de Soria es la que más se acerca al requisito original, con una densidad de población de 8'6 hab/km². Por su parte, la provincia de Cuenca cuenta con 11'6 hab/km² y la de Teruel, con 9'8 hab/km². Y aunque es cierto que Zamora está disminuyendo su número de habitantes año a año, todavía supera los 15'8 por km², prácticamente duplicando la densidad de población soriana.

Las Ayudas al Funcionamiento se plantearon para hacer más atractivas unas zonas con unos datos de población especialmente preocupantes con respecto a los territorios que las rodean. Y mientras la Junta solicita al Gobierno Central que estas ayudas aporten más beneficios a las provincias afectadas y defiende que son insuficientes en varios niveles -sobre todo si se comparan con el margen que permitía la UE-, el ejecutivo regional descarta dar más beneficios fiscales a la provincia, incluyendo en esta lista medidas para el mundo rural que afectan a todas las áreas rurales de Castilla y León.

Carriedo asegura que no es "incompatible" buscar la mejora de las condiciones de la provincia con perseguir opciones para que otras zonas se beneficien de una singularidad que pretendía atraer nuevas empresas, servicios y población a provincias que presentaban grandes desventajas.

Cuando la UE reconoció que Soria, Cuenca y Teruel podrían beneficiarse de estas ayudas, tan solo representaban ya el 0.83% del Producto Interior Bruto nacional y el 0.85% del total de empresas de España. De hecho, en su momento la patronal señalaba que estas ayudas no serían capaces de afectar a la competencia con las empresas del resto de los territorios. Lo que sí podían hacer era suponer un aliciente importante para que nuevas empresas se instalaran en ellos, al poder ahorrarse el 20% de los costes laborales, una cantidad y condiciones que, finalmente, se han visto diluidas en las medidas aprobadas.