La inclusión financiera: uno de los principales retos del sector

El 1 de marzo de 2022 se aprobó la Ley 4/20221 de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica. Esta Ley viene enmarcada en un contexto donde la polarización entre usuarios vulnerables a la nueva era de digitalización y el acceso a los servicios es cada vez mayor. Entre la creciente ola de digitalización de los negocios, tras el confinamiento provocado por la COVID-19, muchas entidades financieras han comenzado a prestar servicios de forma completamente online, cerrando sucursales físicas y dejando a una parte de la población, que no está familiarizada con las nuevas tecnologías, en situación de vulnerabilidad.

En este contexto, el Gobierno de España, en coordinación con el Banco de España, ha propuesto varias medidas, recogidas en la citada Ley, para favorecer la inclusión de las personas más vulnerables, y especialmente aquellas de mayor edad.

Algunas de estas son:

a) Que el cierre de las oficinas bancarias no lleve emparejado el cierre de sus cajeros automáticos externos.

b) El incremento del personal de apoyo para ayudar a las personas con menores capacidades digitales a realizar las operativas necesarias.

c) Promover la reserva de cajeros para uso exclusivo de personas vulnerables.

d) Tecnologías de acceso a la banca sencillas, comprensibles, inclusivas y seguras.

e) Máxima seguridad, para proteger a los usuarios bancarios de robos, engaños y estafas online.

f) Cuantas medidas se consideren necesarias para garantizar la atención presencial a las personas de mayor edad, y a todos aquellos colectivos para los que el acceso a los servicios financieros a través de las nuevas tecnologías constituya un motivo de exclusión financiera.

g) Cuantas medidas se consideren oportunas para acercar los servicios financieros a todas las personas, especialmente en el medio rural, hacerlos más accesibles, teniendo especialmente en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y las personas mayores.

Para poder asegurar que las medidas tomadas sean relevantes y se apliquen de forma correcta, conviene definir e identificar a la población vulnerable a la que se dirige. Así, el Banco de España cuenta entre sus estadísticas con un índice que clasifica a las provincias españolas según su grado de vulnerabilidad en relación con el acceso al efectivo. Para la construcción de este índice se tienen en cuenta 4 factores:

i) puntos de acceso tradicionales al efectivo por cada 1.000 habitantes y por municipio

ii) distancia a estos puntos de acceso

iii) renta disponible media por persona, y iv) proporción de personas mayores de 60 años en cada localidad.

Según los datos de Banco de España, las regiones españolas con mayor porcentaje de población en situación de vulnerabilidad media/alta son Galicia, Castilla y León, Extremadura, Aragón, y Castilla-La Mancha. Por provincias Zamora encabeza la clasificación, con un 25,8% de la población en situación de vulnerabilidad media/alta, seguida por Orense (32,1%), Lugo (27,0%), Ávila (23,8%) y Salamanca (19,5%). Soria, se encuentra en novena posición, con un porcentaje del 13,9%.

El cierre de oficinas bancarias ha superado el 40% entre 2015 y 2022 en España y Castilla y León, mientras que Soria muestra un mejor comportamiento

Los datos de vulnerabilidad en términos de inclusión financiera están intrínsicamente relacionados con la evolución de la actividad de las entidades financieras y su presencia en el territorio. Así, mientras que en junio de 2015 había 61.382 sucursales de entidades financieras abiertas en España (132,3 oficinas por cada 100.000 habitantes), para el mismo mes de 2018 esta cifra había disminuido un 12,9% (53.447 oficinas en total, o 114,4 por cada 100.000 habitantes). A junio de 2022, el número de oficinas había caído hasta las 34.821 (o 73,1 sucursales por cada 100.000 habitantes). Esto representa una disminución del 34,8% respecto a la cifra de 2018, y del 43,3% respecto a la de 2015.

Castilla y León ha seguido la misma tendencia que la media española. A junio de 2015 existían 2.280 sucursales financieras en la región (4,9 por cada 100.000 habitantes), mientras que, tres años más tarde, en junio de 2015, el número de oficinas había caído un -11,8% (2.010 sucursales en total, o 4,3 por cada 100.000 habitantes). La mayor caída se produjo en el siguiente periodo. Así, en junio de 2022 se registraron 1.235 oficinas en la región (2,6 por cada 100.000 habitantes); un 38,9% menos que en 2018, o 45,8% por debajo de la cifra de 2015.

Soria

La provincia de Soria también presenta una tendencia similar a la de su región y la media española. Así, a junio de 2015 había 115 sucursales financieras en Soria (1,3 por cada 1.000 habitantes), mientras que en junio de 2018 existían 108 entidades; lo que supone una caída de apenas el 6,1%, un dato significativamente inferior al registrado por Castilla y León y España. Sin embargo, a junio de 2022 el número de entidades financieras cayó hasta las 73 (o 0,8 por cada 1.000 habitantes); lo que supone un 32,4% menos que en 2018, y un 36,5% por debajo de la cifra registrada en 2015.

El acceso a efectivo a partir de cajeros también se ve afectado, especialmente en Castilla y León

El cierre de sucursales financieras trae aparejado, en muchas ocasiones, la eliminación de cajeros automáticos, ya sea por cuestiones logísticas o de rentabilidad, entre otras. El cierre de cajeros pone en riesgo el acceso al efectivo por parte de la población, y es una de las principales preocupaciones manifestadas en la Ley 4/2022. Además, este cierre suele ser mayor en zonas rurales, despobladas y envejecidas, donde el uso de datáfonos y las habilidades digitales de la población es menor que en las zonas urbanas.

Castilla y León, seguida de Extremadura, Aragón, Castilla-La Mancha y Navarra, son las comunidades autónomas con mayor porcentaje de población sin puntos de acceso al efectivo. Por provincia, destaca Zamora como aquella con mayor proporción de población sin puntos de acceso a efectivo (27,8%), seguida de Ávila (21,0%), Segovia (19,9%), Salamanca (18,7%) y Palencia (18,2%), en comparación con la media nacional del 2,5%. La provincia de Soria, nuevamente en novena posición, cuenta con un 12,9% de población sin puntos de acceso a efectivo.

Otra forma de medir el nivel de acceso al efectivo es a través del grado de concentración de los puntos de acceso. Si el grado de concentración es cercano a 1, esto implica que los puntos de acceso al efectivo se concentran en un número bajo de municipios dentro de la provincia. Si, por el contrario, el grado de concentración es cercano a 0, esto supone que los puntos de acceso se localizan en un elevado número de municipios de la región. Las provincias con mayor grado de concentración son Guadalajara, Ávila, Salamanca, Burgos y Palencia.

Soria, en sexta posición, cuenta con un grado de concentración de 0,89, lo que significa que los cajeros de la provincia se ubican en un número limitado de municipios. Esta cifra se encuentra por encima de la media nacional, que se sitúa en el 0,70.

A pesar de los resultados de los últimos años, las instituciones financieras se encuentran trabajando por favorecer la inclusión financiera

Como consecuencia del deterioro de la inclusión financiera, tanto Gobierno como instituciones financieras se encuentran trabajando en iniciativas que contribuyan a mejorar en este aspecto. Además de la Ley 4/2022, otra iniciativa destacable es la creación del Observatorio de Inclusión Financiera por la Asociación Española de Banca (AEB), CECA y la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC), que tiene como objetivo recoger las medidas y acuerdos alcanzados por el sector para elevar el acceso financiero en España, del 98% de cobertura actual al 100%. Así mismo, para mejorar la atención en el medio rural, las asociaciones bancarias han acordado una serie de medidas dirigidas a los habitantes de los municipios que actualmente no cuentan con ningún punto de acceso presencial o solo disponen de uno, entre las que se encuentra el acuerdo de colaboración con Correos para favorecer el acceso al efectivo en zonas rurales a través del servicio Correos Cash.

Apuesta soriana

La apuesta de Caja Rural de Soria por evitar la exclusión financiera también es evidente y tiene el objetivo claro de ampliar los servicios financieros presenciales y de calidad en toda la provincia de Soria. Así, ha mantenido operativas 17 oficinas en municipios con población inferior a 1.000 habitantes (el 30% del total).

También ha puesto a disposición de clientes tres cajeros ubicados en municipios sin oficina, y da servicio a 10 poblaciones adicionales a través de agencias. Además, ha incrementado el servicio financiero en 40 localidades de la provincia, gracias a la puesta en funcionamiento de una segunda Unidad Móvil. Con estas dos oficinas móviles se da servicio a 6.200 habitantes de 57 localidades. Así mismo, este servicio de dispensación de efectivo se presta tanto a socios y clientes de la Caja como a clientes de otras entidades.