Carriedo sobre el aborto en Castilla y León: “No se va a obligar a los profesionales sanitarios a nada que no quieran hacer”

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León, se ha pronunciado hoy sobre la implantación del polémico protocolo relativo al aborto propuesto por García-Gallardo. Ha asegurado que en Castilla y León no se van a impulsar iniciativas "que vengan a incumplir ninguna ley nacional, o a limitar ningún derecho establecido por una ley".

El portavoz ha asegurado que a la vez que "a las mujeres no se les va a obligar a nada" y simplemente se van a "reforzar las prestaciones sanitarias para las ciudadanas embarazadas", esto tampoco va a suceder con los profesionales. "No se va a obligar a los profesionales sanitarios a hacer nada que no quieran hacer", ha apuntado, dando a entender que la Junta no impondrá a los médicos la obligación de ofrecer escuchar el latido del feto ni una ecografía 4D a las mujeres que acudan a abortar.

Sin embargo, en el mismo sentido, esta ausencia de obligación también se extiende al respeto de la "objeción de conciencia" de los profesionales sanitarios en el ámbito de la terminación de un embarazo. Una de las claves de la nueva Ley del Aborto es que los hospitales deberán organizar sus servicios para garantizar la prestación de este servicio y Carriedo ha afirmado que eso dependerá de los propios médicos. Ha asegurado que, en la medida en que los profesionales accedan a practicarlo, "organizaremos nuestros servicios para ofrecer la oferta que nos corresponde en nuestra Comunidad en las mejores condiciones posibles".

"No puedo garantizar que en todos los hospitales, todos los profesionales renuncien a la objeción de conciencia", ha reiterado. Sobre el caso concreto de la provincia de Soria, en la que el 97% de los abortos en 2021 se realizaron fuera de la Comunidad, Carriedo, preguntado por este medio, no ha confirmado que se vaya a garantizar un mayor acceso a estos servicios. En lo relativo a esta ley del aborto, no ha valorado de forma favorable la eliminación de los 3 días de reflexión y de la implicación de los padres en el proceso en el caso de las menores. "No se trata de que yo de mi opinión, es una ley nacional y nosotros, las leyes, las cumplimos", ha defendido.