Exigen que se cubran las plazas vacantes que impiden el normal funcionamiento de las direcciones provinciales de Educación
En CSIF consideran que la falta de personal está provocando un estrangulamiento y un deterioro muy serio de la gestión educativa en la Comunidad.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) exige a la Junta que se cubran unas 250 plazas vacantes de personal administrativo, que tienen ahora las direcciones provinciales de Educación, aproximadamente. "Una falta de personal que está provocando un estrangulamiento y un deterioro muy serio de la gestión educativa en la Comunidad", advierten en el sindicato, "y que hay que cubrir con urgencia, porque supone una parte significativa de esas plantillas".
La carencia progresiva de recursos económicos, así como las jubilaciones que no se sustituyen han hecho mella, provocando un "círculo vicioso" que ha generado la huida de los empleados públicos de estas direcciones provinciales, agravando aún más la carga de trabajo de los que están. "El resultado es que, con cada convocatoria de concurso de traslados, los trabajadores de estos servicios se van hacia otros, donde no sufren unas condiciones laborales tan duras, que además no se ven compensadas por las retribuciones salariales".
CSIF afirma que hay que dar visibilidad a ese engranaje invisible del sistema educativo, que son las direcciones provinciales de Educación, que tienen una tarea y un papel fundamental, y en las que hay que mejorar las condiciones laborales y reforzar las plantillas.
Cuando se habla de la educación pública se piensa en los docentes. Sin embargo, hay una parte del trabajo “que no se ve, pero que también es importantísimo”. Son las tareas que se desempeñan en las direcciones provinciales. "Pocos servicios territoriales se pueden comparar a éstas tanto en número de empleados como en volumen de presupuesto gestionado, remarcan en la organización sindical".
Las direcciones provinciales de Educación, por encontrar un símil, se podría decir que son en sí mismas pequeñas consejerías. Cada una de ellas, a diferencia de otros servicios, gestiona el personal docente no universitario de la provincia. Es decir, sus nóminas, dietas, kilometrajes, nombramientos, oposiciones, baremaciones y todas las cuestiones derivadas de su devenir profesional. Asimismo, llevan las nóminas del profesorado de la enseñanza concertada. “Estamos hablando, como se puede imaginar, de varios miles de trabajadores y trabajadoras en cada provincia”, subraya CSIF.
Pero esto solo es una parte de toda la carga de trabajo que soportan estas dependencias. Está toda la contratación pública de obras (nuevos centros, reparaciones y mantenimiento), diversos servicios como comedores escolares y transporte escolar), suministros de todo tipo o la gestión económica y presupuestaria de la dirección provincial. Además, está la gestión de los títulos, becas y ayuda; reclamaciones del ámbito académico de todo tipo; la implementación de todos y cada uno de los programas educativos; o la tan necesaria inspección educativa, cuyas tareas van desde la ordinaria supervisión de la función docente de cada uno de los centros, hasta la participación en la resolución de todo tipo de conflicto, o la coordinación para la implantación de las innumerables normativas educativas, entre otras muchas, explica CSIF.
En definitiva, las direcciones provinciales de Educación no dejan de ser entes que están al servicio de los centros educativos, que tienen que funcionar de forma diligente, ágil y coordinada. “El delicado engranaje de estos servicios necesita que esté perfectamente engrasado para que la calidad de la educación pública no se ve afectada”, concluyen en CSIF.