La Administración de Castilla y León adjudicó 2.914 expedientes de contratación en 2021
Entre las incidencias detectadas en la muestra analizada, destacan la falta de acreditación del cumplimiento de las condiciones de ejecución sociales y medioambientales, así como el incumplimiento de plazos en la adjudicación de los contratos.
El Consejo de Cuentas de Castilla y León publica el informe sobre contratación en el ámbito de la Administración autonómica en 2021, una vez entregado en las Cortes de Castilla y León. La contratación comunicada por la Administración de la Comunidad al Registro Público de Contratos de Castilla y León, excluida la contratación menor, ascendió en 2021 a 2.914 contratos, por importe de 765 millones de euros.
En esta auditoría se han verificado las prescripciones que rigen la contratación administrativa relación con la aplicación de los principios de publicidad y transparencia de los procedimientos, así como los de concurrencia, no discriminación e igualdad de trato a los licitadores, es decir, sobre el cumplimiento de la gestión contractual. Para ello se seleccionó una muestra de 90 expedientes con un importe de 91 millones de euros.
El Consejo de Cuentas opina que la Administración General e Institucional de la Comunidad cumple razonablemente con la legalidad aplicable, excepto por determinadas salvedades que afectan a los principios de publicidad y de transparencia de los procedimientos establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público.
El Consejo anota entre otras salvedades el incumplimiento en cuanto a los criterios de valoración de las ofertas presentadas detallados en los pliegos, así como el contenido de los informes técnicos de valoración y en la determinación de la existencia de bajas presuntamente anormales o desproporcionadas. También, el incumplimiento de los plazos de ejecución de los contratos, así como la insuficiente motivación en la resolución de adjudicación. Y la falta de inclusión o de justificación de su cumplimiento en cuanto a las condiciones especiales de ejecución de naturaleza social y medioambiental en la ejecución del contrato.
Ocho son las recomendaciones que el Consejo recoge en su informe, entre ellas, que el Registro Público de Contratos de la Administración autonómica debe depurar las deficiencias detectadas en su información. Anota además que los órganos de contratación deben establecer un protocolo que garantice el envío de la documentación preceptiva al perfil de contratante, alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público, y que los servicios jurídicos, en sus informes sobre los pliegos de cláusulas administrativas particulares, deberían incidir en la objetividad de los criterios de adjudicación evaluables mediante juicios de valor y en la definición de los criterios de adjudicación referentes a la oferta económica.
En cuarto lugar, recomienda que los miembros de las mesas de contratación deben asegurarse de que queda constancia en las actas de todas sus actuaciones y deben velar por que los informes de los órganos de asesoramiento estén suficientemente desarrollados conforme a los criterios de adjudicación definidos en el pliego.
Reseña a continuación que las unidades de contratación deben motivar suficientemente sus informes y propuestas de adjudicación, con indicación de las ventajas de cada una de las ofertas analizadas y justificar los acuerdos sobre la existencia de bajas presuntamente anormales o desproporcionadas, y que los órganos de contratación deben determinar en los pliegos la forma de justificación y cumplimiento de las condiciones especiales de ejecución de naturaleza laboral, social y medioambiental, así como dejar constancia expresa en los expedientes de esta circunstancia.
La auditoría recoge dos últimas recomendaciones: que los órganos de contratación, en particular los de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente; Economía y Hacienda; Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; y el Instituto Tecnológico Agrario deben extremar los esfuerzos para que los contratos se cumplan en el plazo de duración y de ejecución establecido; y que la Consejería de Cultura y el Servicio Público de Empleo deben iniciar el expediente para recuperar las cantidades susceptibles de ingreso como consecuencia de las penalidades impuestas en los procedimientos de contratación.
Fiscalización sobre la implementación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en Castilla y León
El Consejo de Cuentas publica también el informe sobre fiscalización de las medidas adoptadas en el ámbito autonómico para implementar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, realizado en coordinación con el Tribunal de Cuentas y el resto de los órganos de control externo autonómicos. Una auditoría llevada a cabo en una fase inicial como sistema de alerta temprana para que las entidades responsables puedan evolucionar y mejorar en la implementación y gestión del plan.
La Junta ha comunicado la participación en proyectos de nueve de las diez políticas palanca incluidas en este plan con un importe previsto para los años 2021 a 2023 de 1.371 millones de euros. A 31 de diciembre de 2021 se habían realizado gastos en el marco de este plan por una cuantía de 16 millones de €.
El informe recoge tres recomendaciones, en primer lugar, a los efectos de un mejor control, aunque los fondos se gestionen a través de los Ministerios, la Dirección General de Presupuestos, Fondos Europeos y Estadística debería desarrollar una base de datos centralizada de toda la información relativa a la gestión del mecanismo de recuperación como órgano técnico, que sirva, además, de apoyo a los gestores participantes en el plan.
En segundo lugar, las seis consejerías que han evaluado sus necesidades de recursos humanos en la gestión de este deberían incluir en sus respectivos planes de formación el contenido necesario para que su personal disponga del adecuado conocimiento sobre la gestión de estos fondos. Por su parte, el resto de las consejerías deberían evaluar sus necesidades de personal para poder, posteriormente, planificar y cubrir las carencias de formación de estos.
Por último, el Consejo recomienda a las consejerías, como ejecutoras del Plan de Recuperación, que deberían valorar la creación de unidades especializadas en las particularidades de esta gestión de forma que los funcionarios integrados en ellas puedan compartir sinergias y conocimiento, y que el adquirido no se pierda.