La Consejería de Comercio defiende la posición común de las autonomías en la Conferencia Sectorial de Consumo

Este miércoles se ha reunido la Conferencia Sectorial de Consumo en la sede del Ministerio de Consumo en Madrid, en una sesión ordinaria que ha estado presidida por el ministro, Alberto Garzón, y que ha contado con la asistencia del consejero de Industria, Comercio y Empleo de la Junta, Mariano Veganzones Díez, acompañado por el secretario general de la Consejería, Alberto Díaz Pico.

Después de varios años de reuniones telemáticas como consecuencia de las restricciones derivadas de la pandemia de la COVID-19, esta sesión se ha celebrado de forma presencial, habiendo contado con la presencia de los consejeros con competencias en materia de consumo de distintas comunidades autónomas.

A lo largo de la sesión desarrollada esta mañana, que se ha prolongado por varias horas, se han tratado diversos temas de interés común para todas las comunidades autónomas previstos en el orden del día, habiéndose aprobado la planificación de las actuaciones de control comunes a realizar en 2023 por las autoridades de consumo de cada autonomía, referidas tanto a productos alimenticios como no alimenticios comercializados tanto de forma presencial como a distancia través de internet. Igualmente, se han aprobado las campañas de inspección a desarrollar en 2023 por todas las Comunidades Autónomas a través de la Inspección de Consumo.

En esta sesión, el Ministerio ha informado a los representantes presentes sobre el trabajo desarrollado por las Secciones y los grupos de trabajo dependientes de su órgano de apoyo, que es la Comisión Sectorial de Consumo, así como ha informado a los asistentes sobre los últimos proyectos normativos en materia de consumo desarrollados por el Ministerio, entre los que destaca la última modificación del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios (TRLGDCU) que afecta al régimen sancionador y ya está vigente tras su publicación en el BOE a principios de este mes. Sin embargo, otros proyectos normativos como el Proyecto de Ley por la que se regulan los servicios de atención a las personas consumidoras y usuarias que actúan en calidad de clientela, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros hace meses están retrasados pendientes de su tramitación parlamentaria.

Por parte del consejero castellanoleonés, se ha resaltado el papel de la Consejería representando a las restantes comunidades autónomas ante el Consejo de la Unión Europea, habiendo llegado a fijar una postura común de todas las administraciones territoriales en defensa de los consumidores europeos. Igualmente, ha destacado su apoyo a algunas de las reformas realizadas como las tendentes al apoyo del uso de todos los medios de pago, incluido el pago en efectivo, por parte de los consumidores, ante las dificultades que, en algunos casos, supone el uso de medios diferentes de pago entre la población de más edad o las dificultades de conectividad en algunos territorios del medio rural.

No obstante, se ha mostrado crítico con el "abusivo uso" del Real Decreto Ley como instrumento legislativo ordinario, eludiendo la tramitación ordinaria de los proyectos de ley que garantizan una mayor participación de las administraciones y los ciudadanos, limitándose a los supuestos de extraordinaria y urgente necesidad que establece la Constitución española.