El Gobierno urge a la Junta que informe del nuevo protocolo para las mujeres embarazadas y amenaza con ir a los tribunales

El Gobierno de España dice que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, para defender la libertad de las mujeres y su derecho a interrumpir voluntariamente el embarazo en los términos establecidos en la normativa vigente. Dice que se velará para que no se lleven a cabo acciones que supongan mermas a sus derechos fundamentales en ninguna circunstancia, ni en ningún territorio del Estado, ni por parte de administración pública alguna.

El Ministerio de Sanidad ha enviado esta misma tarde un requerimiento oficial a la Consejería de Sanidad de Castilla y León, donde se le solicita que se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida que vulnere o menoscabe lo establecido en la normativa actual sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, el Real Decreto 1825/2010, de 25 de marzo; y la Guía Común del Sistema Nacional de Salud sobre Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

En caso de haber sido adoptadas esas medidas, el Ministerio de Sanidad exige el cese inmediato de cualquier protocolo, acuerdo, instrumento o comunicación al respecto, que establezca alguna obligación, instrucción, indicación o recomendación al personal sanitario. El Ministerio insiste en que no se puede obligar, indicar, ofrecer o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir voluntariamente su embarazo, la realización de pruebas no necesarias desde el punto de vista médico, si no ha manifestado expresamente su deseo de realizarlas.

Asimismo, el Ministerio de Sanidad exige que la realización de pruebas diagnósticas no contravenga el conocimiento científico actual, y las recomendaciones recogidas en las guías de salud nacionales e internacionales avaladas por las sociedades científicas. Además, pide que se le comunique de manera inmediata los protocolos, instrumentos, comunicaciones o instrucciones escritas o verbales mediante las que se pretendan llevar a cabo las actuaciones anunciadas.

En caso de que el requerimiento efectuado no sea atendido íntegra e inmediatamente por la Junta de Castilla y León, el Gobierno no descarta implementar actuaciones jurídicas adicionales, a la vista de que las medidas anunciadas por la Junta de Castilla y León, para las mujeres embarazadas, pueden contravenir abiertamente el ordenamiento jurídico, vulnerar los derechos fundamentales, o extralimitar las competencias del Gobierno autonómico.