La provincia de Soria, la segunda con mejor índice de rendición de cuentas municipales

El 80% de los municipos sorianos, 146 de los 183, han rendido sus balances al Consejo de Cuentas de Castilla y León, lo que la hace la segunda de Castilla y León por detrás de Salamanca, el 82% y por encima de Palencia, con el el 77%. De este modo estas tres pronvicnias son las que ofrecen por ahora los mejores datos en cuanto al cumplimiento de esta obligación legal por parte de las entidades locales.

Este ha sido uno de los datos comunicados hoy con ocasión de la primera jornada de trabajo realizada por el Pleno del Consejo de Cuentas de Castilla y León en el ayuntamiento de Aguilar de Campoo. Con la celebración de su pleno en esta Villa de la Montaña Palentina declarada Conjunto Histórico-Artístico y considerada la capital palentina del románico norte, la institución da continuidad a las reuniones fuera de su sede en la ciudad Palencia para acercar el trabajo que realiza y favorecer el conocimiento de sus funciones de control a las entidades locales y vecinos en general.

Así, el Pleno de la institución presidida por Mario Amilivia ha sido recibido en el consistorio por la alcaldesa María José Ortega Gómez, para posteriormente pasar a celebrar su reunión en las dependencias municipales. El presidente ha expuesto que el Consejo de Cuentas ha aprobado históricamente 258 informes, 130 sobre el sector público autonómico, 120 sobre el sector público local y 8 relativos al seguimiento de las recomendaciones realizadas a los entes fiscalizados, 2.239 hasta la actualidad, con un récord en el grado de aceptación de las realizadas en 2020, un 81%. El cumplimiento de las recomendaciones del Consejo, de carácter no vinculante, pone de manifiesto la auctoritas del órgano de control externo, revelando por la entidad fiscalizada una voluntad de mejorar la gestión y un compromiso con la transparencia. Además de estos 258 informes aprobados, el Consejo tiene otros 32 en elaboración.

Con relación al actual mandato del órgano de control externo, que se inició en 2019 y cuyo Pleno preside Amilivia acompañado de Emilio Melero y Miguel Ángel Jiménez como consejeros, hasta la fecha se han aprobado 85 informes, alcanzándose el año anterior 32, que supusieron un máximo anual de toda la serie histórica de la institución. La previsión es concluir el presente ejercicio con otro récord de actividad. Además, durante el presente mandato Amilivia ha comparecido en 31 ocasiones en la Comisión de Economía y Hacienda del Parlamento autonómico para la presentación de informes, lo que representa el 36% sobre el total histórico de trabajos presentados.

En cuanto al ejercicio en curso, hasta la fecha el Consejo ha aprobado 20 informes y prevé dar luz verde a otros 10 hasta fin de año. El presidente ha comparecido en ocho ocasiones en las Cortes de Castilla y León para presentar 36 informes.

Previsión de informes

La previsión de informes a aprobar hasta el 31 de diciembre de este año es la siguiente:

• Seguimiento de recomendaciones 2021.
• Estrategia cambio climático 2009-2020.
• Contratación COVID-19.
• Seguridad informática Ayuntamiento de Ávila.
• Seguridad informática Ayuntamiento de Burgos.
• Seguridad informática Ayuntamiento de Palencia.
• Universidad de Burgos.
• Análisis garantías de los usuarios en la plataforma de educación online durante los cursos 2019/2020 y 2020/2021.
• Medidas para la implantación Plan de recuperación, transformación y resiliencia (Fondos Next Generation).
• Contratación Administración autonómica 2021.

El Pleno del Consejo aprobaba este mediodía dos nuevos informes: el del análisis de los efectos de la aplicación de la Ley 7/2013 de ordenación de servicios y gobierno del territorio de Castilla y León en la prestación de servicios por las entidades locales y el de la fiscalización de la Cuenta General de la Comunidad correspondiente al ejercicio 2020. También ha dado luz verde al inicio de los trabajos de otra de las fiscalizaciones del plan anual en curso, en este caso a la relativa a los expedientes justificados al Fondo de Compensación Interterritorial, ejercicio 2021.

Con relación al informe sobre los efectos de la Ley de Ordenación de Servicios y Gobierno del Territorio, el objetivo de esta norma es instaurar un nuevo modelo territorial con el fin de efectuar la ordenación del territorio y coordinar la prestación de los servicios autonómicos y locales. Un modelo que, mediante el fomento de asociaciones voluntarias de municipios, contribuya hacer más eficaz y eficiente la gestión de competencias municipales.

A través de esta ley se pretende mejorar la cohesión territorial, impulsar una mayor cercanía en la prestación de servicios y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de todos los ciudadanos a los servicios públicos, independientemente de su lugar de residencia.

Fundamentalmente, el informe concluye que en la actualidad el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio (UBOST) no ha sido aprobado, encontrándose solo definidas las áreas funcionales estables en el ámbito urbano y estando pendiente de concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural.

También, que únicamente se encuentran declaradas cinco mancomunidades de interés general urbanas: 'Valladolid y Alfoz'; “Benavente y Alfoz'; 'Medina del Campo y alfoz'; 'Zamora y Alfoz' y 'León y Alfoz'. En Castilla y León no se encuentra constituida ninguna mancomunidad de interés general rural debido a que no se ha aprobado aún el mapa de las UBOST (Unidades básicas de ordenación y servicios del territorio), condición necesaria para su implantación. Se precisa para ello de una norma con fuerza de ley que requiere del apoyo de dos tercios de las fuerzas políticas de la región.

El Consejo de Cuentas considera necesario concluir la ordenación del territorio en el ámbito rural para avanzar en la implantación de las medidas previstas en dicha ley y asimismo recomienda a tal efecto a la Junta de Castilla y León reorganizar las actuales mancomunidades ordinarias. mediante su disolución o transformación en mancomunidades de interés general.

En tal sentido, el organismo insta a que deberían concluir la ordenación del territorio mediante la aprobación de la ley que incluya el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios del territorio rurales. Esto requiere, reitera el Consejo, de una mayoría cualificada de dos tercios en el Parlamento autonómico a los efectos de concluir la ordenación.

Los informes aprobados hoy serán divulgados y publicados en la web del Consejo en breves fechas, una vez sean registrados en las Cortes de Castilla y León.