La Junta acusa al Gobierno de mentir y le insta a respetar la autonomía sanitaria

Ante el requerimiento y comunicado efectuado por el Gobierno de España, a través del Ministerio de Sanidad, contra la Consejería de Sanidad, la Junta de Castilla y León manifiesta que cualquier medida de fomento de la natalidad y de apoyo a la familia se aplicará siempre sobre tres premisas.

En primer lugar, el respeto absoluto a la ley, la libertad y los derechos de la mujer embarazada y de los profesionales sanitarios. Se garantizará la libertad y voluntariedad para las mujeres embarazadas que lo requieran; y, por supuesto, se asegurará la aplicación bajo el estricto criterio médico, respetando la ley y respetando las recomendaciones de las sociedades científicas, como ya le explicó el consejero de Sanidad a la ministra del ramo a través de una carta enviada el pasado viernes, informa la Junta.

Castilla y León ha sido siempre una Comunidad pionera en la defensa de los derechos de la mujer y lo seguirá siendo, por lo que lamenta la falta de diálogo del Gobierno de España. Dicho esto, la Junta de Castilla y León advierte que utilizará todos los mecanismos que el ordenamiento jurídico pone a su disposición para defender la libertad de las mujeres, y el derecho de la mujer embarazada a una atención sanitaria adecuada y moderna en los términos establecidos en la normativa vigente. La Junta de Castilla y León velará por que se lleven a cabo todas las acciones que supongan un incremento de los derechos fundamentales de la mujer embarazada en todas las circunstancias, afirma la Junta.

Ante esta situación, la Junta de Castilla y León estudiará, establecerá y coordinará las medidas pertinentes en defensa de las competencias autonómicas en materia de sanidad que corresponden a la Comunidad de Castilla y León, señala.

Por este motivo, la Consejería de Sanidad enviará en el día de mañana lunes la adecuada contestación al Ministerio de Sanidad, para que el Gobierno de España se abstenga de dirigir requerimientos y comunicados oficiales a una Comunidad Autónoma vulnerando su autonomía y sus competencias, recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, "al simple amparo de noticias en medios de comunicación. Estamos hablando de políticas de medidas de natalidad y apoyo a la familia", insiste la Junta.

Dice que el Gobierno autonómico tiene plena autonomía para aprobar cualquier protocolo que establezca mejoras en la prestación sanitaria a las mujeres embarazadas, y en las pruebas médicas que se consideren necesarias dentro del conocimiento científico actual, siempre en el marco de la normativa general y específica de aplicación, y con pleno respeto a los derechos fundamentales de la mujer embarazada y a los derechos y obligaciones del personal sanitario. La Junta también amenaza con llevar a cabo actuaciones judiciales.